[contextly_sidebar id=”0qpghBbMxwQg4u7zzGZoqmaEOPVC6nWr”]Un activista asesinado en el año 2000 por ayudar a disidentes a huir de Corea del Norte; un buque norcoreano que, 14 años después, encalla frente a las costas de Veracruz; un roce diplomático entre los gobiernos de Los Pinos y Pyongyang; y una firma de abogados que acude a los tribunales mexicanos para que el régimen que actualmente lidera Kim Jong-un pague una sanción por crímenes contra la humanidad.
Estos son los elementos que dan forma a una rocambolesca historia con conexiones en Washington, Pyongyang, Yanji, y Veracruz, en la que un accidente con consecuencias medioambientales, y una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han involucrado a México como protagonista inesperado.
Pero comencemos por el principio.
¿Qué tiene que ver el homicidio de un activista en el año 2000 con un buque varado en Veracruz catorce años después?
El activista es Kim Dong-shik. Un reverendo que ayudaba a disidentes a huir del régimen norcoreano quien, de acuerdo con una sentencia dictada en Estados Unidos, fue secuestrado en enero del 2000 en China por agentes del gobierno de Corea del Norte, y posteriormente torturado y asesinado en un campo de concentración para disidentes.
Los familiares del activista, en colaboración con la organización defensora de derechos humanos Shurat HaDin, llevó en 2009 el caso a varios tribunales estadounidenses. Hasta que en abril de 2015, la Corte del Distrito de Columbia falló a favor de la familia del reverendo, condenando al gobierno norcoreano a pagar un total de 330 millones de dólares por el secuestro, tortura y muerte de Kim Dong-shik.
Hasta aquí, el caso estaría resuelto.
Sin embargo, tal y como señala en entrevista con Animal Político Alberto Mansur, abogado de la firma Mansur, Birman, Guakil y Wolff SC, el gobierno norcoreano no ha pagado ni un céntimo a la familia del activista asesinado, y todo apunta a que tampoco lo va a hacer en un futuro próximo ni lejano.
“El problema con países como Corea del Norte, que incurren en actividades como las perpetradas en el asunto del reverendo Kim, es que se esconden detrás de su condición de Estado soberano, creyendo que sus actos no van a tener consecuencias”, expone Mansur, quien representa en México el caso del activista.
“Otra dificultad –añade el letrado-, es que estos países normalmente mantienen sus activos en jurisdicciones donde es muy difícil, o que directamente no se prestan, a la ejecución de sentencias en su contra, por lo que no les pueden embargar ni quitar nada, y hace especialmente difícil obtener una indemnización económica para los afectados”.
Y ante esa dificultad de embargar bienes a Corea del Norte, es cuando un buque norcoreano varado en aguas de Veracruz se convierte en la clave de toda esta historia.
Procedente de La Habana, Cuba, el Mu Du Bong encalla en julio de 2014 en la zona conocida como ‘Lobos-Tuxpan’, ocasionando un grave daño a miles de metros cuadrados de arrecife de coral.
Ante el suceso, la Marina mexicana rescata al barco y lo remolca hasta el puerto de Tuxpan, donde recibe una sanción de las autoridades. En respuesta, la embajada de Corea del Norte emite una carta de garantía para cubrir los gastos derivados del daño al medio ambiente, y exige que México libere su navío.
Pero un nuevo actor irrumpe en escena: el 29 de julio de 2014, el consejo de seguridad de la ONU impone sanciones a la empresa Ocean Maritime Management Company, que administra el buque, indicando que ésta usa sus barcos para llevar cargas ocultas de armamento, tal y como sucedió en junio de 2013, cuando una embarcación también de bandera norcoreana fue detenida en Panamá con armas ocultas en su interior.
El ejecutivo mexicano no tiene más remedio que retener al Mu Du Bong, a pesar de que tras una revisión de la ONU no se encontró armamento en el navío, lo cual origina que en abril de este 2015 México y Corea del Norte protagonicen un fuerte encontronazo diplomático –el embajador norcoreano acusó a México de retener “a la fuerza” el buque bajo el dictado de Estados Unidos, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores le contesta en un comunicado que sólo cumple con el mandato de Naciones Unidas-.
Como resultado, un año después, el Mu Du Bong continúa atracado en el muelle Duque de Alba del puerto de Tuxpan. Situación que los abogados de la familia del reverendo Kim Dong-shik consideran ideal para que la justicia mexicana embargue el buque norcoreano, lo venda, y con ese dinero se pague parte de la indemnización que Pyongyang se niega a dar por el asesinato del activista.
En otras palabras, México puede convertirse en el factor clave que resuelva este asunto. Aunque por el momento, los jueces no están dispuestos ni siquiera a estudiar el caso.
“Embargar y rematar un bien de otro país es algo que nunca se ha hecho en México. Es decir, nunca hemos ejecutado una sentencia en contra de otro país, dictada por otro país, en un caso de daños”, explica el abogado Alberto Mansur.
Tal vez por eso, y por las consecuencias diplomáticas que este caso podría tener entre México y Corea del Norte, los tribunales de primera instancia de Veracruz y el DF “no le quisieron entrar al asunto”, por lo que la firma de abogados presentó apelaciones y llevarán el caso al siguiente escalón, a los tribunales unitarios, y de ser necesario hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
No obstante, Alberto Mansur asegura que a pesar del primer intento fallido está “optimista”, debido a que existen “numerosos elementos” por los que la justicia mexicana sí debería atraer el caso.
Por ejemplo, recalca el letrado, está la Convención Interamericana Sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. O la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los estados y de sus bienes, adoptada en 2004.
“Esta convención de la ONU dice, básicamente, que cuando un país comete actos de lesa humanidad, como el genocidio, el terrorismo, o la tortura, deja actuar como país y por lo tanto no puede tener los mismos derechos y las mismas inmunidades que una nación. Es decir, ya no tiene inmunidad soberana, y está obligados a indemnizar a las víctimas”, argumenta Mansur, quien recuerda que aunque convención aún no entra en vigor –debido a que se requiere la firma de 30 países y aún no se han conseguido-, México ya se comprometió a respaldarla con su firma.
“En México aún no es ley esa convención, pero ya se firmó. Como también se han firmado diversos tratados en materia de derechos humanos y de combate a la tortura que sí están vigentes porque el Senado ya los aprobó, y que dicen que cuando un estado lleva a cabo actos de tortura debe indemnizar a las víctimas”, recuerda el abogado.
“Además, México elevó a rango constitucional los tratados en materia de derechos humanos –enfatiza Mansur para redondear su argumentación-. Y este caso es precisamente eso: un caso de violación de un país que actúa como delincuente, que secuestra y tortura a una persona, y que no puede quedar impune nada más porque es un país. Por eso México tiene una oportunidad histórica de refrendar el compromiso del derecho internacional con la defensa de los derechos humanos, embargando y rematando ese buque a Corea del Norte, para destinar los recursos a la reparación del daño sufrido”.
Mientras los jueces mexicanos toman una decisión, y mientras el Consejo de Seguridad de la ONU no decida lo contrario, el Mu Du Bong permanecerá anclado en el muelle del Duque de Alba, en Tuxpan. Donde los lugareños aseguran que el navío y su tripulación de 33 norcoreanos ya son parte del paisaje.
*Animal Político buscó a la embajada de Corea del Norte para que expresara su posición para este artículo, a lo que contestó que “por el momento” no hará ningún comentario.