Aramburuzabala denuncia por extorsión a esposa de López-Dóriga; él niega la acusación
[contextly_sidebar id=”W62dvz6Fa4h6tJjbbRrNMHrD1I8W0lng”]El Grupo Reforma publicó este viernes que la inmobiliaria Abilia, perteneciente a la empresaria María Asunción Aramburuzabala que construye 122 departamentos en Rubén Darío 225, en Polanco, denunció por un intento de extorsión de 5 millones de dólares a Teresa Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López-Dóriga, quien a través de su abogado exigió esa cantidad, a cambio de no parar la obra.
En un video se aprecia que los abogados Mario Alberto Becerra Pocoroba y Erika Mendoza Bergmans solicitaron a un representante de la empresaria María Asunción Aramburuzabala 5 millones de dólares con el objetivo de que su representada, la esposa de López-Dóriga, utilizara supuestas influencias gubernamentales de su esposo para desistirse legalmente del recurso contra una obra realizada por una empresa de Aramburuzabala. Acusación que el periodista ya rechazó a través de su cuenta de Twitter, en la que negó que él litigara a favor de su esposa.
En el video que puedes ver aquí, los abogados de la esposa de López Dóriga aseguran que los 5 millones de dólares son para resarcir la plusvalía de la vivienda donde ésta reside, así como los demás vecinos de dicha área, ya que consideran que la construcción de la obra a cargo de la inmobiliaria de Aramburuzabala hará perder valor comercial a sus hogares.
-En pocas palabras, quieren dinero, cabrón -dice el abogado en el video.
-¿A eso se resume? -pregunta el representante de la inmobiliaria de Aramburuzabala.
-A eso se resume, aunque se oiga así de brusco. No hubiera querido yo venir a decírtelo nunca, y a eso se redujo: quieren dinero. ¿Cuánto quieren? Quieren 5 millones de dólares -precisa el abogado, Becerra Pocoroba.
Según lo dicho por los abogados en el video, en caso de que la empresa de Aramburuzabala accediera a pagar los cinco millones de dólares, la esposa de López-Dóriga convocaría entonces a un reunión con el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para que cesaran los impedimentos legales que habían promovido meses antes para frenar la construcción de la obra.
No obstante, el representante de Aramburuzabala no accede a la petición, y tras la conversación grabada el pasado mes de junio, el equipo legal de la empresaria presentó una denuncia formal ante las autoridades del DF por chantaje, en la que figuran los nombres de Teresa Romo Pérez, los de sus dos abogados que fueron grabados en el video, así como los de Paloma Carrera Baños y Gabriela Torres Ramírez, vecinas de la zona.
El diario Reforma publica que en la denuncia promovida por Aramburuzabala se acusa que el hostigamiento ha sido realizado por la influencia que tiene López-Dóriga con las autoridades del Gobierno del Distrito Federal.
“Está plenamente acreditado que existió la amenaza de que si no se cumplía con dichas solicitudes económicas por parte de mi mandante, el propio Gobierno del Distrito Federal demandaría un Juicio de Lesividad, amenaza que fue cumplida (…) siempre haciendo alusión a la fuerza periodística del señor Joaquín López Dóriga y haciendo mención de la estrecha relación que se tenía con diversos funcionarios”, establece el escrito.
Ante la publicación de este video y de esta información, el periodista Joaquín López Dóriga negó a través de su cuenta de Twitter que él haya “litigado” en medios de comunicación a favor de su esposa.
Niego rotundamente la dolosa implicación de Reforma:No he “litigado” el problema vecinal con el negocio de la sra. Aramburuzabala en Polanco
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 21, 2015
Quien sí ha litigado en medios la defensa de su negocio ha sido la sra Aramburuzabala: 6 primeras planas en Reforma a favor de su desarrollo
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) agosto 21, 2015
Mientras que el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, deslindó a su administración del conflicto entre vecinos y el desarrollo inmobiliario en Rubén Darío 225, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala.
Asimismo, negó que los vecinos tengan picaporte con su administración o con él mismo, por lo que aseguró que serán los tribunales los que resuelvan el fondo del problema mediante el juicio de lesividad que interpuso el Gobierno del DF.
Con información de Reforma
