Cada 26 horas un periodista es agredido en México: Artículo 19

[contextly_sidebar id=”ngYIvho5OgzbLrtTvaHYm1jDMX6GpVfe”]En México un periodista es agredido cada 26.7 horas. Tan solo en 2014 se registraron 326 ataques contra comunicadores y cinco reporteros fueron asesinados presumiblemente por realizar su labor. En regiones como Tamaulipas o Chihuahua, la autocensura es la única defensa ante los embates de criminales, aunque en el resto del país, la mayor parte de las agresiones provienen desde el poder. En resumen, se trata del peor panorama para la libertad de prensa y el derecho a la información de los últimos siete años.

Así lo documenta el informe “Estado de Censura”, elaborado por Artículo 19, presentado este 24 de marzo. En él se reporta el aumento de agresiones a periodistas en el sexenio de Enrique Peña Nieto con respecto al de Felipe Calderón, cuando se registraba un ataque cada 48.1 horas.

Y es que la administración federal inició con una manifestación en la Ciudad de México por la toma de protesta como Presidente de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012 que dejó heridos, inmuebles destruidos y más de una centena de detenidos. En los siguientes meses, durante las movilizaciones que resultaron en vandalismo por parte de un grupo de autodenominados anarquistas, los periodistas eran agredidos por estos y por policías al documentar los enfrentamientos y detenciones.

En el sexenio de Calderón, Tamaulipas y Chihuahua fueron las entidades más violentas para la prensa con 58 y 92 agresiones registradas respectivamente, de las cuales 13 fueron asesinatos (nueve en Chihuahua y cuatro en Tamaulipas); en contraste, en los dos años de gobierno de Peña Nieto, suman 13 y 12 las agresiones, respectivamente, incluido un asesinato por cada estado.

En Quintana Roo, gobernado por Roberto Borge, se registraron 42 agresiones a periodistas en 2014. Es la segunda entidad de mayor incidencia y con acciones que bien podrían rayar en lo inverosímil. Por ejemplo, las portadas del semanario Luces del Siglo, de Cancún, Quintana Roo, una de las publicaciones más destacadas dedicada a la investigación y una línea editorial crítica hacia el gobierno de la entidad y los municipios, fueron falsificadas y compartidos por correo electrónico y redes sociales en 38 ocasiones.

Veracruz ocupa el tercer lugar. En la entidad gobernada por Javier Duarte han ocurrido 41 ataques a comunicadores. Uno de ellos fue el asesinato del reportero Gregorio Jiménez. Y aunque en ocurrieron en otra fecha, no puede olivarse el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso y más recientemente, la muerte de Moisés Sánchez, periodista del municipio de Medellín. En ningún caso se ha investigado hasta conseguir el castigo a los responsables.

 ¿Quiénes son los agresores de periodistas?

Desde 2007 el país atraviesa por una de las crisis de inseguridad más agudas debido al crimen organizado y la “guerra” emprendida en contra de los cárteles de la droga por el ex presidente Felipe Calderón, pero la mayoría de las agresiones contra periodistas reportadas durante 2014, provienen del poder y no de los criminales.

Aunque México existen leyes, programas, una fiscalía lo que lo convierte en uno de los sistemas más robustos de protección de todo el mundo, las agresiones a la prensa continúa en aumento. “La pregunta obvia es ¿por qué? La respuesta obvia sigue siendo la misma: la total impunidad de quienes actúan contra la prensa”, afirma Darío Ramírez, director de Artículo 19, oficina para México y Centroamérica.

Esto se explica con datos duros, pues a cinco años de haber sido creada la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) —antes Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP)—, “el Estado mexicano aún está en deuda respecto de su obligación de prevenir y proteger a quienes llevan a cabo actividades periodísticas”, dice Artículo 19.

“Dos casos emblemáticos de la poca efectividad de la FEADLE son el de la periodista y activista Lydia Cacho, y el de los periodistas agredidos por policías del Distrito Federal en contextos de protesta social”, señala el diagnóstico.

En 2014 se reportaron ocho casos ante la Fiscalía, frente a los 10 y nueve reingresos que hubo en 2012 y 2013, respectivamente. Un aspecto preocupante es el atraso en la atención de los casos, pues mientras en 2013 reportó un rezago de 66 averiguaciones, para 2014 el número creció a 121, lo que significa un aumento de 183 por ciento en el rezago.

Sin embargo, el presupuesto sí creció. Pasó de 3 millones en 2012, a 38 millones 84 mil pesos para 2013 y 39 millones 13 mil pesos en 2014. Pero la distribución del recurso privilegió la nómina, al dedicar 24 millones 354 mil pesos a “servicios personales”, mientras que a “servicios generales” correspondieron 13 millones 620 mil pesos. 

Los agredidos

Goyo documentaba la violencia en Veracruz

Gregorio Jiménez, Goyo como le decían, era reportero en Villa Allende, Coatzacoalcos, y enviaba notas a los periódicos locales El Liberal del Sur, NotiSur y La Red sobre la violencia en esa región, en particular los secuestros. Ganaba 20 pesos por cada texto.

A fines de octubre de 2013, Gregorio fue amenazado por la publicación de una de sus notas. La dueña de un bar donde se habían cometido varios crímenes se molestó porque los voceadores anunciaban la nota afuera del lugar. Un mes después, el reportero reveló el nombre de una conocida restaurantera de Coatzacoalcos a quien la policía le había asegurado una “casa de seguridad” para personas secuestradas, entre ellas, migrantes que tuvieron que transitar forzosamente por la región.

