Mecanismo “protege” a periodistas y activistas con botones de pánico inservibles y teléfonos donde nadie contesta
[contextly_sidebar id=”AqwhSP7jooSwdpIZEwjL4c6VsEa0e8eM”]Botones de pánico sin señal, teléfonos emergencia que nadie contesta, patrullajes que no se hacen, cámaras que tardan meses en ser instaladas, nulo seguimiento de las investigaciones… así “funciona” el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.
Las fallas de este programa, creado en junio del 2012 para – en teoría – proteger a periodistas y activistas que por su labor pudieran estar en riesgo, fueron desnudadas por medio centenar de organizaciones civiles e internacionales que realizaron un diagnóstico sobre su operación. La conclusión, es que el mecanismo hoy en día Incompleto, opaco y muchas veces inútil.
El resultado es que en la práctica en los últimos tres años nada ha cambiado. Para muestra un dato dramático: según las organizaciones, de junio de 2012 a mayo del 2014 se registraron 32 defensores de derechos humanos fueron ejecutados extrajudicialmente en México.
Aunque esos hechos no necesariamente corresponden a personas protegidas por el mecanismo, el seguimiento de 59 casos en los que si se solicitó la protección, arroja que existen fallas en el mismo que no contribuyen ni a resguardar a la personas ni a visibilizar el problema para generar una mejor política pública.
A lo anterior se suman deficiencias que atañen a la propia administración del Mecanismo como la falta de rendición de cuentas sobre los casos, de personal capacitado y de áreas que de hecho no se han creado.
“Hay ausencia de respaldo político, financiero y de recursos humanos al Mecanismo, falta de reconocimiento de la labor de las personas defensoras y periodistas que se protegen, descoordinación y falta de voluntad de las autoridades competentes, limitaciones en las investigaciones y desinterés en activar las herramientas para prevenir los abuso” señala el documento.
Previo a la presentación de este diagnóstico, un abogado y activista cuyo nombre no se revela por seguridad del mismo, radicado en el DF, había revelado a Animal Político algunas de las deficiencias del Mecanismo. Por ejemplo, el retraso en la instalación de cámaras y cerraduras provocó que su oficina fuera saqueada en dos ocasiones y varios expedientes robados.
Durante la presentación del diagnóstico, al que por cierto no acudió ninguna autoridad mexicana, el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, reconoció el esfuerzo por estudiar un mecanismo que sigue en una fase de prueba – error y que en algunos casos ha presentado retrocesos.
DF y Veracruz lideran casos
El diagnóstico, elaborado por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) que agrupa a las ONG que hicieron la evaluación, reveló que de acuerdo con datos oficiales a los que se tuvieron acceso, de junio del 2012 a noviembre de 2014 se registraron 204 solicitudes de protección a través del Mecanismo.
Sólo cinco entidades federativas, con el Distrito Federal y Veracruz a la cabeza, concentraron 102 solicitudes de protección que equivalen a la mitad de todas las que se han presentado a nivel nacional. Aguascalientes es la única entidad del país donde no se ha registrado una sola solicitud de protección, y hay tres casos en donde no se precisa la ubicación geográfica
Cabe recordar que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas contempla una serie de medidas diferenciadas que el gobierno federal otorga para periodistas o activistas de derechos humanos que por motivo de su trabajo estén en riesgo o hayan sido víctimas. Una junta de gobierno es quien decide si se protege o no al solicitante.
De las 204 solicitudes registradas ante el mecanismo, 114 correspondieron a periodistas y 89 a diversos defensores de derechos humanos.
El número de solicitudes, detalla el diagnostico, es muy inferior a los casos de agresiones cometidos que ha reportado la sociedad civil. Por ejemplo, solo en 2013 y 2014 Artículo 19 reportó 326 agresiones contar al prensa, mientras que el Comité Cerezo registra 861 ataques contra activistas.
“El Mecanismo adolece de una cifra negra respecto al conocimiento de casos la cual impacta que cumpla satisfactoriamente su fin (…) entre los motivos de que esto ocurra puede estar un desconocimiento del mismo Mecanismo o desconfianza de las víctimas hacia las autoridades” indica el diagnóstico.
Del total de los casos, las organizaciones dieron seguimiento a 59 prácticamente desde el inicio en los cuales las amenazas, la intimidación y el hostigamiento fueron el tipo de agresión más reportada, seguida de la agresión física, el allanamiento, la criminalización, el daño a la propiedad, el secuestro y el posible homicidio.
El diagnóstico también dio a conocer, a manera de contexto, que según cifras de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada del Comité Cerezo, de junio de 2012 a mayo en 2014 se registraron 32 casos de presunta ejecución extrajudicial de activistas de derechos humanos.
