Los argumentos de la PGR para ‘cerrar’ el caso Ayotzinapa; 6 respuestas de los padres

[contextly_sidebar id=”BA3c2yiw2ARgpbsl27ig5egY3IE8LVMM”]Luego de que el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, anunciara ayer 27 de enero que existe “la certeza legal de que de que los normalistas (desaparecidos por la Policía de Iguala el pasado 26 de septiembre) fueron muertos” en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al aledaño río San Juan –certeza basada en los testimonios de los 99 detenidos por este crimen, así como en “elementos materiales, dictámenes científicos y pruebas periciales”–, los padres de los 43 estudiantes refutaron esta versión y expusieron las razones por las que, consideran, no existe sustento para dar por concluida la búsqueda con vida de sus hijos o para cerrar las investigaciones.

Argumentos de la PGR

1.- La confesión “clave”

Esta persona, quien confesó ministerialmente ser el jefe de sicarios de Guerreros Unidos en Iguala, afirmó haber recibido a los estudiantes amordazados y golpeados, luego de ser detenidos por la Policía Municipal de Iguala, a orden del hoy exalcalde José Luis Abarca. El Cepillo, además, confesó haber sido quien “dirigió la operación (para asesinarlos), conduciendo a las víctimas hasta el basurero (de Cocula), interrogándolas, dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas, ordenando que no quedara nada“, por lo cual, incluso las pertenencias de los estudiantes fueron calcinadas.

Para la PGR, con la confesión de este presunto sicario no sólo “se comprueban las versiones coincidentes de los otros (presuntos involucrados) investigados”, sino que todas las confesiones incriminatorias, en su conjunto, “fueron confirmadas por los elementos materiales, dictámenes científicos y pruebas periciales” recabadas no sólo por expertos de la Procuraduría, sino también durante peritajes realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México.

2.- Los restos óseos recuperados

La primera prueba física de que los normalistas fueron asesinados en el basurero de Cocula es que en este lugar fue hallado un fragmento de cráneo perteneciente a uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio, lo cual ya fue confirmado a través de análisis de ADN.

De esos 60 mil restos, casi todos quedaron completamente carbonizados, y sólo de 17 fragmentos de hueso quizá pueda ser extraído algún perfil genético, algo sobre lo que aún no hay certeza, con la esperanza de que, tal como pasó con Alexander Mora, otros normalistas puedan ser plenamente identificados.

3.- El lugar del “homicidio”

Según los presuntos homicidas confesos, luego de que la policía de Iguala entregó a los estudiantes a los sicarios de Guerreros Unidos, éstos los condujeron al basurero de Cocula, donde los interrogaron, para luego asesinaros con armas de fuego e incinerarlos.

En este basurero, la PGR identificó tres puntos de concentración de ceniza que, en total, abarcan aproximadamente 140 metros cuadrados (un área de 15 por 9 metros), superficie en la que se encontraron restos de diesel, gasolina, llantas y madera quemadas, además de que hay también latas fundidas y piedras cuya composición química fue alterada por altas temperaturas.

Entre los restos óseos recuperados, de hecho, se encontraron varios dientes fundidos, para lo cual se requieren temperaturas de 1600 grados centígrados, siendo esto prueba, para la PGR, de que en este basurero sí hubo una hoguera de dimensiones suficientes como para incinerar los cuerpos de los 43 normalistas, temperaturas logradas por la combustión de la gasolina, el diesel y las llantas.

Además, se pudo confirmar que el incendio ocurrió el 26 de septiembre, gracias a peritajes realizados por el Instituto de Biología de la UNAM, que llegó a esa conclusión tras analizar el tiempo de evolución de plantas y larvas que comenzaron a crecer en la zona, luego del incendio.

También fueron encontradas las bolsas en las que los presuntos homicidas confesaron haber arrojado los restos calcinados al río San Juan, y su contenido (ceniza, restos óseos, residuos de neumáticos, entre otros) coincide químicamente con aquellos restos encontrados en el el basurero de Cocula, por lo cual, queda comprobado para la PGR que las evidencias de uno y otro puntos tienen el mismo origen.

Entre las evidencias recabadas en este basurero, por último, también hay casquillos percutidos, con los cuales se confirma, según la autoridad, “que en este lugar fueron disparadas armas de fuego, como las referidas por los responsables, con las cuales privaron de la vida a los normalistas”.

Con base en todos estos elementos, señaló el procurador Murillo, “un análisis lógico-causal permite llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan”.

Por estos delitos, se anunció que a los presuntos implicados se les fincarán cargos por “delincuencia organizada y secuestro agravado, siendo el agravante el homicidio, y se contempla una penalidad de hasta 140 años de prisión”.

Contraargumentos de los padres y madres

1.- Confesión dudosa

Para el comité de familiares de los 43 normalistas desaparecidos, “no es determinante” la confesión de Felipe Rodríguez Salgado, presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos y quien aceptó haber dirigido el asesinato e incineración de los estudiantes, debido a que en su misma declaración ministerial, “dicha persona no declaró haber permanecido en ese lugar durante todo el tiempo que supuestamente tomaron los hechos”.

Además, subrayaron, hay 20 detenidos que afirman que los estudiantes fueron enterrados en fosas ubicadas en la colonia Pueblo Viejo y el cerro La Parota, de Iguala, lo cual pone en entredicho toda la hipótesis sobre el homicidio en el basurero de Cocula.

