Falla el monitoreo de la Segob para detectar tratantes de personas
[contextly_sidebar id=”2BIdGgNtgjTFZQN3m8EFhjZ1bvGSBono”]Tras un año de monitorear distintos medios de comunicación, la Secretaría de Gobernación (Segob) reportó que ha detectado 403 anuncios clasificados a través de los cuales, presuntamente, el crimen organizado intentaba enganchar a víctimas de trata de personas.
Sin embargo, la identificación de estos 403 anuncios clasificados nunca derivó en la apertura formal de una sola averiguación previa por parte de la Procuraduría General de la República debido a que, tal como informó la misma PGR, estos anuncios en realidad no buscaban a víctimas de trata, sino a empleadas para puestos de “gorditas” y “antojitos mexicanos”.
Desde hace un año, la Secretaría de Gobernación inició la revisión de anuncios laborales que se difunden a través de medios de comunicación, luego de en el Diario Oficial de la Federación fuesen publicados los “Lineamientos para la vigilancia y monitoreo de los anuncios clasificados”, el 12 de abril de 2014.
Estos lineamientos establecen que es obligación de la Segob realizar “un monitoreo diario de los anuncios clasificados que se transmitan a través de los distintos medios de comunicación” y, en caso de identificar alguno que promueva o propicie la trata de personas, deberá reportarlo a la PGR “de manera inmediata”.
Por su parte, la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas confiere a la PGR la obligación de procesar penalmente no sólo a aquellas personas que participen directamente en la trata de personas, sino también “a quien dirija, gestione o edite un medio impreso, electrónico o cibernético que publique contenidos a través de los cuales facilite, promueva o procure cualquiera de las conductas delictivas” contempladas en dicha Ley.
No obstante, desde que fue puesto en marcha, este mecanismo de monitoreo no ha logrado funcionar adecuadamente, tal como señala Nelly Montealegre, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la PGR.
“La Secretaría de Gobernación tiene basta experiencia en temas de monitoreo, a eso se dedican ellos, pero están muy focalizados a ciertos temas, a ciertos objetivos –señala la fiscal, en entrevista–, y cuando hablamos de trata de personas, que es uno de los delitos más nuevos (en la legislación mexicana), entonces puede que todo suene a trata, o puede que estemos dejando pasar algunos detalles“.
Este desconocimiento en torno al significado y alcances de la trata de personas, señaló Montealegre, pudo ser constatado en 2014, durante los acercamientos que la fiscalía a su cargo tuvo con la Subridrección de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, a cuyo personal encargado de la revisión de medios “les asustaba creer que ellos iban a ser los denunciantes, y decían, por ejemplo: ‘yo, la que está monitoreando, voy a ser la que va a denunciar al director o al editor de un periódico de circulación nacional’… eso les asustaba muchísimo, se preguntaban si tendrían que acudir al MP, si el denunciado iba a saber su nombre, su identidad, se preguntaban si les iba a pasar algo”.
–¿Qué tipo de gente es la que realiza este monitoreo? –se pregunta a la fiscal.
–Son gente muy joven, con una edad promedio de 30 años… y sí, estaban asustados, tenían temor ante el desconocimiento del proceso, ese día salieron muy conflictuados, decían cosas como “imagínense que el director de un medio se vaya a la cárcel por mi culpa”.
–Y, ¿cuál fue la respuesta de ustedes, en la Fiscalía, ante esa reacción?
–En primera, nosotros les dijimos (a los monitores de Gobernación) que tenían que cumplir con su trabajo, y les pedimos que se pusieran en los zapatos de la víctima, “si ustedes se sienten así”, les dije, “imagínense cómo se sienten las víctimas cuando tienen que plantarse frente al probable responsable del delito”.
Así, explicó Montealegre, lo primero que se tuvo que aclarar al personal de la Segob fue que realizar el monitoreo no los convertía en denunciantes de ningún delito, y que en caso de que algún reporte derivara en una averiguación previa, ésta sería promovida directamente por la PGR, por lo que la seguridad e identidad de los encargados del monitoreo está garantizada de antemano.
