Los exgobernadores de Zacatecas, Amalia García y Ricardo Monreal, prestaron mdp sin garantías a familiares y empresarios
[contextly_sidebar id=”enaVASbhcnLXuIV7UT6NM50xVITh0MZU”]Durante las administraciones de los exgobernadores de Zacatecas Ricardo Monreal y Amalia García se otorgaron 135 créditos por 123 millones 492 mil 83 pesos –sin garantías, soporte documental o facultades constitucionales para hacerlo- a familiares, exfuncionarios, periodistas y empresarios locales.
Hasta el momento, el gobierno en turno -encabezado por el priista Miguel Alonso Reyes- sólo ha podido recuperar menos de la mitad de los recursos otorgados y la lista actualizada contempla 105 expedientes por 56 millones 255 mil 235 pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Finanzas local (Sefin) obtenida a través de transparencia.
En 90 casos, equivalentes a 41 millones de pesos, no existe documentación soporte para realizar el cobro; en 7 más -que representan un monto global de 2 millones 400 mil pesos- el gobierno “negocia” el pago para recuperar el capital; en otros 8, por más de 12 millones de pesos, ha sido necesario llevar el asunto a tribunales porque los deudores se niegan a pagar.
Los préstamos van desde los mil 500 pesos hasta los 15 millones de pesos. En algunos casos datan de hace 16 años –cuando Monreal era gobernador- y figuran en los libros contables en la partida denominada “Deudores Diversos”.
Entre los créditos que no han sido recuperados están los otorgados a Laura Rocío Macías Huizar, exsecretaria del exsecretario particular de Amalia García; al expresidente del PRD, Gerardo Romo Fonseca; a la sobrina de la exgobernadora, Janet Garay Medina; al dirigente de la Comercializadora de Frijol, Martín Vaquera Huerta; al empresario fundador de Cesantoni, Pablo Carlos Reimers Morales; y a la candidata del PRI-PVEM a diputada federal, Claudia Anaya Mota.
Secretaría de Finanzas no puede entregar créditos, pero lo hace
La entrega de créditos está fuera de las facultades de la Sefin, pero es una práctica común.
“La Ley nunca ha permitido hacer préstamos a particulares (…) Esa práctica de los préstamos a particulares no es un asunto de Amalia García, ni de Ricardo Monreal o de Arturo Romo (todos exgobernadores de Zacatecas), incluido el actual gobernador”, dijo Javier Calzada, quien fue el último secretario de Finanzas de la exgobernadora perredista.
De acuerdo con el exfuncionario, el procedimiento era simple: se planteaba la solicitud, se hacía contrato de mutuo y luego el pagaré para posteriormente entregar el préstamo.
El problema es que en 90 casos no existen ni contratos ni pagarés. Esto ha sido el principal impedimento para que 41 millones de pesos regresen a las arcas estatales, a pesar de que consta la salida del dinero en los libros contables.
“No encontramos mucha documentación al respecto. Simplemente los registros contables y en algunos casos copias de mutuo, donde se otorgaban los préstamos a estas personas. La gran mayoría viene sin costo financiero y todos están vencidos en su fecha de pago”, explicó Fernando Soto Acosta, actual secretario de Finanzas del gobierno de Zacatecas.
Sin embargo, los documentos existían.
En 2006, la Auditoría Superior del Estado (ASE) dijo que las operaciones contenidas en la cuenta “Deudores Diversos” estaban soportadas con documentos.
Dos años después, en el informe de resultados de la cuenta pública, el órgano fiscalizador observó que el balance no estaba depurado y presentaba saldos de administraciones anteriores.
Las recomendaciones para que se realizaran las conciliaciones no fueron atendidas y dos años después, poco antes del cambio de gobierno, el entonces auditor Jesús Limones Hernández detectó irregularidades y solicitó a Secretaría de Finanzas de la administración 2004-2010 que aclarara y presentara la documentación que respaldara los adeudos, aunque la solicitud fue solo por 5 millones 494 mil 724 pesos.
Las observaciones derivaron en la promoción para el fincamiento de responsabilidades administrativas. Los exsecretarios de Finanzas durante la administración de Amalia García, Jorge Miranda y Javier Calzada, ni siquiera se enteraron. Jesús Limones Hernández ocupó el cargo de 2005 a 2012 y al momento de su nombramiento era inelegible para el cargo porque era diputado suplente por el PRD.
Los casos
Solicitar un préstamo puede ser un trámite engorroso en la banca comercial, no así con el gobierno de Zacatecas.
De acuerdo con el simulador de crédito personal de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, obtener un préstamo de 480 mil pesos a dos años significaría un pago total que va de 568 mil 468 pesos a 781 mil 665 pesos con intereses incluidos, dependiendo del banco de su elección.
Previamente la institución bancaria coteja el historial crediticio del interesado, su nivel de ingresos y las referencias personales.
Sin embargo, el gobierno de Zacatecas no siguió protocolo alguno. Por ejemplo, no hubo necesidad de verificar el historial crediticio del exsecretario general del gobierno estatal, Luis Gerardo Romo Fonseca, quien obtuvo un préstamo de 480 mil pesos de la Sefin a dos años sin intereses. Tampoco presentó referencias personales o sus talones de nómina.
De acuerdo con el exsecretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, bastó una llamada de la exgobernadora Amalia García Medina para autorizar el crédito: “entonces (Gerardo Romo) era el secretario General de Gobierno. Estaba por encima de la responsabilidad de un servidor y seguramente fue otorgado personalmente por la gobernadora. Yo no autoricé el pagaré”.
