Mexicanos ven la justicia como un ‘sueño’: 20 propuestas del CIDE para cambiarlo

[contextly_sidebar id=”GSWoVhDmtFDV7aPsJRFqN2V47dyS3qXz”]En México, los procesos para acceder a la justicia son largos, costosos, poco flexibles y en la mayoría de los casos ni siquiera son útiles para resolver los problemas de la ciudadanía.

Tras realizar consultas con 425 expertos en 15 foros distintos, recopilar 485 testimonios y 600 propuestas, el CIDE entregó este lunes a Peña Nieto un Informe de conclusiones y recomendaciones para identificar los principales problemas para acceder a la justicia cotidiana, es decir, aquella que involucra actividades comunes de cualquier sociedad con la familia, entre trabajadores o comunidades.

Según el informe, se encontraron diversos problemas que pudieron ser catalogados en seis grandes temas:

El objetivo del CIDE con el Informe entregado este lunes a Peña Nieto durante una ceremonia en el Museo Nacional de Antropología es que se elabore una política pública de acceso a la justicia de corto, mediana y largo plazo.

En ésta, hace énfasis la institución académica, es indispensable la participación de sociedad civil y academia; pero sobre todo de los estados, pues la justicia cotidiana recae principalmente en ámbitos locales.

1. Impulsar una cultura de derecho. La población tiene poco o nulo conocimiento sobre sus derechos y obligaciones, concluye el CIDE. La propuesta es que haya una estrategia de comunicación que permita a la sociedad familiarizarse con sus derechos y obligaciones.
2. La falta de coordinación entre órdenes de gobierno provoca que las políticas, leyes y reglamentos no sean efectivos en el país, lo que no sólo provoca fallas en el acceso a la justicia sino corrupción. Se propone crear un programa con convenios de colaboración sobre medidas de acceso a la justicia, entre los tres niveles de gobierno.
3. Diseñar procedimientos y mecanismos que faciliten y homologuen los requisitos para obtener documentos oficiales como actas de estado civil, títulos de propiedad o testamentos. El objetivo es reducir la marginación jurídica actual de la ciudadanía.
4. Se deben mejorar los servicios jurídicos profesionales, lo que incluye abogados, jueces o ministerios públicos; por lo que es necesario revisar programas de formación y la regulación del ejercicio de la profesión.
5. Revisar de manera documentada y rigurosa el diseño de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues la información recabada en el informe concluye que su desempeño no es el idóneo y tienen graves problemas en la operación.
6. Fortalecer el sistema nacional de protección al consumidor que actualmente lidera la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
7. Iniciar un Programa de Implementación de Juicios Orales Mercantiles en todo el país a favor de los emprendedores.
8. Crear la figura del defensores de los emprendedores, pues actualmente se enfrentan a órganos jurisdiccionales, gubernamentales y regulatorios que desconocen la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas; lo que genera la aplicación desproporcional de la ley.
9. Se propone incorporar al sistema la función de jueces itinerantes para comunidades pequeñas o rurales, lo que permitirá que en esos sitios se cuente con mecanismos para la resolución de conflictos.
10. Crear una policía de proximidad para resolver conflictos sencillos e identificar factores de riesgo que pudieran generar conflictos mayores.
11. Los migrantes mexicanos carecen de medios para reinsertarse en sus comunidades de origen, lo que genera situaciones extremas de marginación y un problema grave de acceso a la justicia. Se propone fortalecer los programas del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Educación Pública y Relaciones Exteriores para crear políticas públicas que garanticen la reinserción en sus comunidades, con especial atención a que puedan tener una identificación e incorporarse a sistemas de educación y salud.
12. El informe propone que para las trabajadores domésticas, víctimas constantes de injusticia, se adopten medidas para garantizar sus derechos sociales y se diseñen contratos para regular su situación laboral.
13. Los órganos de gobierno no trabajan para resolver los conflictos de la ciudadanía, se propone regular la labor discrecional de funcionarios y mejorar la atención en el seguimiento de litigios.
14. Crear un mecanismo de coordinación nacional para los impartidores de justicia con el fin de facilitar acciones conjuntas entre sistemas estatales.
15. Ampliar el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, es decir, procesos de mediación, conciliación o arbitraje. Para ello, se propone mejorar el diseño de Centros de Justicia Alternativa y crear nuevas figuras de negociación para resolver conflictos legales.
16. Crear y distribuir manuales con protocolos de actuación para autoridades escolares que deben resolver conflictos en las escuelas.
17. Que el Ejecutivo federal convoque a una instancia que proponga una política de acceso a la justicia en los términos del informe del CIDE. En ésta deberán participar los tres poderes, tres niveles de gobierno, academia, sociedad civil y órganos con autonomía constitucional.
18. Otra de las propuestas es la creación de centros de asistencia jurídica temprana para orientar, canalizar y apoyar a las personas con conflictos.
19. Se recomienda la creación de un grupo de trabajo interinstitucional con participación de los poderes judiciales estatales para diseñar un nuevo modelo de justicia familiar que puede ser probado y aplicado gradual y diferenciadamente en todo el país.
20. La falta de una entidad federal que coordine la acción del gobierno federal en materia de justicia provoca desigualdades en el acceso y la calidad de la justicia. Se recomienda la creación de una instancia (puede ser una dependencia o entidad ya existente o una nueva) que sea responsable de la coordinación del Ejecutivo con el poder judicial, estados y defensorías de oficio.

Ve aquí el informe completo: