Funcionarios de EU entregaron recursos pese a detectar mandos policiales vinculados al crimen
[contextly_sidebar id=”sYsWd0ZfJVqVn6zLnnWJEXaMPSM6GfZ2″]El gobierno de Estados Unidos ha conocido de casos específicos de mandos policiales en México presuntamente relacionados con el crimen organizado pero no han evitado que los recursos de la Iniciativa Mérida se entreguen a esos sospechosos de actividades delictivas, según información obtenida de archivos desclasificados del gobierno estadounidense.
Los cables obtenidos por el National Security Archive muestran que los funcionarios de Estados Unidos en México reciben, de forma regular, datos sobre los vínculos criminales pero al mismo tiempo, a través de la Iniciativa Mérida, el paquete de asistencia antidrogas por el que el gobierno estadounidense ha gastado alrededor de 2.5 mil millones de dólares desde 2008, Washington proporciona equipo, apoyo y entrenamiento a dependencias comprometidas.
Por ejemplo, el cable 20100226 indica que en febrero de 2010 funcionarios del consulado de Estados Unidos en Monterrey tenían información sobre el vínculo entre el jefe de investigaciones estatales de Coahuila, Héctor Santos Saucedo, con el grupo criminal de Los Zetas, pero en ese momento, agentes de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) entrenaban y extendieron el apoyo a policías de esa entidad y a agentes de investigación.
Según el reporte de Jesse Franzblau, investigador del NSA, mientras las leyes estadounidenses prohíben explícitamente proporcionar asistencia a personas y unidades extranjeras implicadas en violaciones sistemáticas de derechos humanos, los informes sobre la implementación de los programas de la Iniciativa Mérida revelan que los vínculos entre instancias policiales y de gobierno con el crimen organizado son generalmente pasados por alto, ignorados u ocultados del escrutinio público, mientras el dinero sigue fluyendo.
Los recursos de la Iniciativa Mérida ayudan a fortalecer a las agencias gubernamentales mexicanas relacionadas con organizaciones delictivas, según lo muestran los datos de diferentes cables desclasificados como los 20091030 y 20091103.
Otro caso es el de Nuevo León. Funcionarios del área de Asuntos de Narcóticos de la embajada de Estados Unidos (NAS, por sus siglas en inglés) entrenaban a policías de Coahuila y Nuevo León (20090908) cuando la embajada de Estados Unidos informaban a su país que el sistema de seguridad de esa entidad “se encontraba comprometido” (20100521) y que el gobernador admitía que funcionarios estatales y de la policía habían sido elegidos por los Zetas (20100323).
Pese a ello, el cable (20091124) muestra cómo los programas de apoyo a esas instituciones de seguridad estatales continuaron aún cuando los oficiales de la DEA informaron que había oficiales de Nuevo León que otorgaban protección y apoyo a organizaciones delictivas.
Otros documentos generados por agencias estadounidenses para informar sobre la implementación de la Iniciativa Mérida muestran que los vínculos con organizaciones criminales se dan en todos los niveles del gobierno mexicano, incluyendo funcionarios militares e investigadores federales.
La embajada de Estados Unidos informó en junio de 2009 sobre el arresto de tres funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) junto con 10 soldados, ocho de los cuales eran oficiales subalternos, por vínculos con el crimen organizado. Según la información que recibió el gobierno estadounidense en el cable (20090626), los arrestos fueron una muestra de la infiltración Zeta en los más altos niveles de gobierno y de cómo “la infiltración del cártel en las fuerzas federales de seguridad sigue siendo un problema”.
El análisis completo (en inglés) de Jesse Franzblau sobre el apoyo de EU a México pese a la información sobre los vínculos de autoridades con criminales puedes leerlo aquí.
