[contextly_sidebar id=”QQPpYMYhcvLsMVrciOb1KXO96VoUGrtz”]A casi un año del ataque a un grupo de normalistas de Ayotzinapa en Iguala, que dejó un saldo de 43 estudiantes desaparecidos y tres muertos, no se ha dictado una sola sentencia en contra de los más de cien encarcelados por el caso, y de hecho, todos están procesados por otros delitos menos por desaparición forzada.

En el caso de José Luis Abarca, pese a que fue capturado desde noviembre del 2014, apenas en junio de este año la PGR consiguió que se la abriera proceso por el plagio de los estudiantes. Según la Procuraduría General de la República (PGR), él es el principal autor intelectual de lo ocurrido en Iguala y Cocula.

De acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, los juzgados Primero y Tercero de Distrito en materia de Proceso Penales federales en Tamaulipas son los que están encargados de las principales causas penales por la desaparición de los estudiantes normalistas, aunque hay casos como el de la ex pareja presidencial de Iguala que se llevan en el estado de México.

Secuestro sí, desaparición forzada no

Aunque hay 111 personas detenidas como resultado de la averiguación abierta en la PGR por el caso de los normalistas desaparecidos, la revisión de los datos públicos disponibles y del Consejo de la Judicatura solo permite confirmar que 73 de ellos están acusados del plagio de los estudiantes.

Entre los que están acusados del delito de secuestro se encuentran el ex presidente municipal de Iguala José Luis Abarca. Luego de su detención en noviembre del 2014 la PGR lo consignó por varios delitos que no estaban relacionados con el tema de los normalistas, y fue apenas en junio de este año cuando pudo conseguir que se le iniciara proceso por el secuestro de los estudiantes.

Todos los policías detenidos y procesados hasta ahora, tanto los 43 de Iguala como los 15 de Cocula, están acusados también del plagio de los normalistas, al igual que varios integrantes del grupo delictivo de Guerreros Unidos

El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, dijo en una entrevista publicada el pasado 9 de septiembre que uno de los delitos consignados en el caso Ayotzinapa era el de desaparición forzada, lo cual era una ventaja pues evitaba que el caso prescribiera, es decir, que en algún momento el castigo que pudieran recibir los involucrados caducara.

Pero el informe elaborado por los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que los jueces no han concedido a la PGR ninguna orden de aprehensión por este delito.

De acuerdo con ese informe, en diciembre del 2014 la Procuraduría consignó la averiguación previa PGR/ SEIDO/UEDIMS/871/2014 relacionada con el caso Ayotzinapa, por desaparición forzada, sin embargo, los jueces reclasificaron el delito como secuestro.

“Ya tenemos conocimiento de las consignaciones y fueron por secuestro, quien debe resolver si son responsables o no es el juez. El secuestro como delito es por el que está la acusación, no por desaparición forzada” dijo Ángela Buitrogo, una de las integrantes del grupo de expertos.

Aunque la penalidad entre el delito de secuestro y desaparición forzada es similar (40 años de cárcel como pena máxima), el de desaparición forzada tiene un mayor peso específico pues implica el reconocimiento de que agentes del Estado participaron en el delito, de acuerdo con organismos internacionales como la CIDH o Amnistía Internacional.

Los expertos de la CIDH que han analizado lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala, también consideraron que existe evidencia suficiente para que la Fiscalía de Guerrero o la PGR hubieran imputado otros delitos como por ejemplo el de tortura en el caso del estudiante Julio Cesar Mondragón Fuentes, así como los de tentativa de homicidio, encubrimiento, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas.

Los “no” acusados

Entre las personas que no están acusadas del plagio de los estudiantes se encuentra María de los Ángeles Pineda, esposa del ex presidente municipal José Luis Abarca, y cuya celebración de su informe de actividades en su calidad de presidenta municipal de Iguala fue el factor detonante del ataque en contra de los estudiantes, según la PGR.

Pineda fue consignada ante un juez federal en el estado de México acusada de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que según la PGR, desde el 2005 prestó apoyo financiero primero al cártel de los Beltrán Leyva y luego al grupo criminal Guerreros Unidos.

La investigación de la PGR corroboró que específicamente, en el periodo del 2009 al 2014, Pineda recibió a través de cuatro cuentas depósitos por más de 13 millones 700 mil pesos, recursos que no tienen un origen comprobable por lo que probablemente son resultado de actividades ilícitas en Morelos y Guerrero.

En junio pasado, la PGR obtuvo una nueva orden de aprehensión en contra de Pineda por delincuencia organizada por los nexos con Guerreros Unidos, pero no por el caso específico de los normalistas.

Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder máximo de la organización delictiva de Guerreros Unidos, es otro de los detenidos que no enfrenta proceso directamente vinculado por el plagio de los normalistas.

En sus declaraciones difundidas por la PGR, Casarrubias aceptó que dio autorización desde Morelos para que se procediera en contra de los normalistas, pero lo hizo porque su lugarteniente “El Gil” le indico que se trataba de supuestos integrantes del grupo antagónico conocido como “Los Rojos”.

De acuerdo con una tarjeta informativa del Consejo de la Judicatura, Casarrubias al igual que otro de sus cómplices de nombre Norman Isaí Alarcón Mejía, están bajo proceso por delincuencia organizada, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la Ley Federal de Armas. Ninguno de ellos está preso por secuestro.

Uno de los integrantes más importantes del grupo delictivo de Guerreros Unidos detenido hasta ahora, Rubén Núñez Salgado, señalado como el operador financiero de la organización delictiva, está bajo proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Tampoco se le acusa directamente del plagio de los estudiantes.

Noemi Berumen, la joven que prestó un domicilio de su familia en la delegación Iztapalapa para que se escondiera el ex presidente municipal de Iguala José Luis barca y su esposa María de los Ángeles Pinera, está bajo proceso en libertad solamente por el delito de encubrimiento.

Sin sentencia

El Consejo de la Judicatura Federal confirmó a Animal Político que hasta ahora no se ha dictado ninguna sentencia en los procesos penales abiertos por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

La principal causa penal en curso es la número 100/2014 a cargo del Juzgado Primero de Procesos Penales Federales d Tamaulipas y es en ella en donde se encuentran incluidos la mayoría de policías consignados y de integrantes de Guerreros Unidos. El juicio se encuentra en la fase de desahogo de pruebas, es decir, la parte intermedia del proceso.

Además, de acuerdo con los reportes judiciales, más de la tercera parte de los consignados han presentado apelaciones en contra de los autos de formal prisión que les dictaron y aunque ninguno ha salido en libertad, el análisis de las consignaciones por parte de los tribunales ha retrasado aún más los procesos.

A lo anterior se suma que los jueces han reclasificado algunos delitos que la PGR imputó originalmente como el de desaparición forzada.

En el caso de José Luis Abarca, su proceso se encuentra en una fase inicial luego de que apenas en junio se le dictó el auto de formal prisión por el secuestro de los normalistas, mientras que por los delitos que se le imputaron inicialmente entre ellos delincuencia organizada tampoco hay una resolución hasta ahora.

María de los Ángeles Pineda tiene su proceso penal por lavado de dinero y delincuencia organizada abierto en el Juzgado Tercero de Distrito con sede en el estado de México bajo la causa penal 105/2014, sin que tampoco se haya dictado sentencia hasta ahora.

Cabe señalar que las sentencias posiblemente condenatorias que dictan los jueces no solo sirven para que los procesados sean castigados, sino que son indispensables para que se file pago de reparación del daño a las víctimas.