De hecho, lamentaron, “la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante el Ministerio Público, que fácilmente pudieron ser coaccionadas, pues es de todos conocido que en México la tortura es recurrente y, al respecto, se ha hecho pública información sobre la tortura de algunos inculpados sin que, hasta ahora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya intervenido para aclarar estas denuncias”.

Así, para los familiares de los estudiantes desaparecidos, no se puede llegar a una “certeza legal” en torno al destino de sus hijos, más aún cuando siguen prófugos el jefe de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores; a su subalterno, Francisco Salgado Valladares; a Gildardo Astudillo, “personaje al que la propia PGR asigna gran relevancia en su versión de los hechos”; el líder de Guerreros Unidos, Ángel Casarrubias Salgado, además de otros 11 presuntos sicarios.

2.- El fuego

En el basurero de Cocula, afirmaron los familiares de los normalistas, no existe un área amplia con huellas de fuego, tal como aseguró la PGR, sino que los puntos quemados son de “unos cuantos metros”, en los que no cabrían los cuerpos de los estudiantes, ni siquiera apilados.

Por otro lado, negaron que el basurero esté lejos de cualquier lugar habitado, debido a lo cual la PGR afirma que nadie pudo ver la hoguera requerida para crear una temperatura de 1600 grados centígrados. Por el contrario, afirmaron los familiares, hay colonias desde donde el basurero puede verse de frente, y nadie en esos lugares testificó haber visto un incendio en el basurero, durante la noche del 26 de septiembre.

Además, descartaron que las pertenencias de sus hijos fueran calcinadas hasta que no quedara ninguna evidencia de ellas, como informó la Procuraduría, ya que en días posteriores a la desaparición realizaron llamadas a los teléfonos celulares de los normalistas, y en varios casos el teléfono seguía activo, aunque nadie tomó la llamada.

3.- Fabricación de pruebas

Acerca del cúmulo de evidencias científicas recabadas por la PGR, y que que la institución afirma que sustentan las confesiones formuladas ministerialmente por los presuntos responsables, los familiares de los normalistas desaparecidos enfatizaron su desconfianza sobre los resultados periciales presentados, ya que “es más que conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y, puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis (la del homicidio e incineración de los cuerpos), las familias no aceptarán esos resultados hasta que expertos independientes realicen esos mismos peritajes“, para lo cual exigieron que se permita realizar esta labor al Equipo Argentino de Antropología Forense.

4.- Delitos no perseguidos

Otro argumento más para rechazar la conclusión de las investigaciones de la Procuraduría, destacaron los padres de los normalistas, es que esta dependencia no ha realizado ninguna indagatoria relacionada con “el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado” fue encontrado a tres cuadras del punto donde los normalistas fueron inicialmente atacados por la policía de Iguala.

“Este es un punto que la Procuraduría ha dejado de investigar. Esa línea no ha merecido la más mínima investigación: no se sabe quién lo asesinó, en qué lugar, en qué momento, por qué razón, es un cabo que está suelto dentro de toda la investigación, entonces no puede decir la Procuraduría ‘cerramos el caso’, y que ese homicidio quede sin la más mínima investigación”, afirmaron.

En el ámbito de la técnica legal, de hecho, la Procuraduría piensa dejar impune el delito de desaparición forzada, porque los cargos que se formula contra los detenidos son delincuencia organizada y secuestro agravado con homicidio.

5.- Cargos fallidos

Concretamente sobre el agravante de homicidio, el comité de familiares de los normalistas desaparecidos destacaron que existe una falla en el planteamiento de la Procuraduría, ya que no puede acusar a los detenidos por homicidio, sin contar con la prueba fehaciente de que los jóvenes fueron asesinados, y esta prueba no es otra que sus cuerpos. Sin embargo, advirtieron, “sólo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos, y esto no implica que haya certeza sobre la muerte de los otros 42, ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido”.

Por ello, calificaron como un “error jurídico decir que se ha consignado por homicidio, cuando en realidad de nuevo se consignó por secuestro con la agravante de privación de la vida, lo que técnicamente implica una diferencia relevante”.

6.- Implicados impunes

Una razón más para no dar por concluida la investigación sobre el ataque a los normalistas, concluyeron sus padres y madres, es que la PGR no ha investigado el papel que jugó el 27 Batallón de Infantería del Ejército asentado en Iguala.

A pesar de que ayer mismo el procurador Murillo Karam aseguró que no hay ninguna evidencia de que elementos del Ejército participaran, por acción u omisión, en la agresión a los normalistas, sus padres aclararon que sí hay evidencias, y éstas son las declaraciones de estudiantes sobrevivientes, los cuales afirman haber sido agredidos por militares que llegaron a la clínica en la que algunos heridos estaban siendo atendidos; además de que “el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el Ministerio Público que el Ejército sabía desde 2013 que los Guerreros Unidos controlaban a la policía de Iguala, pese a lo cual las Fuerzas Armadas les brindaron protección”.

Asimismo, resaltaron que la investigación no puede concluirse sin que se hayan deslindado responsabilidades penales por el “entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 e septiembre: está pendiente investigar a otros alcaldes”, entre los que señalaron al de Taxco, Salomón Majul González, o al de Tepecoacuilco, Antonio Galarza Zavaleta, los cuales, afirmaron, están coludidos con el crimen organizado, además de que insistieron en la necesidad de fincar cargos al exgobernador guerrerense Ángel Aguirre.