Gobernación se lanza contra la revista Cáñamo México, por burlar “las buenas costumbres”

A tres meses de que comenzara a circular la revista Cáñamo México, cuya temática se centra en la “cultura del cannabis”, la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), concluyó a principios de agosto que esta edición fomenta hechos contrarios a la “moral” y a las “buenas costumbres”, por lo cual, notificó de estos hechos a la Procuraduría General de la República (PGR), para que dictamine si se trata de una revista “ilícita”.

Tal como señala el editorial de su primera entrega, Cáñamo México busca “aportar una visión nueva del cannabis, una que aborde la ciencia, la historia, el arte y la cultura detrás de esta magnífica planta compañera de la humanidad desde tiempos inmemoriales”, todo esto “sin soslayar la cruenta realidad que vive nuestro país”, derivada de la guerra contra el crimen organizado.

Sin embargo, desde la óptica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, Cáñamo difunde “textos en los que indirectamente se hace apología del consumo de cannabis con fines recreativos“, tal como señala el dictamen elaborado por esta área de la Segob.

Textualmente, Tito Fuentes asegura durante la entrevista: “(Mi opinión) es que, si van a empezar a fumar, lo hagan medio tarde… como a los 21 o veintitantos (años)”.

De forma paralela, anunció Gobernación, también notificó de esta revista a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), para que analice la licitud de sus contenidos, ya que Cáñamo presenta textos que versan sobre las “aplicaciones (de la mariguana) en el tratamiento de diversos padecimientos”.

Tras la emisión de este dictamen, la Comisión Calificadora de Publicaciones dirigió un oficio a los representantes de Cáñamo, en el que los instaba a presentar alegatos en su defensa, en una “audiencia reglamentaria”, cuya fecha está por definirse.

—Nos desconcertó, porque la revista es una respuesta al llamado que ha hecho el mismo gobierno a participar en el debate sobre la legalización de la mariguana. Entonces, vienen con el dictamen y nos dicen que la revista podría ser considerada ilícita, dado que va en contra del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas.

Este reglamento –tal como sus mismos considerandos destacan– busca garantizar que todas las publicaciones que se distribuyan en el país sirvan “como vehículos que defiendan de modo positivo la cultura y la educación en beneficio de la sociedad en general, evitando las publicaciones que socaven o destruyan la base moral de la familia”.

Según este reglamento, “se considerarán contrarios a la moral pública” aquellas publicaciones que contengan “escritos, dibujos, grabados, pinturas, impresos, imágenes, anuncios, emblemas, fotografías y todo aquello que directa o indirectamente induzca o fomente vicios o constituya por sí mismo delito”, o que proporcionen “enseñanza de los procedimientos utilizados para la ejecución de hechos contrarios a las leyes, la moral o las buenas costumbres”.

Este ordenamiento, cabe destacar, data del año 1951.

Al respecto, el editor de Cáñamo abunda: “A mí me parece sorprendente que, a estas alturas, sigamos con ese reglamento que, si se aplicara en serio, sacaría de circulación a la mayoría de las publicaciones”.

—¿Qué tipo de contenido encuentra el lector en la revista Cáñamo?

–La revista es un intento por aportar al debate que existe en nuestro país sobre la cannabis. Lo que pretendemos es que exista una fuente de información equilibrada, porque la oficial intenta más asustar que informar, y nosotros queremos que se conozcan todos los usos del cannabis, como el industrial y el medicinal. Y queremos informar también de la situación que vive el consumidor en México: el consumidor es una figura legal, no penada. La ley hace la diferencia entre traficantes y consumidores, y supuestamente la ley no persigue a estos últimos. Sin embargo, la realidad es que todo lo que define a alguien como consumidor sí es ilegal: si alguien siembra su propia cannabis, comete un delito; si la compra, comete un delito; si la porta, comete un delito, y esa es una realidad que nosotros queremos presentar.

—¿Cómo fue recibida la revista, por los lectores?

—La revista se distribuye a través del sistema de voceadores, en 10 mil puntos de venta de revistas y periódicos dentro del DF, y otros 14 mil en el resto de la República. Y nosotros lo quisimos así, porque nuestra intención es que la revista fuera exhibida al lado de la Bochomanía, al lado de TVNotas, es decir, queremos que la gente se dé cuenta de que el tema de la cannabis no es un tema morboso, que no debe ser extraño al resto de los temas. Es un tema del que podemos dialogar todos los ciudadanos. No es una revista sólo para consumidores, sino para todo público interesado en el tema, informamos cómo se vive la legalidad del cannabis en los países donde es legal, cómo puede ser aprovechada por la industria y por la ciencia médica, y queremos informarle a la gente que se puede convivir con la cannabis de manera sana, sin que haya violencia de por medio, como sucede actualmente en nuestro país, dada su situación de ilegalidad.

Luego de que Gobernación presentara su dictamen contra la revista Cáñamo, dos legisladores federales promovieron el pasado 20 de agosto un punto de acuerdo ante la Comisión Permantente del Congreso de la Unión, en el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación a privilegiar el respeto a los derechos humanos, específicamente a la libertad de expresión, al analizar la licitud de los contenidos editoriales.

Según esta propuesta de punto de acuerdo, que fue turnada para su análisis a la Cámara de Diputados, la revista Cáñamo no busca hacer “propaganda del consumo de drogas, sino la contribución al debate nacional que, en estos momentos, se lleva a cabo en nuestro país”, y se subraya que Cáñamo “hace públicas opiniones de expertos que este mismo Congreso ha convocado para aportar a dicho debate. Si esas voces pueden enriquecer desde este foro legislativo, ¿por qué habríamos de limitar su divulgación en un medio impreso?”.

El punto de acuerdo advierte que el dictamen contra la revista Cáñamo “amenaza con una eventual sanción penal”, lo cual “produce un efecto inhibidor sobre el ejercicio de la libertad de expresión”.

Además, el punto de acuerdo le recuerda a Gobernación que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “todas las formas de discurso están protegidos por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten”.

—¿Qué pasará ahora con Cáñamo? –se consulta, por último, a su editor.

—Estamos esperando que PGR y Cofepris presenten sus conclusiones, y en función de eso construiremos nuestra argumentación y nuestra defensa. Seguiremos trabajando en la siguiente entrega de la revista, aunque con un poco de temor de que al final las autoridades determinen, bajo su lógica, que estamos cometiendo un delito. Y mientras no sea así, nosotros seguiremos con la misma línea editorial.

—Y si Gobernación concluye que Cáñamo es una revista “ilícita”, ¿qué harían?

—Llamaríamos a la ciudadanía a que opine. Provenimos de un movimiento que tiene 15 años luchando por la liberación del cannabis, y creemos que nos apoyarían. Pero también llamaríamos a quienes simpatizan con la libertad de expresión a que se manifestaran, porque es increíble que este tipo de publicaciones sean legales en todos los países del mundo democrático, pero no en México: en Estados Unidos existen publicaciones similares desde hace más de 40 años, existen en Chile, en Brasil, en España, en Alemania, en fin. Este es un debate en el que han participado todas las personalidades de seguridad, de la salud, los políticos, pero a los usuarios no se nos toma en cuenta, y no se debe silenciar nuestra voz.