La increíble historia de Edmond Mulet y los niños que “exportaba”

Noviembre de 1981. Hombres del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional irrumpen en la habitación 338 del lujoso hotel Camino Real, en la Ciudad de Guatemala. Visten de civil. Allí detienen a cuatro mujeres canadienses listas para llevar a su país a cinco niños guatemaltecos. Una de las capturadas iba a adoptar a un recién nacido. Otra, a un pequeño de tres años y llevaría a otro bebé de menos de dos meses para una pareja canadiense. Las dos restantes portaban dos bebés para familias adoptivas en Canadá. La Policía envía a los niños al orfanato nacional Elisa Martínez mientras investiga lo que les parece una estructura de tráfico de menores. El 24 de noviembre, a las 10 de la mañana, la Policía detiene en su oficina a Edmond Auguste Mulet Lesieur, el abogado y notario encargado de los trámites (aunque en su declaración, él diría haberse presentado por su voluntad ante la policía).

Pero en 1981, Edmond Mulet Lesieur era un abogado treintañero que daba sus primeros pasos en política desde el Partido Nacional Renovador (PNR), con el cual se disponía a participar en las elecciones legislativas. Y también formaba parte de una red internacional de adopciones: Les Enfants du Soleil (Los Niños del Sol).

Unos años antes, en 1977, un cambio en la legislación guatemalteca abrió la posibilidad de que los notarios gestionaran los procesos de adopción. Gracias a eso, desde principios de los 80, las adopciones comenzaron a acrecentarse y se convirtieron en un negocio muy rentable.

En los años que siguieron, se formaron numerosas redes de adopción que se infiltraron en el Estado.

En la Secretaría de Bienestar Social para obtener niños de los orfanatos nacionales.

En la Dirección General de Migración para sacarlos del país sin la documentación requerida.

En la Procuraduría General de la Nación para agilizar los trámites de adopción.

Así en 2008, Guatemala llegó a ocupar el primer lugar en la “exportación” de niños hacia Estados Unidos, según Unicef.

Pero aquí estábamos en el principio de todo, y aquel 24 de Noviembre de 1981, Edmond Mulet se encontraba en aprietos: detenido en la sede del Segundo Cuerpo de la extinta Policía Nacional, lo interrogaba un detective que le atribuía haber creado un “sistema de exportación de menores”.

Las adopciones que no lo eran

Entre los documentos que llamaron la atención del policía investigador estaban las cinco solicitudes de emisión de pasaportes para los niños, firmadas por Mulet. En la casilla “Motivo del Viaje” el abogado había escrito “turismo”. Y como dirección en Guatemala de todos los bebés figuraba la de su despacho de abogado.

Mediante un mandato legal, las familias canadienses habían encargado a Mulet la tarea de tramitar una adopción. En ese documento se designaba a Mulet como su representante legal en Guatemala.

De acuerdo a la legislación vigente en 1981, una adopción requería tres pasos: un informe de una trabajadora social adscrita a un Juzgado de Menores que indicara que los adoptantes eran idóneos para hacerse cargo de un menor, un dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y dos testigos —cualquier persona era válida— que declararan que dichos adoptantes eran personas honorables y de buenas costumbres. Con esto resuelto, un abogado redactaba la escritura de adopción en presencia de los padres biológicos del niño y de sus padres adoptivos. La escritura se remitía al Registro Civil, que apuntaba en la partida de nacimiento del niño el nombre de sus nuevos padres. Entonces, todo estaba listo para que las autoridades de migración emitieran un pasaporte con la nueva identidad del menor, para que éste viajara a su nuevo destino.

Estos trámites solían durar aproximadamente un año. Pero en lugar de seguir el procedimiento de ley, Mulet decidió tomar atajos. Simplemente redactó por cada niño tres escrituras públicas. Una primera en la que los padres biológicos consentían la adopción, otra en la que entregaban sus hijos a una asociación llamada Los Niños del Sol, y una última en la que pedían a las autoridades de migración que facilitaran el viaje del menor a Canadá.

Con esto, Mulet se presentó ante la Dirección General de Migración y solicitó que le expidieran pasaportes para sus “turistas” recién nacidos. Se ahorraba así todos los trámites que implicaban un ligero control de la idoneidad del proceso por parte las instituciones del Estado: PGN, Registro Civil y Juzgado de Familia.