Sin embargo, el temor de verse involucrados en un proceso penal en contra de un directivo o editor de medios no fue el único reflejo del desconocimiento que, entre el personal de la Segob, se tiene acerca de la trata de personas.
El reflejo más grande de este desconocimiento es que, un año después de haber emprendido este monitoreo, el personal de Gobernacón no ha localizado ningún anuncio que realmente fomente prácticas reconocidas como trata de personas, como la explotación sexual o la laboral, aún cuando, según afirma la fiscal especial contra la Trata, ésta es una práctica común, especialmente en medios de comunicación estatales y municipales.
Gorditas, antojitos, tortillas, ropa…
Según el oficio SNM/CAJ/026/2015, emitido por la Secretaría de Gobernación el 13 de marzo de 2015, esta dependencia federal “ha detectado 172 anuncios en diversas emisoras de radio y distintos canales de televisión, y 231 en diversos diarios, que por su contenido pudieran presumir la comisión de alguno de los delitos a que se hace referencia en el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas“.
Emitido a partir de una solicitud de información pública, este oficio de Gobernación también anuncia que la dependencia no revelaría los datos específicos en torno al tipo de anuncios detectados, ni sobre los medios de comunicación en que fueron difundidos, debido a que “es información confidencial”.
Según Gobernación, de entregar esta información a Animal Político, se “alertaría a la delincuencia organizada y/o al medio de comunicación, de que están siendo investigados por la posible comisión de algún delito (…) provocando eventualmente que desmantelaran el lugar donde están cometiendo el delito”.
Sin embargo, al ser consultada la otra dependencia federal que forma parte de este mecanismo de vigilancia de anuncios clasificados, la PGR, este organismo aclaró que los reportes generados por Gobernación no derivaron en ninguna averiguación previa contra grupos de la delincuencia organizada, ni contra nadie más, porque no tienen nada que ver con el delito de trata… o con cualquier otro delito.
Por ejemplo, uno de los anuncios clasificados que con mayor reiteración fue señalado por Gobernación como un presunto caso de enganchamiento para trata de personas, es aquel publicado en uno de los medios impresos más leídos en el Valle de México, y que reza: “Cocina ‘Mi negrita consentida’ ofrece desayunos, comidas, antojitos mexicanos. Nuestra especialidad: huaraches y gorditas…”
Como ese tipo de anuncios, abundó la fiscal, “hay varios casos (en reportes de Gobernación, cuyos monitores) nos dijeron que, como se ofertaban ‘gorditas’, ése era el criterio que seguían” para identificarlos como casos de trata.
En los reportes de Gobernación, reitera Montealegre, “hay varios anuncios de ese tipo de fondas”.
Otro de los anuncios que de forma repetida presentó Gobernación como un caso de trata, continuó la fiscal, es el que dice: “Trajes de baño mujer, marca Arenal original, sólo 70 pesos”.
Este anuncio, afirma Montealegre, “es un anuncio de venta de ropa, y nos lo han mandado muchas veces (los monitores de Segob), y esto es porque, por estrategia de ventas, el anunciante publica el mismo anuncio en varios periódicos, o durante varios días a la semana… entonces, tengo varios reportes de los trajes de baño”.
Otros ejemplos de los anuncios reportados por Gobernación como presuntos casos de trata son: “Tortillería solicita personal de ambos sexos”, “Estilista, dama competente de 18 a 28 años sepa de todo, sueldo según aptitudes”, además de que también incluyó en su lista de presuntos tratantes a personas que, en realidad, buscaban encuentros sexuales personales, tales como “Hombre bigotón, varonil, desea conocer hombre para encuentros”.
En los 403 casos de reportes generados por Segob, explicó la fiscal Montealegre, la Procuraduría General de la República realizó una verificación, después de la cuál sólo 16 anuncios fueron identificados como casos en los que realmente se podía presumir que existiera trata de personas y en los que se inició un “acta circunstanciada”.
