Detectan uso irregular de recursos en universidades públicas
[contextly_sidebar id=”K7OyKCdZl2jJWeu1HQsZHIikqSCNTpLa”]Como sucede en la educación básica, las universidades públicas del país también ejercen recursos públicos de manera irregular a través del pago de salarios a comisionados sindicales, excedentes en las prestaciones no ligadas al sueldo y el pago de plazas no autorizadas, según documenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2013.
En la revisión del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, la Auditoría detectó que las 18 universidades auditadas ocupan ese dinero en prácticas opacas, pero la mayoría esquivó algún tipo de sanción debido a que “aclararon” el destino del gasto.
Doce instituciones enviaron oficios a la Auditoría para aclarar el uso de los recursos federales, según explica la ASF en los documentos de revisión.
Sin embargo, el resto no pudo justificar este tipo de pagos. Se trata de las Universidades Autónomas de Guerrero, Chihuahua, Guadalajara, Querétaro y la Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO).
En el resto de las instituciones auditadas (las Universidades Autónomas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Nayarit, Morelos, Coahuila, Guanajuato, Quintana Roo, Tlaxcala, Zacatecas y la Universidad Veracruzana) presentaron “inconsistencias” financieras, por lo que la Auditoría solicitó recuperar un monto total de 130 millones 973 mil pesos.
La Universidad Autónoma de Zacatecas fue la institución con el mayor monto sin aclarar: 35 millones 144 mil pesos debido a opacidad en los registros contables y servicios personales.
Comisionados, plazas sin autorización y otras irregularidades
La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) dirigida por el rector Eduardo Martínez Helmes tiene un caso peculiar. El secretario general del sindicato de la Universidad cobró 25 cheques por un monto total de 3 millones 534 mil pesos que presuntamente correspondían a pagos de jubilados y que se encargaría de entregar en efectivo.
Esos cheques se expedían a nombre de los beneficiarios, pero fueron cancelados y se reexpidieron a nombre del líder sindical porque, según explicó la Universidad, “es el encargado de cobrarlos y pagar en efectivo al personal jubilado”. Sin embargo, la institución “no presentó evidencia de la aceptación por parte de los beneficiarios jubilados”, por lo que de no justificarlo, la Auditoría solicitó “la recuperación y reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación del monto observado”.
La Universidad Autónoma de Querétaro debe aclarar o devolver 48 millones 365 mil pesos que fueron erogados por el concepto de prestaciones no ligadas al salario. Además, está pendiente por comprobar un total de 533 millones 599 mil pesos por pagos excedentes al límite máximo del tabulador autorizado a mil 722 categorías de administrativos y docentes y por el pago de sueldos de plazas sin autorización de la Secretaría de Educación Pública.
También por la entrega de sueldos por honorarios a mil 937 personas en 24 quincenas, incluyendo categorías de mandos medios y superiores, administrativos y docentes, además de 716 eventuales que no están autorizados por la SEP. Además se detectó una diferencia por 237 millones 13 mil pesos en el comparativo de las nóminas ordinaria, de honorarios, eventuales, posgrado y estímulo de carrera docente.
La Auditoría señala “inconsistencias” en la Universidad Autónoma de Chihuahua por un monto de 177 millones 725 mil pesos, pero para solventar el señalamiento la institución respondió que efectivamente hizo esas erogaciones, pero con “recursos propios” y no con el programa de Subsidios Federales, según consta en un oficio con fecha del 5 de septiembre de 2014.
Entre las inconsistencias están pagos por 110 millones 511 mil pesos de sueldos de 942 empleados que no se encuentran autorizadas por la SEP, prestaciones no ligadas al salario y pagos no justificados a empleados por concepto de comisiones sindicales por un millón 534 mil pesos.
También conceptos no autorizadas por la SEP, como pago a personal eventual por 29 millones 976 mil pesos y a jubilados y pensionados; pagos por un millón 222 mil pesos excedentes al límite máximo del tabulador autorizado por la SEP. También excedente por 262 millones de pesos respecto del monto federal autorizado por concepto de “Estímulo de Carrera Docente”.
En la Universidad Autónoma de Guerrero, cuyo rector es Javier Saldaña, se detectaron pagos por conceptos de honorarios para personas físicas y morales por un monto de 10 millones 630 mil pesos que no se pudieron comprobar. Además, existe una diferencia por 618 millones 468 mil pesos entre las nóminas ordinarias y complementarias y lo reportado en el Estado de Actividades, por lo que debe ser regresado a la Tesorería de la Federación.
También “se presume un probable daño o perjuicio” a la Hacienda Pública por un millón 2 mil pesos por el pago del sueldo y prestaciones a seis empleados en periodos posteriores a la fecha de su baja; pagos improcedentes durante el periodo de incapacidad; pagos a empleados con licencia sin goce de sueldo y por el pago de una cédula profesional correspondiente a otra entidad federativa.
En tanto, la Universidad Autónoma de Guadalajara erogó 609 millones de pesos por concepto de “prestaciones no ligadas al salario” autorizadas en los Contratos Colectivos de Trabajo, y 3 millones 279 mil pesos por “conceptos no autorizados”, lo cual excede en 83 millones 978 mil pesos el presupuesto aprobado para estos rubros, por lo que la Auditoría solicitó la aclaración del destino o, en todo caso, la recuperación del monto.
Este tipo de irregularidades fueron una práctica común en partidas como el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB) que destinaba recursos federales hacia las entidades federativas.
Debido a las irregularidades detectadas como el pago a aviadores, comisionados y personal ajeno al sistema educativo en cada ejercicio fiscal, a partir de 2014 comenzó a operar el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, con lo que se busca tener un mayor control del pago de salarios.
