EU advirtió al gobierno de Sonora sobre la venta de menores
[contextly_sidebar id=”kbk0uzUdB9qeWZB1AJwSX9tcltSqpKMo”]El Departamento de Seguridad Interna de EU notificó el 26 de marzo pasado al procurador de Sonora, Carlos Navarro Sugich, acerca de la venta de recién nacidos a ciudadanos estadounidenses, a través de adopciones tramitadas por funcionarios estatales. Sin embargo, la Procuraduría de esa entidad –que supuestamente inició la investigación el 18 de marzo– liberó las órdenes de aprehensión a servidores públicos hasta el 20 de agosto pasado.
“Nuestra oficina recibió información a través de una fuente confidencial acerca de un grupo de personas que se dedican a la venta de recién nacidos (trata de personas) a parejas tanto mexicanas como estadounidenses”, informó Mario Méndez, el Agregado Adjunto de Seguridad Interna del Consulado en Hermosillo, de acuerdo con un documento fechado el 26 de marzo pasado.
En el documento oficial, identificado con el número ICE007/2015, Méndez detalló a Navarro Sugich el modus operandi: “han formado una red compleja para que el resultado final sea como si la pareja ‘adoptante’ son los padres biológicos de los recién nacidos y así puedan llevar a cabo todos los trámites civiles a los que haya lugar”.
Además, el agregado adjunto reveló –de acuerdo con su fuente de información– el nombre de al menos dos implicados en la red de venta de niños, la cual supuestamente operaba desde 2012: José Manuel Hernández López, de 37 años, y Emma Consuelo Falcón, de 36 años.
Según la información del Departamento de Seguridad Interna, Hernández López –quien actualmente se encuentra en calidad de prófugo– era el encargado de contactar a las parejas interesadas en un bebé y en conseguirlo.
Si embargo, el procurador Carlos Navarro giró hasta el 20 de agosto –cinco meses después de iniciar las pesquisas– las primeras órdenes de aprehensión en contra de 16 personas identificadas como parte de la red criminal, entre ellas Hernández López y Vladimir Aldredo Arzate Carbajal, ambos funcionarios del DIF estatal; en el caso de Arzate Carbajal, era el coordinador de la línea telefónica Protege en Sonora, destinada a combatir el maltrato infantil.
Asimismo, fue el 9 de mayo pasado cuando la Procuraduría de Sonora requirió a Vladimir Alfredo Arzate Carbajal y José Hernández López, quienes –según documentos a los que Animal Político tuvo acceso– confesaron la venta y compra de niños, pero fueron puestos en libertad con las reservas de ley. Actualmente se encuentran en calidad de prófugos.
