10 claves del porqué México retrocedió 10 años en libertad de prensa
[contextly_sidebar id=”0h0rgpDXfb0f8eVlJYw98muH07sOTLpU”]A tres días del asesinato el pasado 4 de mayo del periodista veracruzano Armando Saldaña, el número 84 a nivel nacional desde el año 2000 a la fecha, la organización civil Freedom House presentó ayer jueves 7 de mayo su informe relativo al año 2015, en el que destaca que la libertad de ejercicio periodístico en México ha sufrido un retroceso de una década.
En el documento Freedom of the Press 2015, la organización refiere que en el índice de libertades, en el que 0 es la mejor puntuación y 100 la peor, México obtuvo 63 puntos. La peor cifra desde el año 1995.
Asimismo, Freedom House resalta que México es uno de los 65 países catalogados como “no libres” para ejercer el periodismo, compartiendo este ranking con otras naciones como Rusia, China, Honduras, Corea del Norte, Irán, o Siria.
“México continúa siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas y comunicadores”, recalca el informe.
Animal Político detalla las 10 principales claves por las que, de acuerdo con el informe, se ha producido un retroceso en la libertad de prensa en México.
Violencia criminal, la peor amenaza
El informe Freedom of the Press 2015 subraya que la violencia criminal en México constituye “la peor amenaza al periodismo independiente en el país”, y cita al respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), órgano autónomo que tiene registro de 88 periodistas y trabajadores de los medios asesinados en el periodo comprendido entre el año 2000 y abril de 2014. Por su parte, Artículo 19 lleva contabilizados 84 homicidios de comunicadores, entre 2000 y lo que va de 2015.
“Año con año, México es testigo de cientos de ataques a periodistas y medios de comunicación. Y aunque no todos terminan en homicidio, muchos de ellos son aparente resultado de actos de funcionarios corruptos o que abusan de su poder”, plantea el informe, en el que se recuerda, entre otros, los casos del periodista Gregorio Jiménez, asesinado en febrero de 2014 en el estado de Veracruz; y el de Octavio Rojas, corresponsal de policiaca del diario El Buen Tono, quien también apareció asesinado en Cosolapa, municipio oaxaqueño limítrofe con Veracruz.
Agresiones en la cobertura de manifestaciones
En 2014, Freedom House resalta que tanto reporteros como trabajadores de medios de comunicación fueron “víctimas frecuentes de agresiones o detenciones temporales” durante la cobertura de las numerosas manifestaciones, en las que se protestó por los graves abusos contra los derechos humanos y la ley de Telecomunicaciones
Ataques a instalaciones de medios
Las oficinas de varios medios de comunicación del país fueron objeto de ataques a lo largo del año. Freedom House expone el ataque contra el corresponsal de radio comunitaria, Indalecio Benítez. El incidente ocurrió en agosto afuera de la estación, misma que se encontraba muy cerca de su casa, y cobró la vida de su hijo. En septiembre, la periodista Karla Janeth Guerrero Silva, que solía criticar los servicios públicos de la localidad, recibió una golpiza brutal de hombres armados que irrumpieron en las oficinas de un periódico de Silao, Guanajuato.
Más autocensura
La prevalencia de las amenazas y de la impunidad de los perpetradores han ocasionado que “la autocensura aumente y se extienda incluso a zonas no consideradas focos de violencia asociada a las drogas, tales como Zacatecas y los municipios que rodean al Distrito Federal”.
En este apartado, se resalta también el caso de Tamaulipas, estado donde presuntamente se ha asesinado a una docena de periodistas desde el año 2000, y en el que “las notas sobre temas de criminalidad se han visto fuertemente limitadas en los medios tradicionales”.
“(Ante esta situación) la ciudadanía recurre de forma anónima a las redes sociales para compartir información sobre la violencia local, la actividad delictiva y personas desaparecidas”, revela el informe.
Ley Federal de Telecomunicaciones, nuevo flanco de amenazas
Para Freedom House, la promulgación en julio pasado de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión “abrió un nuevo flanco de amenaza para la libertad de expresión”.
“Si bien esta ley permite mayor competencia en ambos sectores, también le otorga el gobierno la facultad de monitorear y suspender la actividad en Internet durante actos de protesta”, advierte la organización.
Además, el informe recuerda que esta ley autoriza al gobierno a geoposicionar y rastrear el uso de teléfono celulares en tiempo real y obliga a las compañías de internet a conservar información sobre los usuarios sin que sea necesaria la supervisión de un juez.
“En teoría, esos registros de información permitirían que las autoridades identificaran o monitorearan a los informantes, a los contactos de los periodistas y a individuos que participen en actos de expresión política”, apunta el informe.
Radios comunitarias e indígenas, en situación más precaria
Asimismo, Freedom House apunta que si bien la Ley de Telecomunicaciones promueve la competencia en un sector dominado por el duopolio Televisa-TV Azteca, continúa existiendo la preocupación de que esta competencia siga controlada “por unos cuantos grupos comerciales de gran tamaño, mientras que las estaciones de radio no comercial se encontrarían en una situación jurídica y financiera aún más precaria”.
“Las estaciones de radio comunitarias, que sirven a comunidades que sufren marginación política y económica, normalmente son objeto de clausura por alegatos de transmisión ilegal, lo cual se debe frecuentemente a presiones de compañías de medios más poderosas o de intereses políticos y comerciales que se sienten amenazados por contenidos difundidos por esas estaciones”, puntualiza el informe.
Más amenazas a comunicadores
Las intimidaciones a periodistas han aumentado en México en los últimos años. Freedom House recuerda que en el mes de marzo fue allanada la casa de Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19 que se dedica a defender la libertad de prensa. Asimismo, expone el caso de Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras, quien recibió amenazas telefónicas en su oficina, en el mismo mes.
Presiones de diferentes actores para manipular contenidos
La organización civil apunta que los medios de comunicación en México enfrentan presiones de diversos actores “que pretenden manipular el contenido noticioso e impedir su publicación”.
Entre esos actores se encuentran los dueños de agencias que defienden agendas políticas o de negocios, importantes publicistas que buscan recibir cobertura positiva o neutral, y funcionarios gubernamentales.
Interferencia en la creación de publicaciones críticas
Freedom House advierte que las autoridades estatales y locales o sus aliados “interfieren en ocasiones con la producción y distribución de nuevas publicaciones de carácter crítico”. En este sentido, apunta que en septiembre de 2014 en Quintana Roo, un juez federal ordenó al gobernador del estado, Roberto Borge, detener la creación de portadas falsas para la revista Luces del Siglo, así como su distribución en las redes sociales.
Publicidad para manipular coberturas
El informe refleja que, en el mes de marzo, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias informó que funcionarios del gobierno de México “aplican criterios discrecionales” para la erogación federal y estatal de unos 12 mil millones de pesos en publicidad oficial.
“Dichos fondos han sido utilizados para configurar políticas editoriales y promover agendas partidistas y personales. La asociación descubrió que muchos de los medios de comunicación manipulaban la cobertura para obtener contratos de publicidad más favorables de parte del gobierno”, señala Freedom House.
