[contextly_sidebar id=”jbVOrsik8KXBuQuA2xgypY1nE4ufXTp8″]La administración del gobernador poblano Rafael Moreno Valle espió a contrincantes políticos, periodistas y académicos a través de virus informáticos (exploit) y software de recolección de información que compró a la empresa italiana Hacking Team en abril de 2013.
Así lo revelan los más de 400 gigas de correos electrónicos y documentos internos de esta compañía –revisados y analizados por Animal Político y Lado B-, los cuales se hicieron públicos luego del hackeo del que fue víctima.
Ente mayo de 2013 y junio de este año, el Sistema de Control Remoto Galileo (Remote Control System), software de espionaje desarrollado por Hacking Team, sirvió para vigilar ilegalmente a los opositores, especialmente en momentos de competencia electoral.
Según la información contenida en correos y documentos, el gobierno poblano espió la casa de campaña de Ernesto Cordero en la elección interna panista de 2014, en la cual se definió la continuidad de Gustavo Madero como dirigente nacional del partido.
Además, también espió durante el proceso electoral de 2013 en Puebla, cuando se renovaron presidencias municipales y el Congreso, y durante el proceso federal pasado, donde se buscó vigilar contrincantes no sólo en Puebla, sino también en Baja California Sur.
El director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García, dice que las escuchas y el seguimiento del gobierno poblano es “ilegal” porque viola el artículo 16 constitucional, el cual señala que “las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.”
El artículo señala, además, que los únicos facultados para intervenir las comunicaciones privadas son “la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa correspondiente”.
El diputado federal priista Enrique Doger Guerrero, víctima del espionaje gubernamental poblano, dice que “este tipo de prácticas son un delito tipificado; se debe perseguir, investigar y sancionar a los que lo cometen (…) Si alguien lo está haciendo con dinero del gobierno del estado es porque el gobierno está de acuerdo, el gobernador lo sabe, sería muy grave que si no lo sabe lo hagan”.
El espionaje se ejecutó a través de páginas electrónicas falsas y del envío de correos electrónicos con documentos adjuntos falsos, suplantando incluso la identidad de exdiputados federales, como sucedió con la panista Violeta Lagunes, quien al ser entrevistada adelantó que analiza una acción legal por dicho delito.
Los documentos falsificados son cargados con virus informáticos que permiten tomar el control del equipo o hacer búsquedas de información específica en el equipo infectado, e incluso enviar correos desde las cuentas personales del objetivo (targets, como se les identifica en el software italiano), para infectar nuevos equipos de otras personas.
El sistema de espionaje, adquirido a través de la empresa SYM Sistemas Integrales SA de CV, propiedad de Hugo Gadi Makotov, responde a las órdenes del diputado federal electo Eukid Castañón Herrera, según fuentes que pidieron anonimato.
En 2010, Makotov ofreció al equipo de campaña de Moreno Valle – entonces candidato a la gubernatura de Puebla- operar una estrategia de bloqueo de la señal celular de los equipos de los operadores priistas. A decir de las fuentes, la estrategia no funcionó pero sirvió para abrir la puerta a la empresa.
Este sistema de espionaje fue implementado en el Centro de Análisis Prospectivo (CAP), una oficina creada en 2011 por el entonces secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla, como un centro de análisis para la agenda de riesgos de Puebla.
A la salida de Manzanilla, a principios de 2013, fue retomado por el entonces subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, Eukid Castañón, para transformarlo en su centro de espionaje con un equipo conformado por Joaquín Arenal, un exdelegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Héctor Arrona Hurrea, director del Centro de Análisis Prospectivo, y José Antonio Celorio Mansi, uno de los hombres claves de esta historia.
Ésta no es la primera vez que se señala a Castañón Herrera como el responsable de una red de espionaje político. En noviembre de 2014, el diputado federal Enrique Doeger lo acusó de tener a su servicio un equipo de infiltración y seguimiento, luego de ser víctima de un robo a su casa de gestión.
En ese momento “denuncié que había un aparato de espionaje para vigilar opositores políticos e incluso periodistas, y ahora, con la información que se ha conocido recientemente, es una realidad”, dice Doger.