Sin embargo, tal como informó la misma fiscal, de esas 16 actas circunstanciadas, ninguna contó con elementos reales para la apertura de una averiguación previa; es decir, ninguna derivó en el inicio de una indagatoria penal formal y, por el contrario, éstas han sido descartadas.
Ese es el caso del anuncio que rezaba: “Cazador de talentos busca modelos, ingresos altos mensuales, empresa seria de televisión”, por el cual se inició un acta circunstanciada, que luego se desechó, al comprobarse que, efectivamente, se trataba de un agente en busca de modelos, para para ofrecerles trabajos legítimos.
Aún así, afirmó la fiscal, el trabajo realizado por los monitores de Gobernación fue “correcto”, ya que “siempre es mejor que entreguen el grueso de la información, y aquí, en la PGR, nosotros depuramos, porque de no hacerlo habrían cometido un error. Si el monitor tiene dudas acerca de si un anuncio es o no un caso de trata, lo adecuado es que nos presente el caso y nosotros lo revisamos. Y eso es lo que pasó: por ello ellos generaron un bloque muy alto (de 403 reportes) y nosotros nos quedamos con un bloque muy pequeño (de 16 actas circunstanciadas)”.
Epílogo: ahí estan…
El monitoreo de anuncios clasificados es una de las más importantes labores orientadas a prevenir y a erradicar la trata de personas, explicó Montealegre, debido a que “los medios de comunicación son un importante vehículo para la captación de víctimas, ya que mucha gente los utiliza para buscar trabajo”.
Por fuera de los reportes que entrega Segob, aclaró, “sí hemos investigado casos de personas que fueron captadas por anuncios de periódicos y después explotadas, pero son casos de antes de 2012, son de 2011 y 2010, a partir de entonces ha habido un efecto disuasivo muy positivo en los medios nacionales, gracias a la Ley General, pero creo que también necesitamos llegar a los medios estatales.”
Según la fiscal contra la trata de personas, es en las publicaciones y emisiones con alcance estatal y municipal “en donde hemos seguido encontrando casos (de trata), la gente nos los denuncia directamente. Eso es lo que tendríamos que hacer: perfeccionar este mecanismo de monitoreo de medios que ya está operando, y entender que esto lleva su curva de aprendizaje normal“.
Como un ejercicio de verificación, para acompañar esta nota periodística fueron revisadas, en un lapso de 20 minutos, tres ediciones impresas y digitales de medios de comunicación estatales, así como dos páginas web mexicanas dedicadas a los anuncios clasificados, tras lo cual fueron detectados los siguientes anuncios:
– En Puebla: “Urgen mujeres o chicas con necesidades económicas. Empresa de nueva creación solicita mujeres que estén trabajando pero no les alcanza lo que ganan, chicas sin trabajo o jóvenes (mujeres) que no tienen recursos para pagar sus estudios o alguna deuda. Si tienes este tipo de problemas y te urge ganar dinero, ven, acércate con nosotros y conoce un nuevo concepto que tenemos para ti y para nuestros clientes en servicios para caballeros. No necesitas experiencia, sólo debes tener un cuerpo delgado, edad entre 20 y 35 años y estar decidida a ganar dinero (…) Nuestros clientes están conformados por gente que trabaja dentro del gobierno, políticos, banqueros y estudiantes de buenas universidades (sólo personas de alto nivel). Nuestros clientes podrán escoger a la chica que deseen contratar por medio de un catálogo, en donde habrá información de ustedes”.
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– En Yucatán: “Solicitamos chicas para escort. Requisitos ser mayor de edad, guapa (excelente presentación) disponibilidad de 2pm a 2am, mínimo de contratación 15 días”.
La vigilancia que realiza la Secretaría de Gobernación, sin embargo, no incluye medios estatales ni municipales y, por lo tanto, no ha sido “monitoreado” ninguno de los anuncios que a través de ellos difunden los grupos dedicados a la trata de personas.
