Chiapas reconoce impacto reducido del programa contra trata; ONU verificará los resultados
[contextly_sidebar id=”6ifCY5BPDjmRXwTg4aL2D1KKvMyIQxqu”]El gobierno de Chiapas no ha realizado ninguna operación que impacte en las redes internacionales dedicadas a la trata de personas, reconoció Rafael Martínez Ruiz, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos de la Procuraduría de Justicia estatal.
En entrevista con motivo del reportaje Mujeres migrantes, las víctimas del plan antitrata publicado por En el Camino, el funcionario explicó que los operativos realizados se originan en denuncias hechas por taxistas inscritos dentro de un programa gubernamental denominado “taxista vigilante”, por policías municipales, y en su mayoría derivadas de denuncias ciudadanas anónimas.
“¿Labores de investigación de alto impacto? Sólo si la policía científica federal las realiza, porque la Fiscalía no tiene suficiente personal”.
Cuestionado sobre las denuncias de la mujeres migrantes detenidas y las faltas al debido proceso que hay en sus juicios, Martínez Ruiz respondió que ni en los operativos, ni en los procesos hay error, lo descarta. Para él estos planteamientos solo son “argucias de los abogados de la defensa. Son argumentos ficticios”.
Y cuando las presuntas víctimas se retractan “es porque tienen el síndrome de Estocolmo, porque no se dan cuenta que están siendo explotadas”, sostiene.
El Fiscal reiteró que aún cuando las “migrantes víctimas” sean repatriadas a las pocas horas o días de ser “rescatadas”, y no ratifiquen lo que el Ministerio Público presenta como declaraciones contra presuntas tratantes, el proceso penal contra las detenidas continúa con la Fiscalía como acusador, “porque es un delito grave que se persigue de oficio”.
La Fiscalía contra la trata, argumenta, es constantemente capacitada por personal de la Embajada de Estados Unidos, y por agencias de la ONU.
ONU se compromete a revisar las denuncias
En entrevista, el representante de la UNODC en México, Antonio L. Mazzitelli, se comprometió a la oficina a su cargo a revisar las denuncias de las mujeres migrantes y sus consulados, “para entender si nuestra evaluación del proceso y compromiso del gobierno chiapaneco es real y sustentable”.
También, sostuvo que “una política migratoria menos penalizante para el migrante irregular, tendría un impacto positivo en la ruptura de determinados mecanismos relacionados con la trata”.
Cuestionado respecto a las denuncias de las mujeres migrantes detenidas, sobre faltas al debido proceso en sus juicios, Mazzitelli reconoció que la oficina a su cargo no ha analizado de fondo los expedientes de los casos que se han judicializado. Sin embargo, dijo, no se puede menospreciar lo que el gobierno de Chiapas ha hecho para combatir el delito de trata.
Desde hace dos años, la ONUDC asesora los protocolos de atención a víctimas y el abordaje para la persecución y la investigación sobre el delito de trata de personas en Chiapas.
De entonces a la fecha, considera Mazzitelli, el desempeño que Chiapas y sus autoridades han tenido en el combate a la trata de personas se pude medir en la cantidad de personas acusadas que se han llevado a juicio, la asistencia a la víctimas, y la persecución de los presuntos traficantes.
“No lo digo solo yo, nosotros trabajamos con organizaciones de la sociedad que se dedican a la asistencia a las víctimas, y siempre nos han hablado bien de lo que se está haciendo en Chiapas, comparado con otros estados de la federación. Esto no quiere descartar que haya otras realidades que hay que investigar y perseguir”.
Epílogo
Al cierre de este reportaje la Procuraduría de Justicia de Chiapas anunció que en una operación conjunta donde participaron policías estatales, federales y municipales, se “rescató” a 39 víctimas de trata, que se encontraban en bares y cantinas del municipio de Motozintla, en la región de la sierra colindante con la frontera guatemalteca.
Presentó a seis personas detenidas, entre ellos 4 mujeres migrantes originarias de Honduras, quienes, dijo, “fungían como encargados de los establecimientos, por lo que serán consignados para que enfrenten el proceso penal en su contra por el delito de trata de personas”.
El pasado lunes 17 de mayo, las mujeres acusadas del delito de trata, Karen Vallecillo Castro, Denia Elizabeth Santos y Santa María Rosales, cuyos testimonios pueden leerse aquí iniciaron en el interior del penal femenil de la ciudad de Tapachula, un ayuno indefinido para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la revisión de sus expedientes penales.
“Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx”