El proceso había sido insólitamente rápido: entre el nacimiento de cuatro de los niños ―septiembre y octubre de 1981― y la llegada de las mujeres canadienses para recogerlos, pasaron apenas dos y tres meses.

En 1981, según el reporte policial, Mulet declaró al detective que él “estimaba que no había necesidad de que nuestros juzgados de Familia ni el Ministerio Público ni los padres del menor tuvieran que ver con el destino del mismo”.

De hecho, dijo, ya había mandado a otros menores al exterior siguiendo esa misma pauta.

“Los Niños del Sol”

Tras la investigación policial, el juez de paz Carlos Antonio Albúrez Roca, del Quinto de Paz del ramo penal, se hizo cargo de las diligencias judiciales: interrogó al abogado, a las mujeres canadienses y a las madres biológicas de los niños. Así fue develando cómo operaba Los Niños del Sol.

La asociación creada en Canadá con el nombre Les Enfants du Soleil (Los Niños del Sol) por el abogado canadiense Jean Francoeur se definía únicamente como un “centro de información acerca de la adopción internacional”. La práctica reveló una actividad distinta: una vez que entraban en contacto con parejas canadienses que quisieran adoptar, su función era ayudarles a reunir y legalizar en Canadá los documentos necesarios para la adopción, para luego dirigirlas hacia Edmond Mulet, que en teoría haría lo propio en Guatemala.

Lise Francoeur, esposa de Jean Francoeur, a veces incluso acompañaba a los adoptantes en el viaje a Guatemala, o trasladaba de un país a otro a los niños en caso de que las parejas no pudieran o no quisieran viajar. Lise y su madre, Simone Bédard, fueron dos de las mujeres detenidas en el hotel Camino Real en el operativo policial de noviembre de 1981. Ambas se disponían a llevar a un niño guatemalteco a Canadá para otras personas.

El juez Albúrez Roca entendió que estaba frente a una estructurada red de adopciones. Sus preguntas a las madres biológicas de los cinco niños encontrados en el hotel Camino Real buscaban determinar quién las había convencido de entregar a sus hijos. Y descubrió que a todas las había captado una misma persona: Ofelia Rosal de Gamas.

Rosal de Gamas era la jaladora de la red, es decir, la persona encargada de buscar mujeres que aceptaran dar a sus hijos en adopción. Cuñada del general Óscar Humberto Mejía Víctores, Presidente de facto de Guatemala entre 1983 y 1985, Rosal de Gamas se convertiría durante ese mismo periodo en la encargada del orfanato estatal Rafael Ayau. En 1987, dos años después de que su cuñado abandonara el poder, la policía la acusaría de encabezar otra red de adopción que tenía en ese momento en su poder a 24 niños de entre un mes y dos años.

Evelia R. era una de las madres detenidas en 1981. Empleada de un salón de belleza, ganaba Q80 mensuales (hoy, alrededor de Q.1,700), una cifra insuficiente para mantener a su familia. El juez le preguntó cómo había conocido a la jaladora. Evelia le respondió que, estando embarazada, se había encontrado en el mercado con Rosal de Gamas, quien le preguntó si estaba en condiciones de dar sustento al niño que llevaba en su vientre. A partir de ese primer encuentro, se sucedieron la conversaciones con Ofelia Rosal de Gamas, quien le obsequiaba pan o tortillas. Hasta que un día Evelia le escuchó decir que podía entregar al recién nacido a quien tuviera los medios para criarlo. “Así fue como se inició todo”, puntualizó Evelia.

Otra de las madres, Delia D., servía en una casa en la que ganaba Q45 al mes (algo menos de mil quetzales actuales). Delia estaba embarazada y desesperada: el padre del niño no lo reconocería y sus patrones podían echarla de la casa. Paseaba triste por el Parque Central —relató— cuando se le acercó una persona que le preguntó por su embarazo. Al escuchar que no era deseado, le habló de Ofelia Rosal. Cuando Delia D. se encontró con la jaladora de Los Niños del Sol, Rosal le mostró diapositivas de niños adoptados que “se veían bien”. Así la convenció de que le entregara el niño al dar a luz. Delia lo hizo dos días después del parto.

Además de la pobreza y de su relación con Ofelia Rosal de Gamas y Edmond Mulet, había otro antecedente clave que unía a estas mujeres guatemaltecas: el lugar donde nacieron sus hijos. Tres de las madres biológicas —Aura R., Gladys C. y Evelia R.— dieron a luz en una casa de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, propiedad de Hilda Álvarez Leal, la comadrona. Los testimonios coinciden: después de entregar a sus hijos, Ofelia Rosal o su hijo, Frank Gamas, llevaban a las madres a la oficina del abogado Edmond Mulet para que firmaran las escrituras notariales.