El columnista Fernando Maldonado -quien a principios de junio de este año dio a conocer que le filtraron fichas y transcripción de conversaciones privadas de los legisladores priistas Enrique Doger, la senadora Blanca Alcalá y el subsecretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Lastiri, aspirantes a la candidatura a gobernador de Puebla en 2016- sostiene que entre estos documentos hay “una tarjeta informativa o de prioridad alta” que establece que a la cabeza del trabajo de espionaje está el diputado local Eukid Castañón Herrera.
La única respuesta que ha dado el gobierno poblano es la del coordinador general de Comunicación, Max Cortázar, y la directora general de Comunicación, Sagrario Conde: “no se tiene contemplado fijar una postura” sobre la presunta compra del software y sobre Celorio Mansi, cuyo nombre aparece en los correos internos de Hacking Team como uno de los operadores del sistema Galileo.
El 18 de mayo de 2014, la exlegisladora Violeta Lagunes recibió un correo electrónico de Miguel Abad, militante panista que en ese momento era asistente de Fernando Manzanilla, cuñado del gobernador Rafael Moreno Valle y quien ocupó hasta principios del 2013 la Secretaría General de Gobierno (SGG).
Lagunes explica que Miguel Abad no era un personaje menor en la batalla que se vivía en ese momento al interior del PAN, era uno de los dos únicos políticos poblanos que formaban parte del equipo de Ernesto Cordero. El otro era Fernando Manzanilla. Enfrentaban a Gustavo Madero y a su grupo, entre ellos Rafael Moreno Valle y Eukid Castañón.
Violeta Lagunes recibió un correo desde la dirección [email protected], que contenía una línea de texto y una liga a la página cordero-oliva.org:
“Estimados, les adjunto archivo para su revisión y opinión legal por parte de FM, es el borrador de impugnación”.
Lagunes era parte del equipo jurídico del grupo que en Puebla apoyaba las aspiraciones de Ernesto Cordero.
Al abrir el enlace, lo que Violeta encontró fue una página en blanco. En ese momento no lo supo, pero una hora más tarde se enteró que al entrar a esa página había infectado su computadora con un archivo oculto que abrió una puerta trasera a su equipo de cómputo y a su propio correo para que desde ahí vigilaran sus actividades y a la vez enviaran otros correos de infección.
Después de tener muchos problemas con su correo, el coordinador de campaña de Cordero en Puebla, Francisco Fraile, le informó que desde su cuenta se estaban enviando mensajes para hackear otras cuentas.
Según Lagunes, Fraile averiguó que el correo de Miguel Abad fue hackeado un día antes, así que a través de su cuenta hackearon la de Violeta Lagunes.
Al revisar las solicitudes de archivos exploits que el gobierno de Moreno Valle pidió a Hacking Team es muy claro que Miguel Abad fue un blanco del software de espionaje Galileo.
Es posible encontrar dos solicitudes de archivos de infección como “VE_estimado_miguel_abad.docx”, las cuales fueron realizadas en septiembre y octubre de 2013.
En mayo de 2014, cuando se desarrolló la contienda interna del PAN, lo que se encuentra en la base de datos de correos internos de la compañía es la petición del archivo exploit “Encuesta.docx”, un archivo de texto que contiene algunos de los resultados de las encuestas que levantaron Reforma y Parametría para medir a Gustavo Madero y Ernesto Cordero.
Con ese archivo que se solicitó el 13 de mayo se pudo infectar y espiar al equipo de Ernesto Cordero.
Los exploits son archivos que abren una puerta trasera en los sistemas informáticos y aprovechan las debilidades del propio usuario para instalarse: se envían por correo, escondidos en archivos adjuntos, para que al abrirlos se instalen y permitan que un intruso pueda extraer información de la computadora o los dispositivos de manera remota (qué escribe, qué guarda, qué ve y todo lo que almacena). El atacante puede también abrir el micrófono o prender la cámara de manera remota para observar y espiar a voluntad a la víctima.
Entre mayo de 2013 y junio de 2015 el gobierno de Puebla solicitó a Hacking Team, bajo el usuario “UIAPUEBLA”, la creación de al menos 47 archivos exploit camuflados como archivos de Word o presentaciones de PowerPoint para infectar equipos de cómputo y comunicación.
