[contextly_sidebar id=”6StXh3xDeucVhmMLRMwhTlM10E5UWY81″]Luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) respondiera que “no le compete determinar la veracidad de la información patrimonial presentada por Angélica Rivera“, el abogado Luis Pérez de Acha presentó este lunes 16 de febrero una demanda de amparo en contra de la resolución de esa dependencia.
Pérez de Acha sostiene que el SAT “es la única dependencia que cuenta con facultades legales para resolver la petición (…) En particular, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del SAT”. De acuerdo con el abogado, con base en ese código y ley, el SAT tiene las siguientes atribuciones:
Asimismo, el abogado constitucionalista afirma que “el SAT tiene la obligación de dar satisfacción plena al derecho de petición ejercido el 15 de diciembre de 2014. Por lo tanto, en este caso es inaplicable protección, reserva o secrecía alguna de la información fiscal de la Sra. Rivera Hurtado, pues ella misma la hizo pública en su página de internet”.
En la demanda presentada este lunes ante el Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, tres autoridades son señaladas como ‘responsables’: el jefe del SAT, el administrador General de Servicios al Contribuyente, la administradora Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos.
La solicitud de amparo ocurre luego de que el SAT se calificara incompetente para atender una solicitud del abogado Luis Pérez de Acha y el director de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, Darío Ramírez, quienes el 15 de diciembre pasado entregaron un documento en el SAT, dirigido a su titular, Aristóteles Núñez, para “que confirme si la información fiscal que se desprende de la declaración de impuestos del 2010 hecha pública por la señora Angélica Rivera Hurtado, esposa del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, es verdadera”.
Esta solicitud fue presentada a raíz de la controversia causada por una mansión ubicada en la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec, propiedad de Rivera, que fue adquirida a una contratista propiedad de Grupo Higa, que participó (junto con un consorcio chino) en la primera licitación del tren rápido México-Querétaro.
Al presentar la solicitud para que el SAT indagara, Perez de Acha dijo que ante “indicios de que se cometieron delitos”, el SAT es la institución a quien puede “verificar si fueron pagados en tiempo y forma los impuestos correspondientes al ingreso de 130 millones de pesos que, de acuerdo a su declaración, recibió la señora Angélica Rivera; también, si las fechas, retenciones y tipo de declaración reportados en la documentación que hizo pública, son verdaderos”, explica el documento entregado”.