La evaluación docente “no viola ningún derecho humano”, declara la Corte
[contextly_sidebar id=”Izx7SlHJn87PNEFbIivT9QJWPVF9s8Cl”]La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional las evaluaciones para el ingreso, permanencia y promoción de los maestros porque debe prevalecer “el principio del interés superior del menor y el respeto a su derecho fundamental de una educación de calidad.”
Por unanimidad, los 11 ministros concluyeron que los cuatro artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente que maestros del SNTE impugnaron no violan “el derecho humano a la estabilidad en el empleo” porque, según el ministro presidente Luis María Aguilar Morales, “la permanencia no es un derecho absoluto”.
Sin embargo, los ministros aún deben discutir otros temas. El próximo jueves 23 de junio, discutirán el supuesto de que los cuatro artículos de la legislación secundaria violan el derecho a una audiencia previa y restringen el derecho constitucional a la libertad del trabajo.
Los profesores inconformes argumentan que la reforma Educativa y sus leyes secundarias violan el derecho a la estabilidad laboral, toda vez que se hace obligatoria la evaluación a los maestros y éstos pueden perder su empleo si después de tres intentos, reprueban los exámenes.
Los amparos incluyen la reforma al artículo 3ro Constitucional y las leyes secundarias como las modificaciones a la Ley General de Educación, del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) y la del Servicio Profesional Docente, promulgadas el 11 de septiembre de 2013.
El grupo disidente del sindicato magisterial llevó el caso hasta el máximo tribunal del país desde el 25 de marzo de 2014 para su revisión, luego de que tribunales locales dictaron sentencia en su contra.
Antonio Castro López, secretario general del Comité Ejecutivo Democrático del SNTE, aseguró que de encontrar una negativa en la Corte, acudirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los 400 mil maestros que representa en un grupo disidente ajeno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), agotará todas las vías posibles para defender su derecho a la permanencia en el trabajo y conseguir un “nuevo modelo educativo”, sin evaluaciones docente “punitivas”.