Según una vecina de la partera, Hilda Álvarez Leal, falleció “hace como 30 años”. En cuanto a Ofelia Rosal de Gamas, un familiar dijo en 2013 que vivía, pero postrada en estado vegetativo tras un derrame cerebral. El hijo de Ofelia, Frank Gamas, declinó hablar sobre estos hechos. Dos años más tarde, un pariente comunicó que Ofelia Rosal había muerto.

En 2011, Plaza Pública localizó a dos de las madres biológicas. Una de ellas negó haber dado un hijo en adopción. La familia de la segunda pidió que se volviera a buscarla al día siguiente. Se cumplió, y tras someternos a un largo interrogatorio, respondieron que la mujer acababa de migrar a los Estados Unidos y no sabían cómo localizarla. Sería sexagenaria.

“Yo pensé que todo estaba dentro de la ley”

Diane W., una de las mujeres canadienses detenidas en noviembre de 1981, enfermera de 36 años, estaba casada y no podía tener hijos. A Jean Francoeur lo habían conocido ella y su marido por medio de un amigo con el que habían hablado de su deseo de adoptar un hijo. El matrimonio se comunicó con Francoeur, que les presentó la asociación Les Enfants du Soleil y les recomendó los servicios de Edmond Mulet en Guatemala.

Para iniciar el proceso, Diane W. y su marido le enviaron a Francoeur una voluminosa documentación: declaración bancaria, certificado de buena salud, certificado de infertilidad, así como el informe de idoneidad firmado por una trabajadora social canadiense.

En una carta manuscrita supuestamente destinada a “las autoridades de adopción”, los W. afirmaban ser una pareja “amorosa, unida, feliz y en buena situación financiera”. Y deseaban un niño para educarlo en un “clima de amor, calor, seguridad, generosidad y amor”. En los formularios que les presentó la asociación, los padres escogían el sexo, la edad y el número de niños que deseaban. Había incluso una opción que decía: “Lo más joven posible”. La pareja optó por un niño y una niña menores de cuatro años. Otro documento que la organización Les Enfants du Soleil Hilda Álvarez Leal les hizo firmar fue un mandato para que Edmond Mulet los representara en Guatemala y cumplimentara las adopciones en calidad de abogado y notario.

Diane W. le dijo al juez Guerra Figueroa que a principios de noviembre de 1981, Edmond Mulet les hizo llegar el mensaje de que había un bebé para ellos y que los trámites de adopción habían terminado. Estaba todo listo.

“El proceso había sido insólitamente rápido: entre el nacimiento de cuatro de los niños ―septiembre y octubre de 1981― y la llegada de las mujeres canadienses para recogerlos, pasaron apenas dos y tres meses”.

Monique M., otra de las mujeres canadienses detenidas en 1981 en el hotel Camino Real, junto a tres parejas de la misma nacionalidad, recibieron también por estas fechas la llamada de Francoeur: los trámites para la adopción del niño ya habían terminado y todo estaba listo.

Dado que las otras tres parejas adoptantes no podían viajar a Guatemala por razones laborales, la expedición se armó así: Lise Francoeur, como representante de Los Niños del Sol, y su madre, Simone Bédard, se harían responsables de dos niños para dos de las parejas que permanecieron en Canadá. Monique M. se encargaría de su propio hijo y de uno más, para una pareja amiga. Diane W. se llevaría al suyo.

Ante el juez Albúrez Roca, la canadiense Monique M., se mostró sorprendida cuando le mostraron que Edmond Mulet no había hecho los trámites debidos. “Yo pensé que todo estaba dentro de la ley. Para eso contraté a un abogado, que es el señor Mulet, ya que nuestra intención ha sido la buena fe y el deseo de ayudar a niños necesitados”, afirmó.

Tanto Monique M. como Diane W. dijeron al juez que ignoraban que los niños que se llevaban a Canadá no habían sido adoptados legalmente debido a que las escrituras públicas realizadas por Mulet no formalizaban las adopciones. Así lo entendió el juez Ramiro Guerra Figueroa, del Octavo de Primera Instancia, quien tomó bajo su responsabilidad el caso penal después del juez de Paz Albúrez Roca. Guerra Figueroa, hoy fallecido, retiró los cargos que pesaban sobre las mujeres canadienses y ordenó que las pusieran en libertad el 7 de diciembre, después de haber pasado quince días tras las rejas. Las madres biológicas también salieron de la cárcel.