Goyo fue secuestrado por un comando y seis días después fue encontrado sin vida en una fosa en la que también se encontraba el cuerpo de Ernesto Ruiz Guillén, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coatzacoalcos, cuyo secuestro había sido denunciado por el fotorreportero el 21 de enero.

Fue el quinceavo periodista asesinado en Veracruz en los últimos 11 años, el décimo en la administración del gobernador Javier Duarte y el quinto en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Artículo 19 advierte que la investigación sobre este homicidio, como la del resto de los periodistas asesinados en Veracruz, ha estado plagada de irregularidades o desaciertos. Existe una pretensión de desvincular el ejercicio periodístico de las víctimas con el móvil de los crímenes; las autoridades estatales incluso han llegado a señalar que los comunicadores tenían nexos con el crimen organizado o que se trató de móviles pasionales, como lo hicieron con Regina Martínez.

Edwin Canché, el corresponsal golpeado por documentar

El 1 de enero de 2014, Almícar Couoh, menor de edad y sobrino del alcalde de Seyé, Yucatán, aún ebrio por el festejo de año nuevo, condujo la camioneta de su padre, chocando contra el muro de piedra que protegía el patio de la familia Madera Pech.

Para evitar que el culpable lograra deslindarse de los daños, Amada Pech, habitante del inmueble, buscó a Edwin Canché, corresponsal de del Diario de Yucatán en Seyé, un municipio indígena a 36 kilómetros de Mérida, capital del estado.

Al llegar al lugar tomó fotografías, pero casi de inmediato cuatro policías y el director de seguridad municipal lo hostigaron y se lo llevaron al palacio municipal en una patrulla. En el lugar, los uniformados recibieron la orden del munícipe Ermilo Dzul Huchim: “Ya estoy hasta la madre, me tienen cansados de que estén criticando mi administración. Rómpanle la madre”. El resultado: lesiones en las costillas y una contusión en la cabeza.

Debido a la protesta de los habitantes, el presidente municipal liberó a Edwin y le devolvieron sus pertenencias pero borraron las fotos que había tomado. Permaneció retenido durante una hora. El reportero interpuso una denuncia ante la Procuraduría de Yucatán y el caso fue atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).

Aunque en mayo de 2014 el Juzgado Quinto de Distrito ordenó la aprehensión de los cinco agresores por los delitos de abuso de autoridad y lesiones, al ser no graves consiguieron la libertad con fianzas de entre 7 mil 400 y 8 mil 333 pesos cada uno. El argumento del juez para no imputarles delitos graves, fue que Edwin nunca acreditó su calidad de periodista.

Los abogados de Edwin interpusieron un amparo ante un tribunal de apelación en Campeche, y solicitaron que se reclasifiquen los delitos y se tome en cuenta la calidad de periodista de la víctima. Por tratarse de un tema relevante para la libertad de expresión, Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunció el pasado 25 de febrero que analizará el caso para su posible atracción.

Pedro Canché, el periodista que retó al gobernador

Pedro Canché es periodista maya en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. El único que dio a conocer la represión de los ciudadanos mayas de su comunidad, que protestaban contra los altos cobros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), órgano dependiente de la administración estatal.

Canché produjo y difundió un video en redes sociales donde criticaba el desempeño de Roberto Borge y lo retaba a debatir públicamente por su falta de sensibilidad para atender las denuncias ciudadanas de su localidad. La respuesta fue una campaña de desprestigio y hostigamiento en redes sociales por parte de personajes cercanos al gobernador.

El 30 de agosto de 2014 fue encarcelado y acusado falsamente de sabotaje por el gobierno de la entidad, encabezado por Roberto Borge. Además advierten que Canché no era periodista por el hecho de que no publicaba en un medio de comunicación acreditado ante el gobierno estatal.

Canché permanece en la cárcel y desde ahí ha enviado su testimonio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero el gobierno estatal ha intentado por cualquier medio acallar su voz. Exigió a las autoridades de la prisión de Carrillo Puerto que le quitaran todo objeto con el que Pedro pudiera escribir, pero la orden fue desechada, debido a que el reglamento permite a los presos la posesión de hojas de papel, plumas o lápices.

Esta es una muestra más de que “el gobierno de Roberto Borge es represor de la libre expresión. El mensaje es incisivo: en su entidad se castiga a quienes publican información incómoda, crítica. En Quintana Roo, las voces que disienten son ahogadas; con ello se busca el control político de la sociedad”.

Noreste de Sinaloa bajo ataque

Desde que Mario López Valdez asumió la gubernatura de Sinaloa, el 1 de enero de 2011, el periódico Noroeste ha sido el medio de comunicación que más agresiones ha recibido en esa entidad, advierte Artículo 19.

Durante la medianoche del miércoles 2 de abril de 2014, su director, Adrián López Ortiz, fue asaltado, golpeado y herido por una bala en una pierna. Lo agredieron cuando se dirigía a su casa, procedente del aeropuerto de Culiacán, luego de arribar en un vuelo comercial de la Ciudad de México, donde también viajaba el gobernador Mario López Valdez, cuya administración ha sido fuertemente cuestionada por Noroeste.

A la fecha, han sido registrados 47 incidentes de seguridad en ese lapso: robos, despojos, agresiones físicas, amenazas y asaltos, en los que el personal y equipo de trabajo del diario sufrieron daños.

En materia de agresiones a la libertad de expresión, según la documentación de Artículo 19, Sinaloa es la décima entidad nacional con más ataques en siete años. Suma por lo menos 67 casos, 32 en el gobierno de Mario López Valdez, de los cuales 22 han sido acciones dirigidas a Noroeste. A esta cifra hay que sumar las decenas de incidentes de seguridad contra este periódico, en los que han sido atacados tanto instalaciones como trabajadores no involucrados en la labor periodística.