A casi tres años de haber sido detenida y torturada por elementos de la Marina, Claudia Medina Tamariz recibió su “inmediata libertad” en relación al delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército por acreditar la violación a sus derechos humanos.
[contextly_sidebar id=”rEZbyXH91MC8GhLFSECMjXQRluoqLhJv”]Cuando Claudia fue detenida, el 7 de agosto de 2012, marinos la torturaron física, psicológica y sexualmente. Claudia narra a Animal Político que durante horas recibió amenazas de muerte, descargas eléctricas, cubetadas de agua, salsa en las fosas nasales, fue asfixiada, violada. La torturaron para que confesara pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación.
Después la consignaron por 12 delitos, entre ellos delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Claudia permaneció 23 días en prisión y luego salió libre bajo caución, aunque todavía era procesada por este último delito.
El Tercer Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación, en Xalapa, analizó los dictámenes psicológicos y médicos emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y peritos independientes y concluyó que durante “al menos 12 horas, la procesada fue sujeta de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Las violaciones a los derechos humanos de Claudia que fueron acreditadas consisten en:
*Tortura mediante violencia sexual.
*Allanamiento ilegal de su domicilio.
*Detención y retención arbitraria.
*Incomunicación.
*La exhibición ante los medios de comunicación como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación.
Luis Tapia Olivares, abogado del Centro ProDH, explica a Animal Político que los dichos de los elementos de la Marina eran la única prueba que existía para acusar a Claudia del delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
“La única prueba disponible (contra Claudia) está contaminada por tortura, afecta a los derechos humanos”, dice Tapia Olivares. Así “ya no se puede sostener un proceso penal en su contra”.
Animal Político buscó hablar con la Secretaría de Marina sobre el caso de Claudia, sin embargo, el departamento de Comunicación Social de la dependencia dijo que “hasta el momento no estamos manejando ninguna postura ante eso”.
En 2014, el Relator Especial de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, Juan Méndez, dijo que en México la tortura es una práctica sistemática, generalizada y con una impunidad casi total.
Según el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), entre 2005 y 2013 hubo cuatro sentencias condenatorias por tortura, sólo dos de ellas firmes.
Los pendientes
Desde febrero de 2014 se abrió una averiguación previa contra la Marina por tortura, sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) pide que Claudia acuda a ratificar su denuncia para que comiencen las indagatorias. Tapia Olivares explica que “en caso de delitos graves no existe esta obligación para que la autoridad empiece a investigar”.
En diciembre de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren tortura y malos tratos: cualquier autoridad que tenga conocimiento de prácticas de tortura o malos tratos está obligada a investigar, enjuiciar y castigar.
Otro de los pendientes concierne a la CNDH, dice el abogado de Centro ProDH. A pesar de que la comisión acreditó las violaciones a los derechos humanos de Claudia no ha emitido una recomendación por este caso.
Aunque Claudia está libre del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército debido a que se acreditó que fue torturada, en el delito de delincuencia organizada las autoridades no le reconocieron la tortura.
Éste es el caso de Claudia Medina Tamariz: