Estas son las 20 propuestas de la sociedad civil contra la impunidad

[contextly_sidebar id=”9Ef2NqoCN3lbf0t5iSQnipAiWfOJ7AXR”]Ante un gobierno incapaz de responder a la crisis de derechos humanos e impunidad por la que atraviesa el país, la sociedad civil responde con 20 propuestas urgentes que incluyen el llamado para aprobar reformas para investigar y castigar la desaparición forzada, la tortura y que se realice una investigación externa sobre el presunto conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto.

Javier Hernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) consideró que si bien la sociedad mexicana ha mostrado su descontento a través del uso de hashtag como #AyotzinapaSomosTodos #YaMeCansé o #FueElEStado, “tenemos que llevar la campaña a la acción política” porque “si nuestra tarea es el like, perdimos el norte”.

Fundar Centro de Análisis e Investigación y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organizaciones convocantes, coincidieron que “la impunidad es el hilo que une a la corrupción con las graves violaciones a los derechos humanos”, pero “no es una condición a la que las y los mexicanos estemos condenados”.

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), advirtió que si bien la agenda ciudadana propone acciones de gobierno, la sociedad civil debe insistir en el cumplimiento porque “hay que exigirle al Estado, pero sin esperar nada del Estado”.

Estas son las propuestas:

• Emisión de leyes generales en materia de tortura, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, redactadas en diálogo con la sociedad civil.

• Realizar una investigación independiente sobre el conflicto de interés del Presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, mediante la activación de la facultad de control y fiscalización con la que cuenta el Poder Legislativo y con participación de la sociedad civil. Creación de una Comisión de Investigación Bicameral -que no cuente con mayoría de integrantes del grupo parlamentario del partido en el poder- con una ruta de trabajo sólida con etapas y plazos definidos y que se reúna con sociedad civil e informe periódicamente de los avances. Una vez investigado el caso, deberá resolverse conforme a la Constitución.

• Desincorporar los servicios periciales del ámbito de las procuradurías de justicia y fiscalías a efecto de garantizar su profesionalización e independencia.

• Fortalecer las instancias ministeriales responsables de la investigación de delitos que constituyan graves violaciones a derechos humanos creando estructuras especializadas para ello.

• Retirar las reservas a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pueda conocer de casos individuales.

• Garantizar la correcta implementación del nuevo sistema de justicia penal, propiciando no sólo el cambio de normas sino también de prácticas.

• Retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad. Reconducir las políticas en este ámbito hacia el paradigma de la seguridad ciudadana con énfasis en la rendición de cuentas.

• Constituir una comisión civil que con perspectiva interdisciplinaria revise, corrija y actualice el informe final de extinta Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Contra de Personas Pertenecientes a Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), pendiente desde sexenios pasados.

• Reformular las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, desarrollando estrategias específicas para la violencia generada por agentes estatales, como el caso de la tortura sexual.

• Aprobar los marcos normativos pendientes en materia de transparencia, archivos y datos personales con altos estándares de protección de los derechos humanos que regulan, en procesos abiertos y con participación ciudadana.

• Garantizar procesos de designaciones públicas transparentes, con instrumentos de evaluación y participación ciudadana, especialmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para lograr nombramientos de personas especializadas e independientes de los poderes públicos y fácticos.

• Cumplir con el proceso de homologación contable en las entidades federativas para mejorar el proceso de asignación y uso de los recursos públicos de los gobiernos locales.

• Eliminar el fuero político de los servidores públicos, puesto que ha sido una figura utilizada por la clase política de nuestro país como garantía de impunidad.

• Difundir versiones públicas de declaraciones patrimoniales, de interés y de impuestos, principalmente los legisladores, líderes de bancada, candidatos a ocupar puestos de elección popular y funcionarios públicos de alto nivel.

• Cumplir con los compromisos pendientes asumidos por el gobierno federal en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, plataforma internacional de colaboración entre sociedad civil y gobierno presidida por México durante 2015.

• Transparentar y regular los gastos en publicidad oficial de los tres ámbitos de gobierno para impedir la censura sutil o indirecta.

• Aprobar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, así como las leyes que deriven de ella mediante procesos abiertos y con participación ciudadana.

• Evitar el avance de legislaciones federales y locales que, de manera directa o indirecta, buscan imponer regulaciones al ejercicio de la libertad de expresión y a los derechos de reunión y asociación.