Veracruz ficha a 20 activistas como “personas peligrosas” durante las elecciones
Antes de las elecciones del domingo 7 de junio la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Veracruz elaboró un informe en el que varias personas fueron identificadas y señaladas -entre ellas estudiantes, maestros de la CNTE y líderes sociales y políticos- como potenciales amenazas a los comicios y estabilidad del estado.
La existencia de ese informe fue denunciada públicamente por activistas, luego del ataque que 48 horas antes de la votación sufrió un grupo de estudiantes de la Universidad Veracruzana por un comando de personas encapuchadas y armadas, caso que sigue bajo investigación y cuyo móvil no se ha esclarecido.
Animal Político tuvo acceso al documento de la Secretaría de Seguridad estatal denunciado por los activistas. Se trata de una presentación titulada “Avance del proceso electoral federal 2015” en donde aparecen, entre otros datos relativos al proceso electoral, una lista de 20 personas la mayoría de ellos con nombre completo y fotografía.
[contextly_sidebar id=”AXBHX8q80MtOLe3eTdUsbExdwOCNGEIf”]En los distintos casos se hace referencia al grupo o institución con la que está ligada la persona y se incluye el motivo por el cual se les considera de interés, desde ser protagonistas de actos vandálicos hasta promotores de abstencionismo. En algunos perfiles se mencionan relaciones con otras personas o grupos.
El gobierno de Duarte ha evitado hasta ahora hacer referencia a los señalamientos públicos hechos por los activistas.
Lo que sí ocurrió el fin de semana, confirmado por este medio, es un encuentro entre Fiscal general del estado Luis Ángel Bravo Contreras con defensores de derechos humanos y víctimas del ataque a los estudiantes, a quienes les dijo que todas las líneas están abiertas y que el motivo del ataque, incluida una posible participación de autoridades, es investigado.
Ignacio, uno de los estudiantes de la Universidad veracruzana víctima del ataque del 5 de junio, sostuvo en entrevista con Animal Político que las condiciones para aquellos que tienen una postura crítica en cuanto a las políticas públicas en el estado no es sencilla.
“Aquí en este estado cualquiera que se solidariza con una causa es visto con un criminal… No estar de acuerdo con algo parecer ser un delito” dijo.
Los estudiantes
La presentación, en la que aparecen los logotipos del Gobierno de Veracruz, de la secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Estatal, describe en la primera parte las condiciones de seguridad en torno a los comicios en el estado y recoge de la prensa datos sobre ataques en contra de candidatos en el país.
Pero en la segunda parte enumera a 20 personas en total que por distintas razones podrían incurrir en un intento de boicot en contra de los comicios o de las instituciones. Los casos más detalles son los de líderes estudiantiles a los que incluso se titula como “anarquistas”.
En primera instancia se menciona a Julián Fernando Ramírez Olivares alias “Canek” estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana (UV) y Bitari Genaro Martínez Romero, perteneciente a la Facultad de Filosofía de la misma casa de estudios.
A Ramírez la SSP le atribuye entre otras cosas agresiones con petardos y proyectiles, pintas y arengas en bloqueos y estar al frente de un grupo de 50 a 100 activistas de quienes no se aporta mayor información.
Además a “Canek” se le señala por “tener vínculos con activistas de izquierda” como literalmente dice el documento y se nombran a seis personas más de los que no se difunden fotografías. Entre esas personas están Juan González Garrido quien es consejero local del Instituto Nacional Electoral de Veracruz.
Los otros activistas supuestamente vinculados con el estudiante son Guillermo Rodríguez Curiel quien preside una ONG ambientalista de nombre Lavida; Guillermo Rodríguez Curiel quien es ex catedrático de la Facultad de Biología de la UV e integrante también de Lavida; el investigador Alejandro José Saldaña Rosas: la defensora de derechos humanos Mayra Ledesma Arronte, así como René Cancino Burfasson y Arturo Hinojosa Loya.
En cuanto a Bitari Genaro, además de identificar su facultad de estudios la SSP le atribuye pintas en edificios públicos y quema de propaganda política del PRI, así como su cercanía con “Canek”.
Los otros estudiantes señalados son Andrea Franco López, estudiante de la Facultad de Comunicación y miembro de la asamblea libre estudiantil de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, e isidro González Valerio quien preside la confederación de Estudiantes y Jóvenes del estado de Veracruz (CEJEV).
Además de calificarlos de “anarquistas” el informe identifica a ambos como participantes activos en marchas y plantones.
