Tres puntos de la Ley de Aguas que benefician a las empresas, según organizaciones civiles
La votación de la iniciativa de ley de aguas nacionales fue pospuesta en la Cámara de Diputados luego de las críticas de organizaciones de la sociedad civil al dictamen que los legisladores de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos aprobaron sin discusión la semana pasada.
[contextly_sidebar id=”AqYprKAyi38apKk9eVXabaKgBxTywAVd”]Los diputados de la actual legislatura podrían aprobar la ley hasta el 30 de abril, cuando concluye el periodo de sesiones en el Congreso. Por ello, las organizaciones sociales encabezarán una manifestación este miércoles afuera de San Lázaro a las 10:00 horas para exigir una discusión incluyente antes de poner el dictamen a votación.
Académicos de la UNAM y miembros de las organizaciones Agua para Todos, Red de Acción por el Derecho al Agua en México, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), la Alianza Mexicana contra el Fracking, entre otras, ofrecieron una conferencia de prensa en la que explicaron las afectaciones ambientales y sociales que derivarían de una legislación como la que pretenden aprobar.
La intención, dijeron, es mercantilizar los recursos naturales y convertir a esta reforma en “brazo ejecutor” de la reforma energética con la que aparentemente se atraería inversiones privadas, pero en realidad “habría más problemas que soluciones”.
A continuación presentamos los tres puntos detectados por los expertos como un “claro beneficio hacia los particulares, en detrimento de los derechos de los ciudadanos”.
Agua para el Fracking
Si bien en el dictamen de la ley de aguas no se menciona la fracturación hidráulica, o fracking, método mediante el cual se requieren grandes cantidades de agua para obtener el gas shale del subsuelo, se trata de uno de los trasfondos del dictamen, asegura Nathalie Seguin, integrante de la Red de Acción por el Derecho al Agua en México.
En el artículo 116 de la ley se refiere al trasvase como la explotación de “aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta”. Esto, además de generar un desequilibrio ambiental, tampoco garantiza que el desplazamiento de un lado a otro garantice el abasto humano sino para las industrias que podrán invertir en estos procesos, como lo permite la reforma energética.
El trasvase se permitiría, según la ley de aguas, “a los asignatarios o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción”.
Nathalie Seguin asegura que “toda la publicidad sobre el fracking sobre la bonanza económica es una gran mentira”, pues de acuerdo con experiencias en Estados Unidos y Argentina se comprobó que este beneficio económico es virtual, porque “primero existe una inversión puntal, pero después de unos años se va porque los pozos no proveen la cantidad de gas que calculan”.
Además, en la iniciativa no se contempla ningún manejo particular para agua resultante del proceso de extracción de gas, sobre todo porque concluirá con niveles de contaminación hasta radioactivos.
Las mineras por la libre
En el artículo 9, la legislación propone cuatro requisitos laxos para que las mineras usen y exploten el agua. El primero es obtener el permiso de descarga de aguas residuales en cuerpos receptores que sean bienes nacionales; cumplir con las normas oficiales mexicanas; poner a disposición de la Comisión el agua sobrante después del uso que realice y medir y reportar los volúmenes de agua derivadas de la extracción de minerales.
Para Elena Burns, integrante de Agua para Todos, esto quiere decir que “las empresas mineras no van a tener concesión sino el derecho a usar todo el agua que quieran y sin condicionantes”.
Aun cuando la minería es una de las actividades comerciales que más contamina el agua, tienen derecho al agua, según un fallo de la Corte que reconoce a las personas morales como sujeto de derechos humanos. Por lo tanto, dice Burns, “está defendiendo su derecho humano al agua”, pero en clara desventaja con respecto a los ciudadanos.
Al no estar obligados a solicitar un permiso de uso minero, se librarán de los análisis de impacto ambiental y evaluaciones. “Las minas pueden extraer el agua que necesitan”.
Tarifas reguladas por el mercado
Buscar la asociación del capital privado con los sistemas de aguas estatales y municipales generará una inequidad en la distribución del agua, en beneficio de las empresas.
Elena Burns advierte que el establecimiento de tarifas de cobro significa “una manera de garantizar a los inversionistas que, ante cualquier presión social o política, cobrarán lo que quieran. “¿Por qué lo tenemos que sujetar a mercado si es un derecho humano?”, cuestiona.
En el artículo 12 de la ley se establece que “los órdenes de gobierno podrán ejercer sus atribuciones de manera coordinada y concertar con los sectores social y privado como corresponsable”.
Las organizaciones civiles trabajaron durante tres años en una inciativa ciudadana de la ley de aguas en el país que ya fue entregada a la Cámara de Diputados y Senadores para que integren las propuestas y los reciban en audiencia.