“Por presiones políticas obtuvo su libertad”

Edmond Mulet estuvo en aislamiento una jornada, el 25 de noviembre. Al día siguiente, todavía encarcelado, defendió su inocencia en la televisión. Dijo que todo era un show político para desacreditarlo a él y al Partido Nacional Renovador (PNR), y acusó a la policía de haberlo torturado psicológicamente. Al final proclamó: “¡Viva la inteligencia! ¡Abajo la violencia!”.

Ese mismo día, su partido se movilizó para apoyarlo.

Alejandro Maldonado Aguirre, entonces candidato presidencial por la alianza Democracia Cristiana–PNR y hoy uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que resolvió anular la sentencia que en 2013 condenó a Efraín Ríos Montt por genocidio, denunció un “plan truculento” para destruir al movimiento.

Mientras tanto, Mulet intentaba recobrar su libertad y que se clausurara el proceso en su contra. Alegó que, como aspirante a diputado, gozaba de inmunidad, sin saber que su partido aún no había oficializado las candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral.

Esa versión es la que todavía hoy sostiene el actual Secretario General Adjunto de la ONU: que su detención fue una maniobra organizada por la cúpula policial. La razón, explica, es que “aquel año (1981) fue la toma de la embajada de España”, en la que masacraron a 37 personas, entre campesinos, estudiantes y ciudadanos españoles, y continúa: “la única persona que denunció esa toma y a Donaldo Álvarez, Germán Chupina Barahona, al presidente Lucas García y a Pedro García Arredondo, fui yo. Esto me generó problemas graves. Tenía amigos en el Gobierno y en el Ejército que me pedían que me fuera del país porque estaba en una lista”.

Las fechas no coinciden: la toma de la embajada española en Ciudad de Guatemala ocurrió casi dos años antes, el 31 de enero de 1980.

La prensa guatemalteca no recogió ninguna declaración de Mulet sobre los hechos de la Embajada. En cambio, sí hizo eco a un nada rebelde comunicado de su agrupación, el Partido Nacional Renovador, que se condenaba los “trágicos sucesos” en que murieron “apreciados altos funcionarios y personal de esta misión”, “ilustres ciudadanos guatemaltecos” y “campesinos manipulados por fanáticos extremistas de izquierda”. En ese comunicado solo se solicitaba a las autoridades que esclarecieran los hechos.

Aquel mismo 7 de diciembre en que las mujeres canadienses salieron de la cárcel, Mulet obtuvo también la libertad.

“Lo que a mí me consta”, sostiene hoy Mulet, “es que al final de esta investigación, el juez penal concluyó que todo se había hecho bien”, y en consecuencia el caso fue cerrado. Y por ello las canadienses detenidas, añade el diplomático, “se pudieron ir de Guatemala, ya con sus visas y todo en regla, a pasar la Navidad con sus hijos”.

Pero las cosas no sucedieron exactamente así.

En rigor, las mujeres canadienses sí volvieron a su país a finales de diciembre, pero sin los niños que querían adoptar. Según una de las madres adoptivas, éstos permanecieron un año completo en el hogar Elisa Martínez hasta que las adopciones se formalizaron, esta vez siguiendo el proceso legal y sin intervención de Mulet. Ese año fue de angustia para las madres adoptivas —según describió una de ellas— que creció aún más cuando, al recibir por fin a los niños en Canadá, se dieron cuenta de que durante ese tiempo algunos habían sufrido problemas de salud. Uno de ellos presentaba secuelas de poliomielitis contraída en el hogar, y otro la cicatriz de una operación en el perineo.

Y por otro lado, el juez Octavo, Ramiro Guerra Figueroa, sí encontró motivos suficientes para comenzar un juicio contra Mulet por patrocinio infiel, un delito que alude a cuando un abogado actúa conscientemente contra los intereses de sus clientes, en este caso, las mujeres canadienses que querían adoptar. Como se trataba de un delito menor, a Mulet se le concedió la libertad provisional, aun cuando se le formularon cargos.

Pero el juicio nunca llegaría a celebrarse.