De acuerdo con los correos analizados, el nombre usado en los archivos apuntan a objetivos políticos, por ejemplo:
-“Los_excesos_de_Eukid.docx” y “vulnerabilidades_Lastiri.docx”, que pueden resultar atractivos para grupos políticos e incluso para periodistas.
-Se trabajaron archivos para poder infectar equipos de personas cercanas a Jorge Estefan Chidiac, hoy diputado federal electo, o Ignacio Dávila (“Estimado_Ignacio_Davila_Mora.docx”), exvocero del alcalde Eduardo Rivera.
Sobre este caso fue posible hallar el remitente desde el que se infectó al ex funcionario municipal: [email protected]. El archivo adjunto coincide con el documento que fue infectado por Hacking Team a petición del equipo de espionaje poblano.
-“Estimado_Fernando_Lopez.docx”, que pudo ser dirigido al panista del mismo nombre. En este caso se utilizó un documento falso que suplanta el nombre de la panista Violeta Lagunes y la organización “Volver a Empezar”. Se trata de una invitación a un evento en donde estaría presente el exdirigente panista Manuel Espino.
Cuestionada al respecto, Lagunes aseguró que el documento era falso y que incluso la firma que aparece en el documento no corresponde a la suya, y aclaró además que difícilmente podría haber enviado la invitación pues mantiene un diferendo personal con Fernando López, por lo que analizará una acción legal por la usurpación de su nombre.
-“Reporte_de_giras” o “Casillas_Prioritarias_PU”, que fueron solicitados el mismo día de la elección de julio de 2013.
-“EAI.docx” (“Enrique Agüera Ibáñez”, candidato del PRI a la presidencia municipal de Puebla), que se liberó un mes antes de la jornada electoral de ese año.
-“Estimado_Juan_Carlos_Lastiri.docx”, camuflado como una invitación de una organización fantasma llamada “Líderes poblanos BUAP”, que incluye los logos de la BUAP, y está firmada por “José Javier Enríquez Díaz”.
En 2015 se pidieron 11 archivos exploit, nueve en mayo pasado, es decir, en la recta final del proceso electoral federal que definió la próxima legislatura. Entre ellos:
-Se falsificó documentos del PRI “Nombramiento_General.docx” –camuflado como un envío del CEN tricolor—“carta accion electoral rdmc.docx”.
-Se generaron exploits en documentos con destinos y fines también de espionaje electoral: “Información AZUL.docx”,“Lista de Infiltrados.dox” y “beneficiarios prospera dtto7.docx”.
-Dos archivos que utilizan los resultados de la casa encuestadora Consulta Mitofsky en Baja California Sur, al parecer para infiltrar esa elección.
El 14 de abril de 2013, a través de la empresa SYM Sistemas Integrales SA de CV, Alex Velasco –uno de los encargados de ventas y seguimiento de la compañía italiana Hackint Team- acordó con la representación del gobierno de Puebla un pago de 415 mil euros por el software de espionaje, el soporte y la capacitación para su uso.
La instalación del equipo y la primera capacitación corrió a cargo del técnico italiano Marco Catino, que llegó a México el 26 de mayo, y dejó concluido el trabajo el 31 de mayo, otorgándole la clave de cliente GEDP (Gobierno del Estado de Puebla). El equipo quedó instalado en el Centro de Análisis Prospectivo.
Hoy de la oficina ya nadie sabe nada, a pesar que de acuerdo con la página oficial del gobierno del estado está ubicada en la dirección 14 oriente 1204 en Casa Aguayo, sede de la SGG.
Según el personal de seguridad y atención de inmuebles, el exdelegado del CISEN y miembro del equipo de espionaje, Héctor Arrona, ya no se aparece por ahí desde principios de este año.
El columnista Fernando Maldonado publicó que la oficina estuvo un tiempo en la Casa Azul, inmueble estatal ubicado en el barrio de El Alto, después pasó a una casa en la colonia Bella Vista, y que ahora puede estar en la ciudad de México como brazo operativo para el espionaje de figuras de la política nacional dado el interés de Moreno Valle por pelear la candidatura del PAN a la Presidencia de la República.
De acuerdo con los manuales –proporcionados por la Red en Defensa de los Derechos Digitales–, el seguimiento a los objetivos se mantiene abierto a voluntad de los operadores gubernamentales, pero una vez que se cierra la operación los programas instalados en los equipos vigilados se desinstalan “dejando el dispositivo limpio”, lo que impide el rastreo de las huellas del espionaje.
