Guadalupe Hernández: el candidato investigado por peculado que evade la rendición de cuentas
Esta nota es parte de la investigación Se busca fuero, en la que Animal Político encontró a nueve candidatos a una diputación federal amparados ante la posible responsabilidad en algún delito y de cuyas consecuencias podrían librarse si ganan una curul.
[contextly_sidebar id=”CCHBefYnsifv2t0N3nf3zGGtwmd1cmIQ”]La candidatura por la coalición PRD–PT de Guadalupe Hernández a diputado federal por el distrito 7 en Michoacán, sobrevivió gracias a dos triunfos en los juzgados, uno de ellos para detener —por ahora— un proceso penal en su contra por peculado (malversación de fondos), y otro para impedir que un consejo ciudadano investigue su gestión como funcionario.
El Doctor Hernández o “Lupo” Hernández, como se le conoce en Michoacán, fue secretario de Salud estatal durante la administración del gobernador Leonel Godoy y hasta 2012 estuvo en ese cargo. Los cuestionamientos comenzaron cuando los resultados del análisis de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior de Michoacán a la cuenta pública 2013 arrojaron 41 irregularidades graves en el manejo de recursos de la secretaría a su cargo, destinados al Seguro Popular o la compra de medicamentos. El posible desvío de recursos se estima desde los 800 millones hasta los 13 mil millones de pesos.
En agosto de 2014, la Procuraduría de Michoacán consignó la averiguación previa 135/2013-X-3 por peculado en contra de Hernández. El ahora candidato interpuso como respuesta la demanda de amparo II-790/2014, que fue turnada al juzgado Noveno de Distrito para su resolución.
La sentencia revisada por Animal Político concluyó que la acusación en contra del exsecretario de salud era violatoria, ya que “no se tomaron en cuenta sus pruebas antes de mandar el expediente al juez”, por lo que se ordenó dejar sin efecto la consignación y reiniciar una investigación que hasta hoy continúa.
Otra situación que enfrentó Hernández fue la creación de un Consejo Ciudadano impulsado por el actual gobierno michoacano. Con él se pretendía revisar de forma independiente la deuda pública de la entidad. Esta revisión apuntaba a malos manejos de dinero de funcionarios en la administración de Leonel Godoy.
Hernández consideró que esa acción ciudadana era “violatoria de sus derechos humanos” e interpuso una demanda de amparo. El juez federal concluyó que no había sustento constitucional suficiente para un consejo que investigara los recursos públicos.
