La Corte concede un histórico amparo contra corrupción en el gasto educativo, ¿qué sigue?
[contextly_sidebar id=”mIikuOEdxX7OEVt9hZxosboanGNvwxBw”]Al conceder el amparo interpuesto por Mexicanos Primero sobre el desvío de los recursos etiquetados para educación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció por primera vez el derecho de las organizaciones sociales a denunciar la corrupción y a las instituciones omisas de investigar para hallar a los responsables.
Se trata de la denuncia interpuesta en 2013 por el desvío de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) que terminaron en los bolsillos de comisionados sindicales, aviadores y hasta personal con cargos de elección popular; pese a que el presupuesto estaba etiquetados para mejorar las escuelas del país y la profesionalización docente.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó las irregularidades en la Cuenta Pública de 2009 y 2010, pero sólo eso. Aún con la facultad de investigar y denunciar a los presuntos responsables por el desvío de recursos públicos, no lo hizo en estos casos.
Por ello Mexicanos Primero interpuso un amparo que al ser rechazado en tres juzgados, llegó hasta la Corte y este miércoles 10 de marzo, los ministros de la primera sala resolvieron a favor por unanimidad.
Esto significa que la Auditoría estará obligada a realizar las investigaciones y denuncias correspondientes para que los responsables del desvío presupuestal sean castigados y el dinero pueda ser reintegrado a la Federación.
Por primera vez, por un mandato del máximo órgano judicial en el país, se ordena a una autoridad a investigar a los funcionarios corruptos que malgastaron recursos públicos a través de entregas irregulares al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para el pago de sus comisionados o funcionarios que estaban en nómina sin realizar trabajo docente.
“La sentencia es muy relevante porque implicará responsabilidades para quien entregó el dinero, pero también para quien lo recibió porque ambos quedan catalogados como servidores públicos”, afirma David Calderón, director general de Mexicanos Primero.
Se trata de una acción que demuestra el interés de la ciudadanía para castigar la corrupción. “Es pasar de las quejas a los tribunales para que obliguemos a la autoridad a luchar contra la corrupción y aminorar la impunidad”, considera el abogado Luis Pérez de Acha, quien lideró la estrategia legal del caso.
Luego de la sentencia, el caso regresará ante un juez quien determinará el monto que deberá reintegrarse a las finanzas públicas y verificar que la Auditoría inicie los procedimientos de investigación.
Con esta determinación, la Corte reconoce el derecho a la educación para miles de niños que estudian en escuelas a las que nunca les llega el recurso federal. “Son miles de millones de pesos desviados a las cúpulas sindicales mientras las escuelas carecen de todo y nuestros niños no están recibiendo la instrucción que merecen”, dice Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero.
La decisión de la Corte sentará el precedente para que en los ejercicios fiscales siguientes se replique el proceso de investigación y sanción.
David Calderón confía que “por decencia y congruencia” la Auditoría “no se espere a que iniciemos un juicio para los siguientes ciclos” y pueda investigar y fincar responsabilidades por los desvíos registrados en 2011, 2012 y 2013. “Esperemos que esto sea una fuerte llamada de atención para la Auditoría” porque si bien es cierto que le faltan atribuciones, es necesario que “las que ya tiene las ejerza”.
El interés legítimo
Clauido X. González, presidente de Mexicanos Primero, se refiere a este fallo como un hecho “histórico” porque se hace justicia y “se ensanchan las posibilidades de defensa de derechos humanos en México, sobre todo por parte de organizaciones sociales con respecto a las garantías de terceros, lo que se conoce como “interés legítimo”.
El abogado Luis Pérez de Acha explica que el interés legítimo es una nueva figura legal pero que la resolución de la Corte marca el rumbo en los tribunales en la “lucha ciudadana contra la corrupción y por la defensa de derechos sociales”.
Y es que los tribunales no reconocían a la organización Mexicanos Primero como figura para denunciar la violación del derecho a la educación de miles de alumnos afectados por el desvío presupuestal, pero ahora “se abre una brecha” para que no solo los afectados directos interpongan un amparo sino también organizaciones sociales.
A partir de la resolución de la Corte se permitirá a las otras organizaciones civiles a que denuncien la violación a derechos humanos como la seguridad, salud, ambientales u otros a ampararse para conseguir justicia.
“Vamos a informarle a todas las organizaciones de la sociedad civil tienen este beneficio porque hay una nueva avenida para defender los derechos humanos en el país”, esa es la relevancia, dice Claudio X. González.
La Primera Sala reconoció el interés legítimo de Mexicanos Primero para acudir al juicio de amparo que le otorga la Constitución. Por ello resolvió que en atención a dicho derecho, y con la finalidad de que no se vea frustrado el objeto social de la persona jurídica, “es factible permitir el acceso al amparo para proteger el derecho a la educación, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las acciones relacionadas al destino de los recursos públicos”, explicó la Corte a través de un comunicado.
