[contextly_sidebar id=”VHUQpjM2ILvkPHcnkVhiK7xq6W2vXzVm”]La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó entregar una versión pública de las dos averiguaciones que hace más de una década consignó en contra del expresidente Luis Echeverría por el delito de genocidio, argumentando en solo cuatro meses dos razones distintas: primero, que ya no existía ningún expediente en sus archivos y luego… que si tiene los datos pero dentro de una averiguación en curso y reservada.
Esta información fue proporcionada exactamente por la misma subprocuraduría de la PGR y ratificada en ambos casos como válida por el Comité de Información de la dependencia. Los datos se habían solicitado por transparencia.
En enero el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) advirtió a la Procuraduría, tras su primer negativa a revelar los datos bajo el argumento de la inexistencia, que la investigación de los hechos ocurridos en el 68 y el 71 tenía que revelarse y más aún al tratarse de crímenes de lesa humanidad, en los que impera el principio de “máxima publicidad”
“Los hechos de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, y de 1971, en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás, forman parte de una de las fases más penosas de la historia contemporánea de nuestro país (…) ¿no convendría hacer un esfuerzo por sistematizarla y tenerla disponible?” señaló en ese momento el comisionado Joel Salas Suárez.
Tras esa resolución Animal Político requirió los datos de los referidos expedientes pero la PGR los negó argumentando, ahora, que existe una averiguación en trámite.
La Procuraduría insistió además en la reserva por un periodo de hasta doce años en las averiguaciones previas consignadas. Los dos expedientes que se solicitaron fueron reservados y enviados a un juez en los años 2004 y 2005, por lo que sería hasta 2016 cuando sean desclasificados.
Cabe señalar que según cifras del IFAI, la PGR se encuentra entre las dependencias en contra de las que se interponen más quejas por opacidad: en 2014 fueron más de 200 recursos y en la mitad de ellos los comisionados le dieron la razón a los quejosos.
En la solicitud de información folio 0001700277814 un peticionario solicitó a la PGR que se le entregaran versiones públicas de las averiguaciones PGR/FEMOSPP/011/2002 y PGR/FEMOSPP/002/2002 integradas por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y relacionadas con el homicidio masivo de estudiantes en los años 1968 y 1971.
En dichos expedientes la PGR acusó a varias personas, entre ellos al ex presidente Luis Echeverría por el delito de genocidio, considerado en el Código Penal Federal como un ilícito contra la humanidad.
En su petición el solicitante argumentó que la PGR no podía negar esta información pues existía evidencia de que fue entregada antes en otra solicitud y además, porque se trataba de un caso de graves violaciones a derechos humanos o lesa humanidad lo que anulaba la reserva del mismo.
Pero la Subprocuraduría Jurídica de la PGR respondió que la información era “inexistente.” Detalló que la Subprocuraduría de Delitos Federales realizó una “búsqueda exhaustiva” de las averiguaciones sin que las mismas fueron encontradas ya que fueron consignadas en los años 2004 y 2005 según los libros de gobierno.
Se realizó una búsqueda en los archivos de concentración de expedientes, agregó la PGR, sin que se encontrara ningún otro documento. La inexistencia de la información fue revisada y ratificada por su Comité de información en su 43 sesión ordinaria celebrada el 14 de noviembre del año pasado.
Por esta respuesta se presentó el recurso de revisión y el pasado 3 de enero el IFAI resolvió en favor del solicitante y consideró que la Procuraduría estaba obligada a entregar copias del expediente consignado.
Tras la argumentación hecha por el IFAI, Animal Político solicitó a la PGR el acceso a las versiones públicas de los dos expedientes que consignó en contra del ex presidente Luis Echeverría. La petición quedó asentada bajo el folio 0001700067315.
La respuesta negativa fue de las mismas subprocuradurías que se pronunciaron en la solicitud de noviembre pero con otra justificación: “la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales manifestó que la información solicitada se encuentra inmersa en una averiguación previa que se encuentra en trámite, por lo que tiene el carácter de reservada por un periodo de doce años”.
La PGR no dio detalles extras de esta averiguación que se encuentra, según ellos, en desarrollo y de la que no hizo referencia alguna en la respuesta de noviembre, cuando señaló tras la “búsqueda exhaustiva” que todo el material estaba consignado.
Al continuar con su argumentación la procuraduría expuso varios artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los que se establece que una averiguación previa y todo su contenido es clasificado hasta por un periodo de doce años.
Lo que la Procuraduría “olvidó” señalar es que uno de los artículos que menciona, el 14 de la Ley Federal de Transparencia, señala en su último párrafo que no puede invocarse el carácter de información reservada en caso de lesa humanidad, situación que aplica al delito de genocidio por el cual fueron consignadas al menos las averiguaciones iniciadas hace más de una década.
Pese a lo anterior, la Procuraduría dijo que esta nueva respuesta respecto a la “reserva” de los datos fue revisada y ratificada por su Comité de Información en la octava sesión ordinaria que se llevó a cabo el pasado 3 de marzo. Se trata del mismo comité que meses antes dio por válido que no existía expediente alguno del caso.
La negativa a proporcionar datos en el caso Echeverría se suma a otras investigaciones o hechos de alto impacto en donde la Procuraduría también se ha reusado a revelar información sin importar incluso, si existe un pronunciamiento del IFAI.
Por ejemplo, la PGR ha rechazado hasta ahora dar a conocer los peritajes y otros detalles de la investigación por la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, pese a que ha sido clasificado como un caso de graves violaciones a derechos humanos. La PGR ha argumentado desde la reserva de los datos hasta la falta de copias para no entregar datos.
Solo este año el IFAI ha tenido que instruir a la procuraduría para que informe sobre las desapariciones de Iguala, sobre los casos registrados de desaparición forzada en últimos años, para que detalle los homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado, entre otros.
De acuerdo con datos del propio IFAI, solo en 2014 la PGR argumentó en 1 de cada 10 casos la supuesta inexistencia de los datos que se le pedían. La dependencia acumuló más de 200 expedientes de queja en ese año.