Funerarias cobran 600 pesos por inventar causas de muerte y alterar certificados de defunción
[contextly_sidebar id=”bKVhTziqq13Ag3GE40vBaWVg6eJsSCUM”]Falsear un certificado de defunción en México cuesta desde 600 pesos. Con esa cantidad, el departamento jurídico de Liverpool, un médico y una agencia funeraria casi logran encubrir el homicidio de una empleada de la tienda departamental, Angélica Romero, quien fue estrangulada en uno de los cuartos del almacén de Perisur el 16 de noviembre pasado.
Para obtener el certificado por muerte natural de Angélica, Liverpool no necesitó una operación sofisticada; bastó contratar a una de muchas funerarias que ofrecen de antemano un “servicio” especial: doctores que se atreven a determinar una causa de muerte sin ver a la persona fallecida.
La madrugada en que Angélica fue hallada muerta, el abogado de la tienda, Alejandro Montaño, llamó a la agencia Inhumaciones Coyoacán, que se hizo cargo de emitir el certificado de defunción por un pago en efectivo (que no fue incluido en el de servicios funerarios), de acuerdo con las conclusiones de la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) reveladas a Animal Político.
El certificado lo expidió el “médico de cabecera” de la funeraria, Mariano Espinosa. El doctor, con cédula 0751347, nunca acudió al centro comercial ni revisó el cadáver, pero inventó que se trataba de una muerte natural a cambio de 600 pesos en efectivo, tal como ya lo había hecho –por la misma tarifa– en otros casos. Desde hace más de un año, el médico ha hecho ese tipo de trámites, según las autoridades consultadas.
“Es parte de un ‘servicio completo’ que la funeraria ofrece a los clientes para facilitarles el mal paso y el papeleo. Ya tenían a su doctor que les expedía certificados por 600 pesos. Pero esto es una práctica común en muchas funerarias”, dijo el fiscal responsable del caso, que habló bajo condición de anonimato.
Animal Político contactó a cuatro funerarias distintas a las del caso Liverpool y en todas, los empleados ofrecieron conseguir el certificado médico a cambio de un pago extra al de los paquetes funerarios. La única condición fue que no se hablara a una ambulancia ni a la policía, ya que ello “entorpecería el trámite”.
La Ley General de Salud, en su artículo 391, y la Guía para el llenado de los Certificados de Defunción y Muerte Fetal de la Secretaría de Salud, establecen que antes de que una persona sea cremada o inhumada se necesita primero que un médico certifique su defunción y las causas. Si hay la mínima sospecha de violencia, el doctor tiene la obligación de dar parte al Ministerio Público y sólo un médico legista puede certificar las causas de la muerte.
Emitir un certificado con datos falsos o imprecisos, como ocurrió en el caso Liverpool, es un delito contemplado en el artículo 243 del Código Penal Federal, aún cuando no haya intención de cubrir un homicidio. La pena es de hasta ocho años de cárcel, aunque existe la posibilidad de llevar el proceso en libertad con una fianza.
En la Procuraduría capitalina señalaron que no existen denuncias de casos similares, ya que casi siempre los deudos están de acuerdo en “agilizar el trámite” y pagan por ello.
“En media hora lo tenemos”
Vía telefónica, Animal Político buscó a la funeraria Jardines de Oriente, ubicada en Pantitlán, para preguntar sobre los trámites que se requieren para velar y cremar a una mujer fallecida dentro de una casa o edificio. La misma solicitud se hizo en otras tres empresas al azar. En este caso, el empleado, Fredy Cuevas, dijo que ellos conseguían el certificado de defunción.
“Se trató de una muerte natural, ¿no? Entonces no se les vaya a ocurrir llamar a una ambulancia ni a nadie porque les van a hacer lento el trámite y les van a sacar más dinero. Nosotros tenemos un doctor que en media hora te hace el certificado. Él no va a salir de su clínica, pero si me pasas los datos y de qué enferma la persona, podemos adelantar eso”, dijo el empleado.
En Funerarias García, una agencia localizada en Calzada de Los Misterios, la persona que atendió el teléfono y no dio su nombre, dijo que su médico se podría encargar de emitir el certificado de defunción por un pago en efectivo de mil 700 pesos, que no forma parte del costo total del paquete funerario –que cuesta alrededor de 12 mil 500 pesos– y puede ser pagado con una tarjeta bancaria y solicitar factura.
Para definir la causa de la muerte, basta con señalar algún padecimiento del fallecido y que los empleados de la funeraria no noten “nada raro” al recoger el cuerpo.
En Funeraria Grossman, en la colonia Doctores, explicaron que si no hay una autoridad involucrada, ellos cuentan con un doctor que puede identificarse ante la Secretaría de Salud como el médico de cabecera del fallecido y definir una causa de muerte. Esto a cambio de mil 500 pesos extra a la tarifa de servicios funerarios.
“Por supuesto, lo del doctor es aparte y no se puede facturar”, dijo la mujer que atendió el teléfono.
Lourdes, encargada de Funerarias Tlatelolco, insistió en que el primer paso es omitir el aviso a alguna autoridad o ambulancia, y aseguró que con una receta del fallecido, uno de sus dos doctores puede “preparar” el certificado, previo pago de mil pesos extra a los 8 mil 500 que cuesta el servicio funerario.
El médico que mintió en caso Liverpool sigue ejerciendo en una clínica del IMSS
La empleada de Liverpool Perisur, Angélica Romero, murió golpeada y estrangulada en una bodega de la tienda. En el certificado de defunción, folio 140159379, el médico Mariano Espinosa atribuye el deceso a una causa natural: un infarto al miocardio.
El engaño se descubrió gracias a que el primo y el papá de Angélica no creyeron que hubiera muerto de forma accidental e insistieron en averiguar lo ocurrido. Uno de los trabajadores de la funeraria que recogió el cuerpo tomó fotografías que luego entregó a la familia. El cadáver fue rescatado a minutos de ser cremado.
Ahora el médico enfrenta dos acusaciones: una por encubrimiento de homicidio en el Distrito Federal, que ya está en los juzgados, y otra por violaciones a la Ley General de Salud y Población que la Delegación que la Procuraduría General de la República (PGR) está integrando.
En la audiencia del caso, el pasado 18 de febrero (y que fue pospuesta para el próximo 18 de marzo por la ausencia de un testigo) Animal Político abordó a Mariano Espinosa, quien rechazó la entrevista. “No hay nada que aclarar”, dijo el médico, quien enfrenta en libertad el delito de encubrimiento por favorecimeinto.
Sin embargo, Mariano Espinosa trabaja de forma regular en la en la Unidad de Medicina Familiar 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de avenida Francisco del Paso y Troncoso.
