[contextly_sidebar id=”8DMXiBAWzZJHzWFTrZQxVOqo8BrnsMcD”]Alcoholizados, con golpes que supuestamente ellos mismos se provocaron y “confesando espontáneamente”: así fueron capturados –según los informes oficiales– los cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos, cuyas declaraciones fueron clave para que la Procuraduría General de la República (PGR) concluyera que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados, incinerados en un basurero en Cocula y sus restos arrojados al un río.
Los detenidos, quienes no tuvieron oportunidad de escapar porque no podrían ni sostenerse en pie debido al estado de ebriedad en el que estaban, fueron capturados el mismo día en los estados de Morelos y Guerrero, según reportaron los marinos y agentes federales que los capturaron.
La versión pública de las averiguaciones de la PGR sobre los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos, revelan las circunstancias en que fueron capturados Jonathan Osorio Cortez, el Jona; Patricio Reyes Landa, el Pato; Salvador Reza Jacobo, el Chava; y Benito Vázquez Martínez.
Aunque hay más de 111 detenidos, la investigación de la PGR hace énfasis en la detención de estos cuatro hombres, debido a que sus declaraciones fueron vitales para que el Ministerio Público Federal pudiera concluir que los estudiantes fueron quemados en un basurero de Cocula y luego sus restos arrojados en bolsas al río.
En noviembre del 2014, cuando el exprocurador Jesús Murillo Karam dio a conocer por primera vez la hipótesis que a la postre él mismo denominaría como “verdad histórica de los hechos”, sustentó lo dicho en los testimonios de algunos de estos detenidos, junto con el de Agustín Reyes, el Chereje, capturado también el mismo día que el resto.
Incluso estas personas fueron llevadas a Cocula para una “reconstrucción” de los hechos. La PGR lo mostró en un video. Sin embargo, para los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que la PGR mostró no fue una reconstrucción de los hechos porque se usaron los señalamientos aislados de estas personas y en circunstancias distintas a las del día de los hechos.
La averiguación consignada ante el juez describe las circunstancias de la supuesta quema de los normalistas en Cocula con base en las declaraciones del Jona, el Pato y el Chava.
Como en el mismo expediente se reconoce, los detenidos comparecieron lesionados ante el Ministerio Público federal pero de acuerdo a los reportes de las detenciones, ellos se golpearon solos por el estado de ebriedad en el que se encontraban.
De acuerdo con lo asentado en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/1017/2014, Patricio Reyes Landa, el Pato, y Jonathan Osorio Cortez, el Jona, fueron capturados el 27 de octubre del año pasado en calles del municipio de Apetlanca, en Guerrero. Fueron elementos de la Policía Federal quienes hicieron la captura.
El informe de la detención (PF/DI/COE/2557/2014) detalla que la captura ocurrió aproximadamente a las 16:20 horas, cuando integrantes de un convoy federal, que seguía “líneas de inteligencia”, se percataron de la presencia de los sospechosos en la calle.
“Afuera del inmueble frente a una puerta de color blanco se encontraban tres personas del sexo masculino quienes estaban consumiendo bebidas alcohólicas, motivo por el cual descendimos de la unidad”, detalla el parte de la policía federal.
El documento señala que, al ser cuestionados, los sospechosos confesaron su identidad. Además del Pato y el Jona, se encontraba con ellos Darío Morales Sánchez, también consignado por los mismos hechos.
“… Pero en el momento en que se les indicó que serían trasladados a la SEIDO en la Ciudad de México, las personas que responden a los nombres de Patricio Reyes Landa y Jonathan Osorio Cortez intentaron correr pero como estaban tomados tropezaron y cayeron al suelo, volviéndose a levantar para tratar de darse a la fuga”.
Ya en el trayecto, según el parte de la Policía Federal, los detenidos “manifestaron de forma espontánea” que pertenecían al grupo criminal de Guerreros Unidos y que “habían participado en la ejecución de los normalistas de Ayotzinapa, a quienes quemaron al fondo de un basurero en Cocula” para luego recoger las cenizas que “fueron arrojadas al Río San Juan”.
El parte precisa que las lesiones que presentaron los detenidos ante el Ministerio Público fueron las que se ocasionaron ellos mismos al tropezarse.
El mismo 27 de octubre, pero a las 4 de la madrugada, fueron capturados Salvador Reza Jacobo alias el Chava y Benito Vázquez Martínez en la colonia Loma Bonita del poblado de Ahuetepec, en Cuernavaca, Morelos.
La captura estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Marina quienes, de acuerdo con un oficio sin número asentado en la averiguación previa, describen la captura bajo circunstancias que resultan muy similares con el otro caso, incluso en la redacción del mismo documento.
Los marinos detallan que los sospechosos se encontraban “consumiendo bebidas alcohólicas” junto con otra persona afuera de un domicilio. Tras ser interrogados sobre su identidad y advertírseles que serían llevados a la SEIDO, intentaron sin mucho éxito escapar de la inminente detención.
“En el momento en que se les indicó que serían trasladados estas dos personas intentaron correr pero como estaban tomadas tropezaron y cayeron al suelo, volviéndose levantar para tratar de darse a la fuga”.
Los marinos añaden en su reporte que, debido a que Reza Jacobo y Vázquez Martínez “estaban borrachos”, en “el trayecto a bordo de los vehículos venían golpeándose”.
Posteriormente el parte indica que uno de los detenidos “manifestó de forma espontánea” y “casi llorando” que eran colaboradores del grupo delictivo de Guerreros Unidos, y que incluso recibía un pago de 5 mil pesos por realizar trabajos como “halcón” bajo el mando del Terco o el Cepillo.
De acuerdo con el parte de la Secretaría de Marina, un médico naval certificó ante el Ministerio Público que las lesiones de las detenidos se las causaron ellos solos por el estado en el que se encontraban.
El mismo día pero en otro punto de la ciudad, los marinos también reportaron la detención de Agustín Reyes “El Chereje”, cuyo testimonio también fue utilizado por la PGR en la reconstrucción de hechos del incendio en Cocula.
Las declaraciones ministeriales del entonces Fiscal General de Guerrero, Iñaki Blanco, incluidas en la averiguación previa consignada por la PGR del caos Ayotzinapa, revelan que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) supo sobre el ataque a los normalistas de Iguala antes que las propias autoridades estatales.
En su testimonio, rendido el 22 de octubre del 2014, Blanco asegura que la noche del 26 de septiembre, al ir llegando a su “domicilio en el Distrito Federal” comenzó a recibir reportes, incluyendo uno del entonces gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, sobre presuntos incidentes en Iguala.
“Me comuniqué entonces con el delegado del CISEN de nombre ********** (su nombre se reserva), quien me confirmó que tenía datos de que se había suscitado un enfrentamiento en la ciudad de Iguala”, dijo Iñaki.
Lo anterior ocurrió, según el testimonio del fiscal, antes de la media noche, hora en que la movilización policial en Iguala y la huida de los normalistas todavía estaba en proceso.
De acuerdo con las declaraciones de Blanco y de otros funcionarios de Guerrero, aún cuando había conocimiento federal del caso, la contención del caos, el apoyo a las personas lesionadas y toda las investigaciones iniciales (incluidas la detención de 22 policías de Iguala) recayeron en las autoridades estatales.
Respecto a la declaración del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien sostuvo que Blanco recibió miles de dólares de parte del grupo criminal de los Rojos, el exfuncionario estatal lo negó “categóricamente” y dijo que además era un “testimonio de oídas” del líder criminal.