La de energías verdes, la única ley que falta de la reforma energética
[contextly_sidebar id=”7RfLYWPzos2Htl3mgFJ0xOPz7Zo85GAL”]La única ley vinculada a la reforma energética que no ha sido aprobada en el Congreso es la que promueve la protección del medio ambiente y establece reglas para el uso de energías renovables. Y ahora que el periodo ordinario de sesiones llegó a su fin la Ley de Transición Energética se quedó atorada en el Senado.
El plazo legal –según lo establecido en la reforma constitucional– para que esa Ley fuera aprobada venció el 20 diciembre pasado y aunque en Diputados pasó apenas cuatro días antes de esa fecha y el Senado se comprometió a sacarla en este periodo ordinario, todo quedó en promesa.
Organizaciones de la sociedad civil persiguen desde hace meses a los legisladores para que den paso a esta ley porque México tiene pendiente el marco regulatorio para promover el uso eficiente de energía, disminuir la generación de gases de efecto invernadero y disminuir la huella de carbono; pese a que éstos son objetivos de la reforma energética aprobada en diciembre de 2013.
Entre los temas pendientes en la Ley de Transición Energética están los montos mínimos de participación de energías renovables para la producción de energía eléctrica: 25% en el 2018; 30% en el 2021; 35% para el 2024 y 60% para el año 2050.
Además de estas metas, la ley ofrece garantías para propiciar la inversión en la industria de energías limpias, por lo que se calcula que para el 2024 se generarán al menos 90 mil empleos directos.
Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) de cumplirse las metas de generación de energía se podrían reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) hasta por 30 y 50 millones de toneladas de bióxido de carbono; lo que permitiría transitar hacia una economía bajo en emisiones de carbono.
“Con el desarrollo de las energías renovables se limitaría hasta en un 65% la explotación de los hidrocarburos convencionales y no convencionales a través de técnicas con fuertes impactos negativos sobre el medio ambiente y la población”.
Otras ventajas de tener un marco regulatorio que priorice el uso de energías limpias es la reducción en los montos a pagar en el recibo de luz, pero sobre todo, propiciar que México cumpla con sus metas internacionales de mitigación de GEI.
Apenas el 27 de marzo pasado el Estado mexicano presentó ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) las metas y compromisos sobre reducción que son de 22% para el 2030 tomando en cuenta los niveles de 2013.
Según el CEMDA y otras organizaciones y centros de estudio como Inteligencia Pública, Greenpeace y Fundar; si el Senado no aprueba la Ley de Transición Energética no hay forma de cumplir con esos compromisos, pues para lograrlo es necesario tener un marco regulatorio para impulsar la disminución de emisiones que se generan en la producción de energía, entre otras cosas por la quema de combustibles fósiles.
Esta ley atorada en el Senado también generaría instrumentos para que cualquier persona, industria o negocio pueda generar y vender su propia electricidad y crearía el Programa de Redes Eléctricas Inteligentes para fortalecer y expandir la infraestructura de transmisión y distribución de electricidad.
La Ley de Transición Energética debe ser una sustituta de la Ley de Aprovechamiento Sustentable de la Energía y Financiamiento a la Transición Energética y la Ley de Aprovechamiento Sustentable de Energía, las cuáles ya no son prácticas ni útiles para el sector energético del país.
