5 fallas del gobierno mexicano en el caso Iguala, según los expertos de la CIDH
[contextly_sidebar id=”STxJqGfYo0UJr3XI98XhlD2NiD0vKkXe”]Con base en los testimonios y cruces de información sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDHM) concluyeron que las autoridades supieron desde el inicio que los jóvenes detenidos, y posteriormente desaparecidos, eran estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Esto contradice las conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR) -como parte de la “verdad histórica”- en la que sostenían que integrantes de “Guerreros Unidos” confundieron a los estudiantes con miembros del grupo opositor “Los Rojos”.
En conferencia de prensa al dar a conocer su tercer informe, los expertos informaron que las autoridades mexicanas han obstaculizado las entrevistas con miembros del 27 batallón del Ejército, que serán indispensables para contrastar los testimonios sobre la participación de los militares.
Las fallas encontradas a siete meses de lo ocurrido es que:
– Fragmentación de la investigación: Hay más de 13 causas penales en seis juzgados de distintas ciudades del país (Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca, Jalisco), en tanto que los presuntos responsables se encuentran en prisiones de otras ciudades (Tepic, Jalisco, Altiplano). Por lo que se sugiere unificar la investigación para que no se pierda la visión integral de los hechos.
– Omisiones para investigar todos los delitos cometidos: tortura, obstrucción a la justicia: Los delitos a investigar configuran el delito de desaparición forzada, no de secuestro, pero también se presentaron otras graves violaciones de derechos humanos y delitos, entre ellos: 1) tortura (por ejemplo, en el caso de Julio César Mondragón Fontes), 2) tentativas de homicidio, 3) encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 4) uso no adecuado de la fuerza, 5) lesiones y amenazas, que sufrieron los normalistas sobrevivientes. Estos delitos también deben ser adecuadamente investigados
– Falta de atención integral a víctimas: El GIEI elaboró un pliego de sugerencias para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre la atención a personas heridas, familiares de personas asesinadas y de los 43 desaparecidos. Entre las sugerencias se incluye: 1) Tener un mapeo completo de las víctimas del caso, que no se ha realizado a 7 meses de los hechos. 2) Dar pasos progresivamente para acercarse a las víctimas y familiares para generar confianza. 3) Hacer una propuesta de atención a las víctimas e informarles de sus derechos de forma personalizada.
– Falta de atención en salud a los casos graves: Sobre la atención en salud a Aldo Gutiérrez y sus familiares, el acuerdo hecho por los familiares y la Secretaría de Gobernación en presencia del GIEI en cuanto a tener una rápida segunda opinión, está pendiente de cumplimiento.
– Ineficiente protocolo para la investigación del delito de desaparición forzada: El GIEI hizo recomendaciones sobre el proyecto de “Protocolo Homologado para la investigación del delito de desaparición forzada” de la PGR, para la búsqueda de los desaparecidos sea una prioridad y no secundaria a la investigación de los responsables. El Protocolo debe tener una formulación de objetivos clara y explícita y estar orientado a dar respuesta rápida, coordinada y eficaz en los casos nuevos y en los ya existentes, aplicando criterios de actuación diligente, coordinación entre autoridades e incluyendo un análisis del contexto y modus operandi de los perpetradores para determinar la estrategia de búsqueda, investigación y reparación en estos casos.
A mes y medio de que un grupo de expertos enviados por la CIDH iniciara una investigación independiente sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, integrantes del grupo interdisciplinar de expertos independientes informó que continúa gestionando las entrevistas con el persona militar de Batallón 27.
“Inicialmente, las autoridades sugirieron que dichas entrevistas se hicieran a través de la PGR; posteriormente se informó que esto no era posible a través de la Procuraduría, y que tendremos una respuesta en los próximos días. El GEI enfatiza que no pidió entrevistar a los miembros del batallón a través de la PGR, sino de manera directa”, indicaron.
Carlos Beristain, integrante del grupo, informó que entrevistará a María de los Ángeles Pineda, esposa del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, a fin de mes, toda vez que su testimonio aportará elementos para continuar con la búsqueda de la “verdad histórica”.
Claudia Paz, integrante del GEI, exhortó a las autoridades mexicanas a investigar los delitos de desaparición forzada, no de secuestro, y también otros como la tortura, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, así como uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes.
Entre las recomendaciones de los expertos para continuar con la investigación está “evitar la fragmentación de la investigación”, toda vez que existe “una dispersión tanto de los procesos como de la consignación de presuntos responsables con el caso”, por lo que sugieren que se unifique la investigación para que no se pierda una visión integral de los hechos.
