Los programas Escuela Segura y Escuelas Dignas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) reciben 3 mil 091 millones de pesos aunque no sea posible evaluar si contribuyen a mejorar la educación de los estudiantes mexicanos, según el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El objetivo de ambos es garantizar que en las escuelas del país existan condiciones óptimas para el aprendizaje, pero el diseño institucional impide determinar si se alcanza la meta, además de que no es claro cuál es la población objetivo o qué uso le da cada escuela a los recursos que recibe.
[contextly_sidebar id=”64p7SZUJNCUHIH2c1dzFcpWpuqL39H5g”]“La SEP careció de información sobre las escuelas participantes en el Programa de Escuela Segura en 2013 que contaron con la agenda de seguridad escolar, por lo que no se tiene la certeza del seguimiento de las acciones realizadas para atender sus principales problemas de seguridad identificados en las autoevaluaciones de la seguridad escolar, ni para medir el impacto del programa en la mejora de las condiciones de seguridad escolar en las escuelas beneficiadas”, cita el informe de la Cuenta Pública 2013.
Escuela Segura recibió en ese año 292 millones 369 mil pesos del presupuesto federal para atender a 53 mil 787 escuelas, que recibieron montos que van desde los 5 mil pesos a los 35 mil, aunque en ningún caso se puede acreditar qué hicieron con el dinero o si se usó para mejorar la seguridad de los planteles, según la ASF.
“La información reportada por la SEP en los documentos de rendición de cuentas de 2013 no permitió verificar el cumplimiento del objetivo del Programa de Escuela Segura, relativo a generar en las escuelas de educación básica condiciones que propicien ambientes de seguridad y sana convivencia, favorables para la mejora de los aprendizajes, así como la práctica de valores cívicos y éticos”.
El informe que recibió el Congreso este miércoles detalla que los alcances del programa se originan en el diseño del mismo, pues no se determina qué características debe tener una escuela para considerarse segura, a qué público atender o en qué consiste “el fortalecimiento de la seguridad escolar”.
Algo similar ocurre con el Programa Escuelas Dignas, pues opera sin criterios específicos sobre en qué condiciones debe estar un plantel para tener acceso a los recursos, sin un plan para realizar las mejoras tras detectar problemas o cuál es la población objetivo.
La ASF señaló que no hay forma de evaluar cómo este programa contribuye a mejorar el estado físico de las escuelas y a tener un ambiente óptimo para el aprendizaje.
El Programa de Escuelas Dignas recibió en 2013 recursos por 2 mil 798 millones 816 mil pesos con la finalidad de garantizar que los planteles del país hubiera seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento, buenas instalaciones hidrosanitarias, mobiliario y equipo; áreas de servicios administrativos, accesibilidad, infraestructura para la conectividad y espacios de usos múltiples.
Al analizar una muestra representativa de las 2 mil 675 escuelas que recibieron en 2013 recursos del programa, la ASF concluyó que el 87.8% de las mejoras autorizadas nada tienen que ver con las necesidades diagnosticadas en las escuelas.
“Persiste el riesgo de que la infraestructura escolar no tenga las características esenciales para las actividades educativas, en detrimento del aprendizaje de los alumnos”, concluyó la ASF.
Tanto para este Programa de Escuelas Dignas como para el de Escuela Segura, la Auditoría advirtió que no existen elementos para conocer su impacto social.