Ángel Aguirre se pone a disposición de las autoridades y renuncia al PRD
[contextly_sidebar id=”rLbIMy0cVob3sRD5gTkKJDsW2MEG1Ez0″]Tras anunciar su renuncia como militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) la noche de este miércoles 11 de febrero, el gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se puso a disposición de las autoridades para que sea investigado por cualquier hecho que se le impute.
“Es mi propósito deslindar a este órgano político sobre cualquier actuación que haya tenido desde que asumí la Gubernatura del Estado de Guerrero con fecha primero de abril del 2011.
“Me pongo a disposición de las autoridades Federales y Estatales para que se me investigue de cualquier hecho que se me impute como ha sucedido desde el primer día en que solicité licencia sobre los lamentables hechos acontecidos en la ciudad de Iguala”, señaló Aguirre Rivero en una breve carta enviada al dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete.
Antes de exigir “a las autoridades justicia pareja y estricto apego a derecho”, Aguirre Rivero aseguró que enfrentará la investigación “con dignidad y entereza, no habré de esconderme, ni mucho menos salir de mi País y de mi Estado”.
En las últimas 24 horas, autoridades federales han detenido a nueve personas, entre ellas el hermano de Ángel Aguirre Rivero, Carlos Mateo, y su sobrino Luis Ángel Aguirre Pérez, por el presunto desvío de 287 millones de pesos.
Además de los familiares de Aguirre Rivero, las personas detenidas fueron identificadas como Pablo Ignacio Hughes Acosta, quien desempeñaba como director de Desarrollo Urbano de Guerrero; Mauricio Francisco Hughes Acosta, Alejandro Carlos Hughes Acosta, Jorge Eduardo Hughes Acosta, Víctor Felipe Hughes Acosta, Henry Paul Hughes Alcocer y Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex subsecretario de Finanzas y Administración del Estado.
Ángel Aguirre pidió licencia como gobernador de Guerrero el pasado 23 de octubre, al asegurar que era la decisión responsable para seguir sirviendo a su entidad.
La salida de Aguirre del gobierno estatal ocurrió 27 días después de la agresión contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre.