Gerardo Romo Fonseca fue dirigente estatal del PRD en el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2008 al 7 de marzo de 2010, cargo del que se separó para asumir la Coordinación General de Campaña del entonces candidato perredista a la gubernatura, Antonio Mejía Haro. De 2010 a 2013, Romo Fonseca fue diputado plurinominal por el PRD. Actualmente se mantiene alejado de la vida política.
El recurso no solo no ha ingresado a la Tesorería del Estado, sino que el exfuncionario niega haberlo recibido: “Es la primera noticia que tengo del crédito. Hice las aclaraciones respectivas cuando fui diputado (60 Legislatura, 2010-2013) y no tengo nada más que decir”, dijo en breve entrevista telefónica.
El caso de Gerardo Romo está en litigio aunque dice no haber sido notificado.
La exgobernadora Amalia García Medina desconoció la autorización de este préstamo.
El de Gerardo Romo es uno de los ocho casos que suman 12 millones de pesos que el gobierno de Zacatecas intenta recuperar en tribunales.
Otro es un préstamo por 2 millones y medio sin intereses autorizado en 2008 a Francisco Dick Neufeld, cuando se desempeñaba como diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN).
En noviembre de 2010, el entonces Contralor Interno del Gobierno estatal, Guillermo Huizar Carranza, denunció irregularidades por casi mil 500 millones de pesos durante los últimos dos años de la administración de la perredista Amalia García Medina, entre ellos la entrega de créditos a particulares.
En el caso de los 5 millones de pesos que el gobierno de Amalia García facilitó al empresario Pablo Carlos Reimers Morales, fundador de la compañía de cerámica Cesantoni, la situación es todavía más confusa.
De acuerdo con la exgobernadora García Medina el préstamo se realizó luego de un análisis minucioso de la situación financiera de la empresa frente a un eventual cierre con el que desaparecerían 2 mil empleos.
“Estábamos en una situación límite. Cuando el empresario plantea la posibilidad de cerrar inmediatamente ordené que se realizara un diagnóstico y el riesgo era alto: dejar a 2 mil familias sin empleo ¿qué podría significar? Migración, dejarlos a la deriva porque estaban en una situación muy complicada o algo que está golpeando a todo el país, incluso en seguridad. Y se le prestó. (Reimers Morales) se comprometió a pagar”, dijo la actual diputada federal.
Sin embargo, Pablo Carlos Reimers falleció el 29 de enero de 2014 y su hijo, Yaco Reimers Campos, director actual de la empresa, niega que se haya tratado de un préstamo: “El gobierno nunca nos ha otorgado un crédito. Hace unos años, hubo un estímulo para el desarrollo económico con fundamento en la Ley Orgánica, y tan fue estímulo que nunca ha habido un requerimiento por parte de gobierno del estado”, dijo.
Sin embargo, los estímulos y préstamos para los empresarios locales provienen del Fideicomiso Fondo Plata, a cargo de la Secretaría de Economía, y no de Finanzas.
En otro caso, 23 millones de pesos fueron entregados a la familia de empresarios Guadalupe Bañuelos, Sandra Iliana Bañuelos y Jonathan Bañuelos, de Grupo Constructor Plata, quienes pagaron el saldo en una sola exhibición el 30 de septiembre de 2010, apenas unos días después de realizarse el cambio de gobierno.
Durante la administración de Monreal Ávila, Grupo Constructor Plata recibió contratos por 3 mil 700 millones de pesos a través de la Junta Estatal de Caminos.
El crédito más antiguo, por 84 mil 550 pesos, está fechado el 4 de febrero de 1999 y fue otorgado por Ricardo Monreal al periodista Alejandro Araujo, propietario del semanario Ángulos.
¿Algún sancionado?
Ningún funcionario ha sido sancionado por otorgar créditos fuera de sus facultades a particulares ni tampoco por la desaparición de los documentos que amparan la entrega de los recursos.
“Nosotros no tenemos relación con particulares. El señalamiento que hicimos no era que debieran pagar. La observación que hicimos es en el sentido de que sin tener atribuciones legales prestaron dinero y por ello los secretarios de Finanzas y la gobernadora fueron sujetos a un proceso administrativo de responsabilidades que fue derribado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia”, explicó Guillermo Huizar, hoy secretario de la Función Pública.
A finales de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto el procedimiento sancionador de responsabilidad administrativa en contra de la exgobernadora de Zacatecas Amalia García porque el artículo 33 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas no cumplía con el refrendo del secretario del ramo, establecido como requisito de validez para las leyes y decretos.
La SCJN no prejuzgó las acusaciones contra la exmandataria por el presunto manejo irregular de recursos: “No fueron sancionados no porque no hubieran cometido la irregularidad; lo que pasa es que el instrumento para sancionarlos fue declarado inconstitucional y debido a un “detalle administrativo” es cierto que en Zacatecas virtud la sentencia de la Corte se generó un clima de impunidad durante mucho tiempo”, según Huizar.
En el caso de Ricardo Monreal no hubo proceso.
Hoy, los responsables de facilitar créditos millonarios en Zacatecas se desempeñan en otros cargos: Jorge Miranda Castro dejó la Secretaría de Finanzas en 2010 para buscar una diputación local por la coalición “Zacatecas nos Une”, conformada por los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y actualmente es asesor del Ayuntamiento capitalino.
Javier Calzada encabezó la secretaría en los últimos seis meses de gobierno después de ser diputado federal y fue precandidato perredista a la gubernatura de Zacatecas. El exauditor Jesús Limones Hernández es director del Instituto Tecnológico de Jerez.
Actualmente, Monreal Ávila es el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional a la jefatura delegacional en Cuauhtémoc y García Medina es presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados.
*Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, proyecto impulsado por el International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con Connectas.