La Sala Cuarta de Apelaciones declaró que el acta de apertura pecaba de “notoria inconcreción” y por lo tanto debía ser descartada. A pesar de que el juez Guerra Figueroa intentó reactivar el caso, el 10 de mayo de 1982, ya con Ríos Montt en el poder, la Sala declaró no hallar “motivos bastantes para llevar el proceso a la fase pública”.

Un documento policial de junio de 1984 resguardado en el Archivo Histórico de la Policía Nacional indica que en este caso de 1981, Mulet “por presiones políticas obtuvo su libertad”.

Pero lo cierto es que con la legislación guatemalteca de la época era casi imposible sancionar a los abogados por adopciones irregulares ni perseguir con eficacia a las redes. No existían aún vías legales que permitieran enmarcar las acciones individuales de cada miembro de una red de tráfico de menores, como le llamaba la policía. Por ejemplo, a un abogado que simulara una adopción no se le podía considerar como un eslabón dentro de una organización delictiva, sino simplemente como responsable de delitos menores o faltas al código del notariado. No existía la forma de analizar en conjunto la cadena de actos de todos los miembros de la red para entender qué pretendían, sino cada uno por separado.

Además, en aquella época, sólo el tráfico de mujeres para fines de explotación sexual se consideraba trata de personas. Más tarde, con la reforma al Código Penal del 2005, la adopción irregular se convirtió en una modalidad del delito de trata. Y Guatemala comenzó a ratificar un arsenal de convenios internacionales, en gran medida por el impulso de Unicef, la agencia de Naciones Unidas para proteger a los niños.

En 2011, Plaza Pública accedió a documentación de la Secretaría de Bienestar Social conservada en los Archivos de la Paz que testimonia que la asociación Los Niños del Sol también funcionó en otros países como Honduras, Salvador y Colombia. Y que, en Guatemala, esta asociación no solo captó a niños a través de una jaladora privada, como sucedió con los menores encontrados en el hotel Camino Real, sino también en orfanatos estatales como el Elisa Martínez. En estos últimos, los procedimientos empleados estaban más sujetos a la legalidad.

La pesadilla de las canadienses

Una de las canadienses que estuvieron arrestadas aquel noviembre de 1981 recuerda todo el episodio como algo tan traumático que destruyó su confianza en la gente. La prisión, los interrogatorios, las acusaciones que se formularon en su contra, resultaron demoledores: “Luego de esos 33 días en Guatemala, intentamos olvidar y aprender a vivir de nuevo”.

Porque una vez fuera de la cárcel, cuando el juez Ramiro Guerra Figueroa dejó de tratarlas como sospechosas de tráfico de menores y las declaró ofendidas por el proceder de Mulet, la situación siguió siendo tensa.

Un episodio quedó grabado en la memoria de la mujer, que recordó cómo el joven abogado Edmond Mulet llegó a su hotel en un estado “casi sicótico”:

—Lo vimos fuera de sí…, cómo nos amenazaba, aunque habló más directamente con Lise (la esposa del abogado canadiense y fundador de Les enfants du soleil, Jean Francoeur). No me acuerdo de qué le dijo, pero Lise estaba presa del pánico y nos transmitió ese miedo. Era tan grande que, cuando salíamos del hotel para ir a comer al Pollo Campero, caminábamos en parejas, espalda contra espalda, mirando hacia todos lados para comprobar que no hubiera nada amenazador.

Mulet, que ha tratado de explicar todo el caso con sosiego, se altera levemente con esta acusación: “Es totalmente falso”, replica. “Yo no he amenazado nunca jamás en mi vida a nadie. Me pregunto si ese estado de alteración no es más bien aplicable a ella misma. Estas damas canadienses estaban en una situación difícil”.

En estas circunstancias, el 22 de diciembre de 1981, las cuatro canadienses firmaron poco antes de salir de Guatemala un acta notarial por la que renunciaron a perseguir penalmente tanto “al Licenciado EDMOND AUGUSTE MULET LESIEUR como al abogado JEAN FRANCOEUR”, convencidas de que ambos “actuaron de buena fe y sin intención dolosa o culpa, por lo que la afectación a nuestros intereses en ninguna forma podemos importarla a ellos y, por ello, otorgamos a su favor el más amplio, total, y eficaz FINIQUITO”.

El acta la hicieron, además, extensiva a “LOUISE DE MOREL Y OFELIA DE GAMAS y a cualquier miembro laborante de la ASOCIACIÓN NIÑOS DEL SOL pues todos son personas bien intencionadas, motivados únicamente por fines altruistas”.