Maestros y opositores
Además de los estudiantes y activistas mencionados, la Policía estatal también colocó en el informe a otros personajes a los que señala como instigadores del abstencionismo, todos con fotografía. Entre ellos están Víctor Moreno Bolaños y Sandra Romero Agustín, a quienes señaló como maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizadores activos de manifestaciones, marchas y plantones,
En el caso de Romero Agustín, el informe hace hincapié en que “se ha hecho acompañar de profesores de estados como Oaxaca y Michoacán” sin otros detalles.
También es mencionada María Carolina Eugenio Aragón, ahora ex diputada federal por el Distrito XII de Movimiento Ciudadano, y que según la policía es “activista del Comité de Lucha Magisterial de Veracruz afiliado al CNTE” y participante en manifestaciones, marchas y plantones.
Otros dos integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (cercano a la CNTE) e incluidos en el documento por su supuesto vínculo con “manifestaciones y plantones” son su dirigente Ramón Tepole González y su vocero Zenyazen Roberto Escobar García.
A continuación se mencionan a dos ejidatarios Pascual Lorenzo Ruiz e Inocencio Bautista Luis, a quienes se señala como incitadores de bloqueos y toma de instalaciones debido a la desatención de sus demandas.
La lista la completan cuatro personas que según el informe están vinculadas con “grupos partidistas y organizaciones con móviles políticos”: Bonifacio Aguilar Linda alcalde de Soledad; Rafael Carvajal Rosado, representante del PT ante el consejo local del INE en Veracruz; y finalmente Gerónimo Zárate Rodríguez y Carlos Manuel Sosa, integrantes de la Coordinación Nacional Obrero Popular.
“Nos pasaron factura”
Ignacio tiene quince heridas en el cuerpo que requirieron puntos de sutura, pero lo más grave son las múltiples fracturas en su mano izquierda producto de los golpes que por cinco minutos le dieron con un bate y con un palo con clavos, la madrugada del 5 de junio.
Para el estudiante de 22 años de edad no existe duda de que en la agresión que sufrieron él y otros siete de sus compañeros de la Universidad Veracruzana, que les dejaron heridas que incluso aun requieren cirugías, existe una responsabilidad por acción u omisión del gobierno de Javier Duarte. ¿El motivo? El activismo de los grupos con los que colaboran.
– ¿Crees que defensa les pasó factura?- se le pregunta.
– Si indudablemente nos pasaron factura. Aquí en este estado se da eso, cualquier persona que intenta solidarizarse con los que resisten y una resistencia por demás justa pues empiezan a criminalizarla (…) se desvirtúan esas luchas para hacer pensar a la sociedad en general que activistas y ambientalistas y personas en general que no están de acuerdo con algo son criminales.
En entrevista con Animal Político tras una reunión en el Consejo Estatal de Derechos Humanos, Ignacio recuerda las circunstancias del ataque y subraya que no hay forma de que lo ocurrido hubiera sido “una confusión”. Dice que él y sus compañeros estaban reunidos para festejar el cumpleaños de uno de ellos, pero no había ni música ni otra cosa llamativa que hiciera notar que estaban ahí.
Fueron una decena de personas encapuchadas quienes utilizaron bates de beisbol, palos con clavos salidos y bastones retractiles para destrozar las ventanas de la casa e ingresar al sitio donde estaban los estudiantes. Lo que siguió, fue el ataque en contra de los estudiantes.
Pero además de la agresión, para los estudiantes es clave la intervención que tuvieron los policías estatales que llegaron junto con personas que se hicieron pasar por representantes de Derechos Humanos con la complicidad de los agentes. “Solo nos tomaron fotografías y nos interrogaron sobre si éramos estudiantes, nunca llamaron ni una ambulancia” dijo.
Ignacio reconoció que él y sus compañeros participan en movimientos sociales en contra de políticas públicas y privadas como minería a cielo abierto, la privatización del agua, pero no solo a través de marchas sino de expresiones culturales y de protesta como la música o la poesía.
“Pero aun con los riesgos vamos a seguir alzando la voz porque este es en estado en el que se está secuestrando, asesinando, y no podemos callarnos” añadió Ignacio.
El jueves 18 de junio los estudiantes sostuvieron una reunión de dos horas con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Luis Fernando Perera Escamilla, quien confirmó que el organismo tiene abierto un expediente de queja por la agresión que sufrieron y el posible involucramiento de autoridades del estado.
Posteriormente se realizó un encuentro con el fiscal del Estado, quien según las fuentes consultadas por Animal Político, les dijo que las indagatorias se encuentran en marcha y que no se descarta ninguna posibilidad en el ataque aunque no existe una fecha probable en que se darán a conocer los resultados.
