[contextly_sidebar id=”AApjkd2BVgNOCpgUHZufkqwBgJAD1YWF”]Ninguna autoridad local o federal se señala como responsable en el reporte de daños que realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tras las inundaciones de 2013 que provocaron los ciclones Manuel e Ingrid en Acapulco, Guerrero.
Desde el 27 de septiembre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto solicitó a Sedatu un informe de responsabilidad por los daños ocurridos en la zona vinculado a las obras que impidieron el escurrimiento de las lluvias registradas entre el 13 y 24 de septiembre de ese año.
Peña Nieto dijo que el informe debía dar información para evitar “inundaciones en zonas que no debieron inundarse”, pero también deslindar responsabilidades tanto en el ámbito local como federal por la entrega de permisos “sin sustento legal” que permitieron la construcción de obras que impidieron “que se drenara adecuadamente el agua”.
Un año y medio después –fuera del plazo prometido, que sería de un mes– Sedatu entregó el “Análisis de zonas afectadas a causa de los Ciclones Tropicales Manuel e Ingrid en Acapulco, Guerrero”, pero no menciona nada sobre los probables responsables de la construcción de obras hidráulicas, puentes vehiculares y otros asentamientos identificados que obstruyeron el cauce del agua.
El reporte que Sedatu elaboró –del que Animal Político obtuvo sólo copia física tras una solicitud de acceso a la información– indica que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinó que la infraestructura hidráulica de la zona “fue insuficiente” y que existen cuatro descargas de aguas residuales no autorizadas en la zona.
Además, se identificaron siete puentes vehiculares que obstruyeron los cauces: “Puente del Viaducto Diamante en el cruce con el río La Sabana, Puente la Marquesita en el Canal Meándrico, Puente Tudzimgo (sic) en el río La Sabana, Puente de la carretera escénica sobre el río Papagayo, Puente sobre el Boulevard de las Naciones en acceso a Puerto Marqués, Puente Punta Diamante en el fraccionamiento Real Diamante, Puente Barra Vieja en la Laguna de Tres Palos”.
Sin dar más detalles, el documento indica que existen asentamientos en la zona federal del Canal Meándrico y concesiones de ocupación en la zona federal del Río Papagayo, del río La Sabana y de la Laguna de Tres Palos.
Así como 29 conjuntos habitacionales afectados por las lluvias de septiembre de 2013 con diferente nivel de riesgo a nuevas inundaciones.
El documento de 20 cuartillas sólo indica en el apartado de “Resultados” que se realizó con datos de Sedatu, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, la coordinación Nacional de Protección Civil y el centro Nacional de Prevención de Desastres, el Instituto del fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Registro Agrario Nacional y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, a través de un Sistema de Información Georreferenciada.
No se incluyen alternativas para evitar una nueva inundación en la región y detalla que la finalidad de éste “es determinar las características de la inundación provocada por las tormentas tropicales “manuel e Ingrid”, por lo que se procedió a realizar modelos de lluvia-escurrimiento del río La Sabana y sus afluentes y se trató de inferir el caudal a partir de las huellas dejadas por la creciente originada; así como un modelo hidráulico bidimensional que permitió establecer la forma en que se desarrolló la inundación”.
El presidente Peña Nieto encargó el informe al entonces titular de Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien en entrevista con Carmen Aristegui dijo en octubre de 2013 que el plazo para tener el reporte era de un mes y que incluiría las causas de la inundación, qué provocaron que éstas fueran más graves, y los funcionarios responsables.
En enero de 2014, Ramírez Marín dijo que faltaba recabar algunos datos para completar el reporte sobre responsabilidades y un año después declaró que la investigación estaba atrasada por el contexto político-social y de violencia que vivía Guerrero.
Ramírez Marín dejó Sedatu el 27 de febrero pasado y actualmente es candidato plurinominal a una diputación federal con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y representante de ese partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Actualmente, a cargo de Sedatu está el exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam.