Caso Ayotzinapa: “Fue el Estado”, dice Morena y PRD; “…de Guerrero”, completa el PRI
Este jueves 10 de septiembre, diputados discutieron el informe sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la intervención de la diputada priista Ivonne Ortega, legisladores del PRD y de Morena tomaron la tribuna y en varias hojas escribieron la frase “Fue el Estado”. De inmediato, diputadas priistas improvisaron y la completaron con “de Guerrero”.
Otros legisladores del PRI y del Partido Verde mostraron otras pancartas con la leyenda “¿Y Aguirre cuándo?”
[contextly_sidebar id=”2HX45DFZp1NWrmV6axM5WVxbgEj9ObWb”]Los diputados de las ocho fracciones parlamentarias que integran el Pleno exigieron el esclarecimiento y justicia del caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero.
El común denominador de los posicionamientos del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social fue la petición de justicia, que los responsables paguen por su crimen, y se responda con la verdad sobre los hechos.
También se pronunciaron por conformar en la Cámara de Diputados una comisión especial que dé seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que hicieron los expertos independientes a la autoridad judicial mexicana.
La panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez confió en que en la sesión del martes se presente, discuta y vote la iniciativa de su bancada para reformar la ley sobre los símbolos patrios, y que el 26 de septiembre se ponga la bandera a media asta y se declare Día Nacional contra la Desaparición Forzada.
El diputado ecologista Arturo Álvarez Angli consideró que el tema de Ayotzinapa es un asunto de todos, y aunque “no se trata echar culpas” atribuyó el origen de esa tragedia a la presencia de un gobierno municipal corrupto y vinculado con el crimen organizado.
“El origen es una atención tardía e ineficaz de un gobierno estatal encabezado por Ángel Aguirre Rivero que no supo qué hacer con el problema, que no supo atenderlo y no supo resolverlo”, dijo.
Álvarez Angli expuso que desde el PVEM se suman a la exigencia de conocer al menos una versión jurídica “suficientemente sólida, suficientemente probada” en los hechos.
Comentó que el informe del grupo de expertos y el de los peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) son coincidentes en más del 80% de las investigaciones.
Sin embargo, respecto al señalamiento de que fue imposible que 43 cuerpos fueran calcinados en el basurero de Cocula, consideró irresponsable tratar de desacreditar las investigaciones de peritos “con la misma calidad y mismas credenciales” que los de la CIDH.
“Esta nueva información obliga al gobierno de la República y a la PGR a llevar a cabo y abrir nuevas líneas de investigación”, señaló el legislador.
Después, en tribuna, la diputada priista Ivonne Ortega sostuvo que el sentimiento de indignación es el mismo. “Son hechos que no debieron haber sucedido nunca y que nunca deben repetirse”.
Destacó que el grupo interdisciplinario reconozca el apoyo y apertura del gobierno mexicano para realizar su investigación, que el Ejecutivo federal aceptara sus recomendaciones y manifestara que se integrarán a la investigación oficial, y que se realizarán nuevas diligencias.
La diputada Ortega Pacheco coincidió en que no es admisible hablar de impunidad, pues tanto el informe de los expertos independientes como el de las autoridades coinciden en señalar a los autores intelectuales y materiales.
“En la cárcel están 110 presuntos responsables que hoy enfrentan a la justicia y seguramente pagarán las consecuencias de sus actos”.
“Debemos insistir en lo comprensible que es el reclamo de justicia de los familiares de las víctimas”, de madres y padres “que expresan con dolor la angustia de no saber con certeza en dónde están sus hijos”.
La priista Ivonne Ortega recordó que el Ejecutivo federal presentó una iniciativa de reforma para legislar en materia de tortura y desaparición forzada. Ahora, subrayó, “le toca al Congreso de la Unión expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones.”
Con información de Notimex.
