Los 5 pendientes en la investigación sobre Ayotzinapa, según los expertos de la CIDH
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrado por cinco especialistas y encargado de revisar la investigación del gobierno Federal sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre pasado, informó que el gobierno federal no le ha permitido conocer 47% de la información solicitada.
A tres meses de haber pedido las entrevistas con miembros del 27 Batallón del Ejército, la Secretaría de Gobernación aún se encuentra “analizando” si permitirá que los expertos entrevisten a los militares que, según los sobrevivientes, presenciaron parte de lo ocurrido en Iguala.
Aunque el gobierno Federal no ha negado el posible encuentro de manera oficial, de no lograrlo, buscarían otros testimonios, pues “la solidez de nuestras informaciones no se ven dañadas; hay otras fuentes de información”, dijo Francisco Cox, uno de los expertos.
“El GIEI señala con preocupación el retraso en esta decisión (…) Esta demora y limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos”, consideró Ángela Buitrago.
En conferencia de prensa informaron los avances en su investigación iniciada en marzo pasado, aunque evitaron dar detalles de los encuentros que han tenido, por ejemplo, con José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, presuntamente implicados en el ataque a normalistas.
Entre los detenidos, informaron, 40 presuntos responsables denunciaron haber sido torturados durante la detención, el traslado y en la estancia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), lo que debe ser tomado en cuenta por los jueces para la investigación.
Otro de los avances es que la procuradora Arely Gómez aceptó tener un encuentro con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, después de un distanciamiento con el anterior titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que Julio César Mondragón, el estudiante cuyo cuerpo apareció desollado horas después del ataque contra normalistas de Ayotzinapa, fue torturado antes de fallecer.
“En la autopsia, en las evidencias científicas señalan que hay lesiones pre mortem que son de tortura, obviamente. No hay otra explicación que causen las graves fracturas craneales que tenía o que cause el hematoma al pulmón, o el hematoma detrás del abdomen de las dimensiones que tenía”, aseguró Carlos Beristain, uno de los expertos.
A cuatro meses de iniciar diligencias, los expertos de la CIDH advierten el gobierno Federal solo ha entregado 30% de la información solicitada de manera completa. Estos son parte de los pendientes:
- Entrevistas directas a los militares del 27 batallón, incluyendo aquellos cuyos testimonios no han sido tomados. El GIEI señala con preocupación el retraso en esta decisión. Hay que tener en cuenta que han pasado 9 meses desde los hechos y la urgencia que dichas acciones tienen para los familiares de las víctimas, así como el tiempo restringido de seis meses que el GIEI tiene para llevar a cabo su mandato.
- Unificar los procesos y la tipificación de los delitos en el caso Ayotzinapa por parte de la Procuraduría General de la República para las 6 causas abiertas que corresponden a 15 procesos que se encuentran en Tamaulipas, Morelos, Guerrero. Esto para que hechos tan graves puedan ser investigados de manera integral y juzgados de acuerdo con los estándares internacionales en este tipo de casos.
- Seguimiento a nuevas líneas de búsqueda. La Policía Federal realizó en presencia de miembros del GIEI una nueva toma de testimonios de los familiares para completar la información existente. A partir de dichas entrevistas, la Policía Federal se ha comprometido a presentar a los familiares las nuevas hipótesis de búsqueda
- Fragmentación de las evidencias y causas judiciales. Las de mayor dificultad de acceso son, por ejemplo, las inspecciones oculares del gobierno de Guerrero y las fotografías satelitales que la PGR no ha entregado. Además, tampoco ha habido resguardo de evidencias, como los autobuses comerciales en los que viajaban los estudiantes y que fueron baleados. Actualmente se encuentran operando en las empresas de transporte.
- Políticas generales sobre la desaparición de personas. El GIEI espera que pueda aprobarse dicha ley siguiendo una tramitación rápida y adecuada, debido a la importancia que tiene esta problemática en México.