Guerrero es la entidad en que se registró la mayor parte de homicidios con once, seguido de Oaxaca con nueve y Veracruz con cuatro.
¿Protección o placebos?
El Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas establece distintas medidas de protección, desde físicas hasta jurídicas o psicológicas, que se otorgan a una víctima dependiendo de su situación particular y de lo que se decida en la respectiva evaluación de riesgo. El diagnóstico presentado encontró fallas en casi todas ellas.
El dotar a la persona afectada de un botón de pánico es una de las medidas más comunes, Ocurrió en 13 de los 59 casos a los que se les dio seguimiento y en todos ellos, el referido botón falló. Además de un riesgo para las personas afectadas, se trata de un derroche de dinero público.
“Se está apagando 3 mil 500 pesos mensuales por cada botón de pánico. Esto representa 1.2 millones de pesos pagados al mes a una empresa (RCU Sistemas) por una medida que en realidad funciona como una especia de placebo para los defensores de derechos humanos y periodistas que lo tienen pero que cuando lo han intentado poner en práctica ha fallado en la mayoría de los caso” dijo Alberto Solís, director de Servicios y Asesoría de la Paz (Serapaz).
Uno de los casos en donde falló este sistema fue el del Colectivo Ustedes Somos Nosotros ocurrido el 4 de abril del 2014. Activistas de ese colectivo activaron el botón de pánico cuando fueron atacados por personas armadas mientras brindaban apoyo a migrantes que descansaban en vías del tren La Bestia pero la asistencia inmediata nunca llegó.
Los teléfonos de emergencia es otra medida que se otorgó en 22 de los casos monitoreados. En 14 de esos casos se tuvo en algún momento que llamar al referido numero pero en ninguno funcionó pues nadie contestó.
Pilar Tavera, directora de la organización Propuesta Cívica A.C., dijo que el recurso líneas de emergencia falla porque simple y sencillamente no existe protocolo alguno sobre cómo debe funcionar ese mecanismo, quien tiene que atender el teléfono y que se debe de responder.
La instalación de cámaras de circuito cerrado y cerraduras de emergencia se otorgó en 17 casos pero en once de ellos, dichos dispositivos se instalaron con retrasos de uno hasta seis meses. Animal Político conoció directamente del caso de un abogado cuya oficina en la colonia Roma fue saqueada dos veces antes de que se instalaran los referidos dispositivos.
“Además tenemos el tema de los rondines de vigilancia donde lo que hemos detectado es que estos solo se hacen por un tiempo y después se dejan porque no hay monitoreo delos mismos (…) otro es el de los escoltas donde el problema es que no están capacitados para proteger activistas o periodistas, y lo que hacen es encerrarlos en una burbuja que los aísla” dijo Tavera.
Un aspecto preocupante, de acuerdo con el diagnóstico, es que medidas de fondo que pueden resolver un caso o disuadir una amenaza como el solicitar informes de las investigaciones sobre los ataques o reconocer públicamente a una persona como activista o periodista en riesgo, son las que menos se aplican. De los 59 casos monitoreados solo se hizo efectiva en tres de ellos
Mecanismo incompleto y opaco
Iván Baez, oficial del Programa de Protección para México y Centroamérica de Artículo 19 advirtió que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas está incompleto pues adolece de la llamada ”tercera unidad” contemplada desde su creación encargada de temas de prevención y difusión.
“Esta tercera unidad nada más y nada menos es la responsable de diseñar la política de atención y también sistematizar la información que eventualmente sirva para las evaluaciones de riesgo (…) hoy en esta unidad trabajan dos personas que de hecho se dedican a otra cosa” dijo.
Baez también comentó que se ha documentado una respuesta lenta de parte del Mecanismo para definir cada una de las solicitudes. En 2014 esta instancia estuvo al punto del colapso con más de 90 expedientes que no se resolvían.
Artículo 19 también identificó que faltan manuales en materia de protección, protocolos para situaciones específicas como las líneas de emergencia, y capacitación auténtica del personal pues el mismo solamente es rotado sin sentido.
Pilar Tevara de Propuesta Cívica subrayó que no hay transparencia en materia de rendición de cuentas pues la Secretaría de Gobernación no da a conocer informes con resultados periódicos y toda la información que se conoce solo es por los consejeros ciudadanos que participan en la junta de gobierno.
“Por poner un ejemplo no se conocen las causas por las que le mecanismo decide aceptar o rechazar a una persona (…) tampoco es claro cuando se considera a una persona en riesgo y cuando no” señaló.