“La complejidad del sistema de Hacking Team es que funcionan en lo que llamamos entornos silenciosos; es que por mucho que tengas un antivirus, estos programas son verdaderamente del más alto nivel de tecnología y lo que provocan es que al momento de insertarse en la computadora del usuario final no hay nada que haga evidente la infección. Este es un sistema cien por ciento focalizado, no está pensado para el público en general como un virus de internet cualquiera. Este sí tiene que estar dirigido puntualmente a un objetivo y una vez que se inserta puedes monitorear y explotar cualquier clase de información de esa computadora”, dice Sergio Araiza.
El 24 de septiembre de 2013, Alex Velasco de Hacking Team recibió un correo electrónico desde la cuenta [email protected], la dirección desde la que los operadores del gobierno de Puebla se comunican con la compañía italiana.
En este correo se le preguntó cuándo estarían de nuevo activos los archivos exploit con terminación .docx (formato del procesador de texto Word) porque “para nosotros la opción .docx es uno de los más eficaces con los objetivos”, redactó el remitente.
Velasco respondió el correo y mandó una copia a la dirección [email protected] para informar que no aún no tenían fecha para tener nuevamente en línea el equipo de trabajo para los exploits, pero que estaban haciendo “todo lo posible” para terminar pronto.
De acuerdo con una columna publicada en el portal Status en agosto de 2014, Celorio Mansi “es Director de Servicios Técnicos en el Centro de Análisis Prospectivo del Gobierno del Estado de Puebla”.
“Yo recibí uno de los correos infectados”, reconoce un reportero local. Uno de los archivos exploits solicitados a los italianos es un documento que reproduce un boletín –el número 297—, que en diciembre de 2014 distribuyó el equipo de comunicación social del Comité Directivo Estatal (CEN) del PAN.
El boletín dice lo siguiente, lo mismo en el exploit que en el boletín real: “El Presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional en Puebla, Dip. Rafael Micalco Méndez celebró el anuncio que diera la Dirigencia Nacional en el sentido de que no habrá coalición electoral del PAN con ningún partido político para la elección federal de 2015”.
Cuestionado al respecto, Javier Ramírez Ponce, director de comunicación en el PAN poblano, descarta que el archivo pudiera servir para infiltrar a su partido, pues asegura que usan otras herramientas para sus borradores y que los boletines se mandan en versión PDF y como texto plano en el correo, pero que en todos los casos se les anexan los logos institucionales, cosa que el archivo de infección no tiene. Y si no fue al CEN poblano al que se dirigió el exploit, el único objetivo visible son los reporteros de la fuente política.
En la marea de correos internos que fueron revelados tras el hackeo a la compañía italiana también es posible hallar un archivo nombrado “directorio UDLAP.docx”, posiblemente dirigido a la comunidad de esa casa de estudios.
Mientras la administración estatal guarda silencio sobre el tema, activistas y defensores de los derechos digitales evidencian que los gobiernos estatales carecen de la facultad legal para adquirir y utilizar equipos de espionaje.
En el caso de Jalisco, después de negar la adquisición del software de vigilancia, el vocero del gobierno estatal Gonzalo Sánchez explicó que la compra era “parte de la estrategia nacional de combate al secuestro”.
Sin embargo, como explica Sergio Araiza, “los estados no tienen ningún reglamento o transitorio en alguna parte de la ley local o federal que les permita comprar tecnología de este estilo para hacer espionaje, aunque traten de insertarlos como objetos de seguridad en la lucha contra el crimen organizado. Esa no es su función, eso le corresponde al orden federal.”
Luis Fernando García, director de RD3, agrega que sólo los ministerios públicos, en principio, tienen la capacidad legal para contar con equipo como el que ofrece Hacking Team. “Ningún otro, ni la Secretaría General de Gobierno, como en el caso de Jalisco o Puebla. Si alguna otra área que no sea la Procuraduría esta manejando el asunto, estarían violando la ley.”
Y subraya: “Hay evidencia de que el gobierno de Moreno Valle ha cometido delitos al espiar a sus rivales y adversarios políticos. Y hay indicios de que pudo haber espiado incluso a periodistas, y es casi seguro que no se hizo bajo una solicitud judicial”.