La CIDH inicia investigación sobre Ayotzinapa: estas son las 4 claves de su plan
[contextly_sidebar id=”lRJGSYe5dRk8PscIP6pwP6oGZlxLpoKh”]Este lunes 2 de marzo, los cinco expertos elegidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciarán los trabajos de investigación sobre el caso Ayotzinapa con un encuentro con los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre pasado.
La reunión será en Ayotzinapa, Guerrero, donde también participará el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien informará la posición de las víctimas a cinco meses del ataque contra los jóvenes normalistas perpetrado por policías municipales del municipio de Iguala.
Luego de su primer encuentro el pasado 12 de febrero, los expertos delinearon su plan de trabajo para los seis meses que durará la investigación, el cual incluye entrevistas con autoridades del Estado, expertos implicados o que puedan tener información relevante.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) integrado por Carlos Martín Beristain (España), Ángela María Buitrago (Colombia), Francisco Cox (Chile) Alejandro Valencia (Colombia) y Claudia Paz y Paz (Guatemala), realizará las investigaciones en cuatro áreas:
- Evaluación de las acciones realizadas por el Estado y el apoyo en la elaboración de planes de búsqueda de las personas desaparecidas, incluyendo la evaluación de las medidas técnicas implementadas e investigación de los hechos.
- Análisis de las acciones llevadas a cabo en la investigación, así como hacer recomendaciones y presentar nuestras conclusiones sobre las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales.
- Evaluar las demandas y necesidades de las víctimas, las respuestas que se han dado hasta ahora y hacer recomendaciones sobre el plan integral de atención a víctimas.
- Emitir recomendaciones sobre las políticas de búsqueda de todas las personas desaparecidas en México y atención a las víctimas, que contribuyan a enfrentar de forma estructural el drama de derechos humanos que vive el país.
La intervención internacional
Tras el ataque realizado por policías de Iguala, Guerrero, y presuntos delincuentes contra estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, durante el cual desaparecieron 43 jóvenes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares desde el pasado 3 de octubre.
Como parte de la recomendación, los representantes del Estado mexicano, los padres de los desaparecidos y la CIDH firmaron un acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica por parte del órgano interamericano el 18 de octubre. Un mes después se informó el nombre de los expertos.
El grupo contará con un millón de dólares para su trabajo, depositado por el Estado Mexicano y que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, según se explica en un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado 16 de enero.
Ellos son los cinco expertos reconocidos por su labor en el derecho humanitario y la procuración de justicia a través de su participación en diversos casos de violación a los derechos humanos:
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Carlos Martín Beristain:
El psicólogo originario de Euskadi, España, ha sido perito para la evaluación psicosocial y médica de varios casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asesor de las comisiones de la verdad de Paraguay, Ecuador, Perú y Guatemala.
Entre sus participaciones destacadas está la coordinación del informe “Guatemala nunca más”, que analizó los testimonios sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los 36 años de guerra civil.
El informe determina la responsabilidad del ejército guatemalteco en la mayor parte de las violaciones a derechos humanos y el número de víctimas (150 mil fallecidos, 50 mil desaparecidos; un millón de refugiados, 200 mil niños huérfanos y 40 mil viudas).
Desde 1989 ha trabajado en la atención a las víctimas, salud mental y derechos humanos en América Latina y África. Fue asesor de salud mental y coordinador del área de apoyo a las víctimas en Brigadas Internacionales de Paz, en El Salvador, Guatemala y Colombia entre 1989 y 2004.
Es autor del Informe técnico de evaluación del impacto psicosocial de las explotaciones de petróleo de la empresa Texaco en Ecuador en las comunidades amazónicas del Ecuador, 2008, y del Informe de respuesta al equipo de expertos de la empresa Texaco.
Ha escrito más de una veintena de libros enfocados a la salud mental de las poblaciones en zonas de conflicto, la verdad, justicia y reparación de daño hacia las víctimas.
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Claudia Paz y Paz
La jueza con más de 18 años de experiencia es originaria de Guatemala y fue la primera mujer en su país en ser electa como fiscal general. Durante su administración, de 2010 a 2014, redujo los niveles de impunidad en Guatemala de 98% a 72% y logró encarcelar a centenas de integrantes de los Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y Zetas.
Por primera vez en su país, logró llevar a juicio a un ex jefe de Estado: Efraín Ríos Montt y su antiguo jefe de Inteligencia Militar, José Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio contra mil 771 indígenas de la etnia ixil, ocurrido entre marzo de 1982 y agosto de 1983.
Fue candidata al premio Nobel de la Paz en 2013 y en agosto de 2012 la revista Fobes la incluyó en la lista de las mujeres más poderosas que están cambiando el mundo en política.
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Ángela María Buitrago
Originaria de Colombia, es abogada y ha encabezado los casos para sancionar actos de corrupción en su país. Llevó a juicio a Guillermo León Valencia Cossío por sus supuestos nexos con el narcotraficante Daniel Rendón Herrera conocido como Don Mario.
Participó en la acusación al ex gobernador del Departamento del Casanare, Miguel Ángel Pérez, por enriquecimiento ilícito y lideró la condena contra el ex gobernador del Departamento de Meta, Edilberto Castro, por el homicidio de tres dirigentes políticos y la celebración indebida de contratos.
Participó en la estrategia legal del caso de la toma del Palacio de Justicia de Colombia el 6 y 7 de noviembre de 1985 por parte del grupo guerrillero M-19, donde fueron condenados los generales Jesús Armando Arias e Iván Ramírez y el coronel Alfonso Plazas Vega. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró como responsable al Estado colombiano por graves violaciones a los derechos humanos que incluyó desaparición forzada de personas, tortura, tratos crueles y degradantes y privación del derecho a la vida.
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Francisco Cox
El abogado chileno fue parte del equipo legal que trabajó en la extradición del general Pinochet a España. Fue asesor principal del director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Asesoró a la CIDH en los casos de Villagrán Morales en Guatemala, donde se acusó al Estado por el secuestro, tortura y muerte de cuatro menores y por el asesinato de otro menor en 1990 por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y por la omisión estatal en brindar una adecuada protección judicial a las familias de las víctimas.
También asesoró en el caso de Castillo Páez, un estudiante desaparecido en 1990, por el cual la CIDH determinó la responsabilidad del Estado peruano de violaciones a los derechos humanos.
Es representante legal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Chile (CEJIL).
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Alejandro Valencia
Desde hace 26 años, el abogado colombiano se ha dedicado a la promoción y defensa de los Derechos Humanos en América Latina. Fue asesor general de la Comisión de la Verdad del Ecuador, consultor de la Comisión de la Verdad y Justicia del Paraguay y de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú.
Encabezó el Equipo Especial de Investigaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala.
Es consultor de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos e investigador en derecho humanitario del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes en Colombia.
