Ultimátum a la PGR: un juez le pidió cuatro veces resolver sobre caso ABC
[contextly_sidebar id=”n5yvZtipZRVNwRBbkmy0idG5ZV6Lw88O”]Un juez federal tuvo que exigir en cuatro ocasiones –con ultimátum incluido– a la Procuraduría General de la República (PGR) que resolviera la averiguación que mantenía abierta por la tragedia ocurrida hace seis años en la Guardería ABC. En respuesta, la dependencia presentó una nueva acusación, pero lo hizo solo contra 22 empleadas del establecimiento.
La consignación, que es la primera que se realiza por este caso en el actual sexenio, no incluyó al exgobernador de Sonora Eduardo Bours ni a otros altos mandos como han exigido las víctimas. Según la Procuraduría, hay un desglose abierto del expediente para seguir indagando a mas personas,
De acuerdo con la PGR y a juicio del Ministerio Público, las consignadas son maestras y trabajadoras que por presunta negligencia u omisión serían responsables de las lesiones y muertes de los menores de edad pues estaban al frente de su cuidado. Falta aún que el juez valore la consignación y determine si concede o no las órdenes de aprehensión.
En caso de que se ordene su captura las maestras y empleadas podrán alcanzar la libertad pero tendrían que pagar una fianza.
Los padres de la guardería ABC, muchos de ellos pertenecientes al Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio pero también otros independientes, expresaron públicamente su respaldo a la determinación de la PGR pues consideraron que algunas de las maestras si tienen una responsabilidad, aunque exigieron que la investigación también alcance a ex funcionarios como el entonces gobernador de Sonora.
“Este es un primer paso. No consideramos que las maestras sean todas las responsables de lo que sucedió, hay grados de responsabilidad. Habrá maestras que no tienen grados de responsabilidad y otras que sí; eso se dictaminará a través de un juicio y el juez dirá que si o que no es parte de un proceso”, dijo Abraham Fraijo, uno de los padres, en entrevista con Animal Político.
Además, los padres desconocieron e incluso anunciaron que estudian proceder legalmente en contra del abogado Gabriel Alvarado Serrano, quien forma parte de la organización Manos Unidas y que criticó la determinación de la Procuraduría de proceder contra las empleadas.
Según los padres, el abogado puso en riesgo la investigación y proceso al revelar que hay órdenes de aprehensión solicitadas y señalar en contra de quienes son, lo que además viola principios de presunción de inocencia. Incluso, señalaron que el litigante igual representa a padres que a trabajadoras del local.
Justicia poco expedita
El año pasado la organización Manos Unidas promovió un juicio de amparo para que la procuraduría resolviera ya la indagatoria por el caso ABC. La demanda, iniciada por “dilación en procuración de justicia”, quedó radicada en el Juzgado Décimo de Distrito de Sonora bajo la causa 1269/2014.
El historial del expediente, que puede consultarse en la base de datos del Consejo de la Judicatura, indica que la demanda fue admitida el 22 de septiembre de 2014 y ocho meses después, el juez decidió conceder el amparo “a efectos de que la responsable (o sea la PGR) se pronunciara sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal”.
A partir de ahí comenzó la insistencia del juez para que la Procuraduría cumpliera con el amparo y diera a conocer los resultados de la averiguación en la que figuraban más de 50 personas distintas entre empleados, ex funcionarios y particulares,
| 10 semanas de insistencia | |
| 1 mayo 2015 | Primer apercibimiento del juez a la PGR |
| 2 junio de 2015 | Segundo apercibimiento del juez a la PGR |
| 30 junio de 2015 | Tercer apercibimiento del juez a la PGR |
| 14 Julio de 2015 | Cuarto apercibimiento del juez a la PGR |
El 14 de julio, tras diez semanas de insistencia, el juez notificó a la Procuraduría que era la “cuarta y última ocasión” para que informara sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, que anunciara el resultado de las indagatorias.
Dos semanas después la Procuraduría ejerció acción penal en contra de 22 personas a las que acusó de homicidio culposo y lesiones culposas (no intencionales) en agravio de los 49 niños que fallecieron en la guardería ABC y de 105 más que resultaron heridos a causa del fuego que se presentó en la guardería en el 2009.
“En cumplimiento a una sentencia de amparo, promovido por padres de menores afectados por el siniestro ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la Representación Social de la Federación determinó el ejercicio de la acción penal en contra de 22 personas” señaló la PGR en un comunicado.
Las acusadas
La PGR informó a Animal Político que se procedió en contra de 22 personas en cuyos casos el Ministerio Público acreditó circunstancias de “modo, tiempo y lugar” respecto al siniestro.. Es decir que estaban en el sitio y momento en el que ocurrieron los hechos.
A juicio de los fiscales de la delegación de la PGR en Sonora, las empleadas consignadas fueron omisas o negligentes en algún momento de los hechos, aun y cuando hay casos en que algunas de ellas intentaron salvar a algunos de los menores de edad y resultaron lesionadas en el proceso.
La PGR dijo que no se darían a conocer detalles de las consignadas pues se trata de personas que aún no están bajo proceso y que falta conocer en contra de quienes se otorgaría orden de aprehensión, decisión que está en manos del Juzgado Tercero de Distrito en Hermosillo Sonora.
Por su parte, el abogado Alvarado Serrano, responsable de promover el amparo, dio a conocer que se había procedido solo en contra de las trabajadoras de la guardería, situación que consideró “una cortina de humo” para no acusar a funcionarios de alto rango.
Pero padres de menores víctimas de la guardería, entre ellos del Movimiento por la Justicia 5 de Junio, asociación que ha impulsado la mayoría de las movilizaciones dieron su respaldo a la determinación de la PGR de proceder en contra de las trabajadores.
Abraham Fraijo dijo es una petición de los padres que se indagara la responsabilidad de todas las personas involucradas y eso incluye también a las trabajadoras del local.
“Una de las maestras perdió a su hija en el incendio, ella salvó a niños que tenían a su cuidado y no fue por su hija porque pensó que otras maestras estaban haciendo lo mismo que ella pero es claro que no fue así”, dijo en entrevista.
Otro de los padres, Julio Cesar Márquez, pidió no olvidar que las únicas víctimas en el caso fueron sus hijos y que todos en mayor o menor medida deben responder. “Ellas (las empleadas) efectivamente sí tenían una responsabilidad en cuanto al cuidado de nuestros hijos” dijo.
Los que faltan
Por el caso de la tragedia en la guardería ABC hay actualmente 22 personas bajo proceso penal, entre ellos ex funcionarios de IMSS, de Protección Civil y Secretaría de Hacienda de Sonora, además de particulares, aunque todos ellos siguen su proceso en libertad.
A ese grupo se estarán sumando los empleados consignados por la PGR si el juez determina que hay evidencia suficiente para primero ordenar su detención y luego dictarles el auto de formal prisión.
Animal Político publicó el 5 de junio que todas las averiguaciones y procesos del caos suman ya un expediente con 168 tomos y más de 168 mil páginas peor hasta ahora no hay un sola sentencia dictada.
Los padres de los menores han pedido reiteradamente que se indague y castigue a altos funcionarios y otros particulares, principalmente al ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, al ex director del IMSS Daniel Karam, además de a los propietarios de la guardería.
El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, que ha sostenido reuniones periódicas con la PGR, dijo que el expediente se encuentra abierto y que en las próximas semanas vendrán nuevas acusaciones.
“Este fue un primer paquete de consignaciones pero es falso que el caso se haya cerrado ya. Sabemos que se está integrando la indagatoria y esperamos que se deslinde la responsabilidad de los que faltan
