Magistrados exhiben fallas en acusaciones por Línea 12, revocan casi la mitad

[contextly_sidebar id=”lIRjNz0Lgzi727CBrRUniF33tCvkkIZu”]Fallas atribuidas a funcionarios que no eran responsables de ellas, valoración errónea de modificaciones al proyecto ejecutivo, desconocimiento de las leyes y reglamentos que regulan la obra, nula valoración de las pruebas presentadas por los acusados, violación al principio de presunción de inocencia…

Entre septiembre y noviembre del 2014 la Contraloría capitalina, tras una investigación y estudio de la planificación, asignación y construcción de la llamada ”Línea Dorada”, decidió sancionar a funcionarios con decenas de años de inhabilitación y una suma económica de casi 23 mil millones de pesos, monto incluso superior a los 17 mil millones que costó toda la obra.

Prácticamente la totalidad de los sancionados fueron los empleados del Proyecto Metro, un órganos desconcentrado creado para la dirección y coordinación en la construcción de la línea. Del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro solo fue sancionado un funcionario administrativo.

En mayo el Director de Asuntos Jurídicos del Tribunal Juan Carlos Ávila, adelantó que 14 funcionarios habían obtenido ya sentencias favorables sin dar mayores detalles.

La información proporcionada por los funcionarios sancionados a Animal Político, quienes actualmente se han agrupado en una organización para impulsar una mejor defensa de sus casos, indican que ya son al menos 20 los ex servidores públicos del Proyecto Metro que recibieron una sentencia favorable luego de que los magistrados consideraron infundadas y no apegadas a derecho las sanciones impuestas.

Cabe señalar que a diferencia de los juicios de amparo u otros procedimientos de tipo penal o civil, las sentencias del Tribunal de lo Contencioso no pueden ser consultadas en línea o públicamente,

STC Metro y supervisores, responsables

La referida sanción era de cinco años de inhabilitación y el pago por daño patrimonial de dos mil 823 millones 649 mil 174 pesos, una de las multas más elevadas de todas las que originalmente se dictaron.

Según la contraloría, Fernández Villaseñor era responsable de más de una decena de irregularidades tanto generales (de las que se acusó a casi todos los funcionarios sancionados) y otras específicas supuestamente inherentes a su cargo. En ninguna de ellas los magistrados encontraron sustento.

Una de las determinaciones clave es la relacionada con la falta de construcción de un tercer andén en las estaciones Atlalilco, Ermita y Zapata, entre otros supuestos faltantes y cambios irregulares respecto al proyecto original.

Los magistrados señalaron en su sentencia que el proyecto sufrió modificaciones conforme se desarrolló la obra, pero con el consentimiento de las autoridades del propio STC Metro, de acuerdo con las minutas existentes.

“El consorcio encargado de la obra señaló que derivado de problemas estructurales, geotécnicos, y de procedimiento constructivo, se procedió a reducir los andenes a dos y el propio Sistema de Transporte Colectivo manifestó estar de acuerdo con tal modificación” indica la sentencia e la página diez.

En tales condiciones, agregaron los magistrados, no se le puede atribuir a Fernández Villaseñor responsabilidad alguna en ese hecho.

Los ex trabajadores del Metro entrevistados por Animal Político dijeron que este mismo criterio imperó en la mayoría de las sentencias pues todas las modificaciones que se estiman irregulares por parte de la Contraloría en la obra, fueron autorizadas por los directores generales con conocimiento y consentimiento del STC Metro.

Por otra parte, los magistrados indicaron en su sentencia que de acuerdo con el artículo 50 de la Ley de Obras del Distrito Federal, para cualquier obra se establece un ente supervisor compuesto por una serie de compañías separadas de quien construye y coordina, y que tiene la función de vigilar y en su caso dictaminar irregularidades susceptibles de sanción.

En el caso de la Línea 12 esa supervisión estuvo a cargo de cinco compañías: Ingeniería Asesoría y Consultoría SA de CV; Integración de Procesos de Ingeniería SA de CV; Consultoría Integral en Ingeniería SA de CV; Lumbreras y Túneles SA de CV; y Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería SA de CV.

Peor la Contraloría en su acusación decidió que Fernández Villaseñor, al igual que otros funcionarios de Proyecto Metro, eran responsables de no detectar las “irregularidades” y proceder en consecuencia.

“El actor (Villaseñor) no puede ser considerado responsable de las irregularidades administrativas a estudio (…) es evidente que por el tamaño de la obra se requiere de un supervisor con la infraestructura para comprobar que los trabajos se realizaran de acuerdo a lo contratado, y en el caso, se trataba de las empresas que fueron contratadas para supervisar la construcción” indican los magistrados.

Cabe recordar que entre las irregularidades que según la Contraloría debieron de sancionar los funcionarios castigados están situaciones ajenas a la falta de compatibilidad entre trenes y rieles que ocasionaron que la Línea 12 cesara funciones en la mitad de sus estaciones. Por ejemplo, se les responsabilizó de que las ventanas y rejas o cumplían con las especificaciones.

Culpable sin defensa

Fernández Villaseñor, como todos los funcionarios sancionados, interpuso ante la Contraloría pruebas a su favor para desvirtuar las presuntas irregularidades que se le imputaban.

Entre otros elementos, exhibió las minutas con el consentimiento del STC Metro para modificaciones al proyecto, los reglamentos de obra, los resultados de más de 15 auditorías practicadas, la descripción de funciones de los distintos cargos, la argumentación respecto a las funciones de las Dirección de Obra Civil del Proyecto Metro que son ajenas al tema electromecánico.

Pero de nada sirvió porque la Contraloría terminó imputándoles las sanciones ya conocidas con el argumento de que lo presentado por el acusado “era insuficiente para atender o solventar las conductas imputadas”.

Loa magistrados consideraron que dicha determinación resulta “contraria al derecho” pues quita de un plumazo el valor probatorio de indicio que tienen las pruebas que aporten los servidores públicos en contra de los que se pretende actuar.

“Lo anterior significa que la autoridad le impone la carga de la prueba para desvirtuar las presuntas inconsistencias detectadas en el acta entrega-recepción, violando con ello el principio de presunción de inocencia” señala la sentencia.

En resumen, los magistrados detallaron que la Contraloría impuso una sanción a Fernández Villaseñor por considerarlo responsable “de conductas que legalmente no se demostró que le correspondían”. Es decir, fue acusado y juzgado al mismo tiempo sin que valiera su derecho de defensa.

“Estas acusaciones hechas en contra mía y de mis ex colaboradores están llenas de incongruencias y son poco precisas. De ahí que la mayoría hayan sido revertidas en los tribunales” dijo en entrevista Fernández.

¿Qué sigue?

Luego de conocer las determinaciones de los magistrados la Contraloría General hizo valer sus recursos de apelación en contra de las sentencias dictadas en favor de los ex funcionarios de Proyecto Metro.

Los representantes legales de los funcionarios indicaron que serán de tres a seis meses el tiempo que tomará para que se conozca la determinación final e irrevocable de los magistrados correspondientes.

La resolución resulta clave no solo por las sanciones económicas y administrativas sino porque la averiguación previa de tipo penal que tiene en curso la Procuraduría General de Justicia capitalina, y que podría llevar a la cárcel a varios de los involucrados, está sustentada de origen en el estudio e imputaciones de la Contraloría.

Pero mientras eso ocurre lo sancionados aun no pueden aun recuperar su trabajo. Actualmente, como publicó Animal Político, varios de ellos enfrentan consecuencias tanto patrimoniales como de salud por el procedimiento que confían se resolverá a su favor, pero no tan pronto como quisieran.