Protestas en Veracruz deberán contar con permiso del gobierno, según nueva norma
[contextly_sidebar id=”LqPCb5OJp9WHN1uZc4TbHlTZuBRRav4T”]A través de una edición extraordinaria de su Diario Oficial, el gobierno de Veracruz emitió el pasado 16 de junio su nuevo Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, el cual incluye un capítulo denominado “Permiso para el uso de la vía pública”, aplicable a toda persona o grupo que pretenda realizar “eventos que requieran su paso por las vías públicas”.
Según el artículo 238 del nuevo ordenamiento, signado por el gobernador Javier Duarte, la autoridad estatal “no puede negar, prohibir, limitar o censurar, bajo ninguna circunstancia, la libre opinión de ideas, siempre y cuando no violen o transgredan la moral, la vida privada o los derechos derechos de terceros, o provoquen algún delito o perturben el orden público”.
Sin embargo, destacó el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social –conformado por 11 organizaciones civiles–, este mismo artículo establece un mecanismo de “aviso previo”, que debe ser formulado a la autoridad con al menos seis horas de anticipación, para la realización de actividades colectivas en la vía pública.
Según este frente de organizaciones civiles, “preocupa la denominación del título (tercero del nuevo reglamento de tránsito veracruzano) como “Permiso”, por lo que se debe tener cuidado, para no realizar una interpretación restrictiva que sujete el uso de la vía pública a una autorización”, ya que, tal como establece el marco internacional de derechos humanos, “la falta de aviso no puede tener consecuencias que limiten o entorpezcan el ejercicio de la manifestación”.
El ordenamiento vial que emitió el gobernador Javier Duarte, además, establece como “obligaciones de los peatones” las de transitar “sin invadir la vía pública de manera intempestiva”, mientras que también les prohíbe alterar “el orden” y “el tránsito”, lo cual, de forma velada, sanciona las manifestaciones espontáneas.
Para el Frente por la Libertad de Expresión, “preocupa que se establezca la obligación de no invadir la vía pública de manera intempestiva, ya que ello pudiera significar una restricción frente a las manifestaciones, considerándolas como invasión de la vía pública, y que en muchas ocasiones se dan de manera espontánea”.
Además, destacó la agrupación, “la restricción de no invadir la vía pública resulta claramente desproporcional, y privilegia el tránsito de los automóviles por encima de las personas”.
Violación al orden constitucional
La nueva norma aprobada por Javier Duarte, que desde la óptica del Frente por la Libertad de Expresión atenta contra el derecho a la manifestación, fue emitida en un momento en el que en Veracruz este derecho es cotidianamente ejercido por distintos sectores de la población, a través de protestas que, mayoritariamente, se dieron de forma espontánea.
Sólo en junio, los distintos medios informativos veracruzanos reportaron la realización de al menos 26 manifestaciones que implicaron el uso de la vía pública, más allá de las banquetas, la gran mayoría de las cuales se realizaron en las ciudades de Xalapa y Veracruz, o las tenían como destino final.
De esas 26 manifestaciones, además, una tercera parte fueron motivadas por deficiencias en servicios púbicos, y fueron realizadas por ciudadanos no adscritos a organizaciones de ningún tipo. Se trata, por ejemplo, de protestas de vecinos afectados por obras públicas o privadas, o que demandaron servicios básicos, como la electrificación de sus colonias o, por el contrario, que denunciaban injustificados cobros por el abasto de luz.
Otras cuatro manifestaciones fueron realizadas por estudiantes de distintos niveles, básicamente relacionadas con la agresión sufrida por alumnos de la Universidad Veracruzana, agredidos por un grupo de enmascarados cuando realizaban un convivio a principios de junio; así como con la demanda de presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En junio también se manifestaron en tres ocasiones funcionarios de Salud y de Sanidad Vegetal del estado; transportistas bloquearon carreteras en al menos dos jornadas distintas de protesta; campesinos también se manifestaron dos veces durante el mes (una de las cuales fueron reprimidos por la policía estatal a la altura del municipio Emiliano Zapata, cuando se dirigían a Xalapa); mientras que padres de familia, ambientalistas y artesanos protestaron al menos una vez cada cual.
El magisterio realizó al menos una protesta pública (la invasión de las oficinas estatales del Instituto Nacional Electoral), y a causa de la inseguridad, los pobladores de Acultzingo también cerraron en una ocasión la carretera México-Veracruz.
La mayoría de estas protestas se desarrollaron de forma pacífica, salvo en tres ocasiones: la toma de la sede del INE por parte de maestros, que implicó la destrucción de su mobiliario, y dos tomas de presidencias municipales, inmuebles que fueron incendiados por pobladores que, en ambos casos, protestaban por asesinatos impunes.
Además, de todas estas manifestaciones, dos fueron reprimidas por la autoridad: el primer caso fue el personas sin hogar que previamente habían invadido un predio estatal, y que luego se manifestaron con un cierre vial en demanda de acciones de vivienda en su favor. Estas personas fueron desalojadas por la fuerza, por la policía estatal y la Policía Naval.
El otro caso fue el de campesinos que se dirigían en varios autobuses hacia Xalapa, para manifestarse en esta ciudad en demanda de apoyos a proyectos productivos. La Policía Estatal obstruyó el paso de los campesinos a la altura del municipio Emiliano Zapata, y ahí los retuvo, luego de un enfrentamiento.
Es en este contexto de inconformidad y protesta social, destacó el Frente por la Libertad de Expresión, que el gobierno de Veracruz emitió su nuevo ordenamiento vial, el cual, además, establece como una “obligación” de los peatones la de siempre “portar una identificación con fotografía, en la cual se señale la dirección de su domicilio”.
Dicho artículo, señaló el Frente por la Libertad de Expresión, “es abiertamente violatorio al derecho de movilidad o libre tránsito, ya que la Constitución, en su artículo 11, prohíbe la necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes para transitar libremente”.
Para quien incumpla con estas nuevas disposiciones establecidas por Javier Duarte, denunció la coalición –que agrupa a organismos civiles de defensa de los derechos humanos, así como organizaciones dedicadas a la evaluación políticas públicas–, el nuevo reglamento prevé sanciones que incluyen los “arrestos administrativos”, mismas que serán aplicadas con base en criterios como la “ofensa a la autoridad”, la “paz pública”, la “seguridad pública” y “alterar el orden”, los cuales, destacó la agrupación civil, no sólo restringen la libertad de expresión, sino que “pueden generar un efecto inhibitorio en el uso del espacio público”.