La señora Louise Depocas de Morel a la que se hacía referencia en el documento era una amiga canadiense del matrimonio Francoeur, que radicaba en Guatemala. Según documentación conservada en los Archivos de la Secretaria de Bienestar Social, ella fungía como presidenta de la asociación Los Niños del Sol. De hecho, había sido ella quien había introducido a los Francoeur en el mundo de la adopción en Guatemala cuatro años antes.

Mulet en los inicios

En 1977, los Francoeur habían aterrizado en Guatemala con la intención de adoptar a un niño o niña. Depocas de Morel les hospedó y les presentó a los responsables del hogar estatal Elisa Martinez. La pareja se decidió por una niña. Edmond Mulet, al que habían conocido en una fiesta y que entonces tenía 26 años, fungió como testigo de las buenas costumbres y honorabilidad de los Francoeur.

En febrero de 1978, siete meses después de tener con ellos a la pequeña guatemalteca, los Francoeur adoptaron a otro niño procedente del mismo hogar. La sintonía entre el matrimonio Francoeur y Rosa Amanda de Wannan, entonces responsable del Programa de Adopciones del hogar Elisa Martínez, se desprende de las cartas contenidas en los expedientes de adopción de estos dos niños, archivados en la Secretaria de Bienestar Social. En esa correspondencia, la señora de Wannan agradece al matrimonio sus regalos, y los esposos Francoeur le envían fotos de los niños y la informan de que su “asociación de información sobre la adopción internacional sin ánimo de lucro” ya ha sido reconocida por las autoridades canadienses.

Los integrantes de esa recién estrenada asociación en 1978 eran las mismas personas que habían participado en el proceso de adopción de los niños Francoeur, tal como se desprende del membrete de un documento contenido en los expedientes de la Secretaría de Bienestar Social:

Les enfants du Soleil                        Presidente: Louise de Morel. Guatemala.
Los Niños del Sol                             Director general: Guy Darby. Montreal.
Guatemala–Salvador                       Abogado y notario: Lic. Edmond Mulet. Guatemala
Honduras–Colombia                        Consejero jurídico: M. Jean Francoeur. Montreal
2480 Boulevard de Rome,
Brossard
Quebec

A partir de ese momento, Francoeur y Mulet, a través de la asociación Los Niños del Sol, empezaron a tramitar adopciones de niños guatemaletecos procedentes del hogar Elisa Martínez con destino a Canadá.

Según nueve expedientes de adopción de la Secretaría de Bienestar Social consultados en 2011, la asociación Los Niños del Sol inició procesos de adopción en el hogar Elisa Martínez al menos hasta finales de 1981. Los procesos siguen los pasos habituales establecidos por el programa estatal de adopciones, pero en casi la mitad de ellos se pueden identificar irregularidades. Entre la papelería se conserva correspondencia del años 1982 entre la entonces directora del programa nacional de adopciones, Blanca de Morales, y las parejas adoptantes de Canadá. En ella se deja constancia de los problemas que tienen con Mulet: una vez que los niños estaban en Canadá en régimen de prueba o colocación familiar, él, representante legal de las parejas canadienses en Guatemala, no terminaba los trámites. Según De Morales, el abogado estaba demasiado “ocupado por su actividad política”.

En las cartas, la funcionaria informa a las parejas adoptantes que ha llamado, escrito y enviado telegramas al abogado Mulet para terminar los procesos, pero que no obtiene respuesta. Solo la recibe su socio, Luis Fernando Argueta Bone, que no puede hacer nada porque él no es el representante legal de las familias.

De estas nueve adopciones mencionadas, cuatro nunca se concluyeron correctamente, según los registros de la Secretaría de Bienestar Social. A pesar de ello, en 1996 el Estado guatemalteco dio por cerrados los casos que todavía estaban pendientes, en un gesto que pretendía certificar el estatus de niños que llevaban entre 16 y 17 años viviendo con sus familias adoptivas, todavía en régimen de colocación familiar.

Plaza Pública preguntó a Edmond Mulet sobre estos casos. El abogado negó todo mal proceder: “Esos procedimientos fueron cerrados, clausurados. Los niños completaron sus trámites en Canadá. Se hicieron ciudadanos canadienses”.

Un informe de la extinta Dirección de los Archivos de la Paz —institución creada por el gobierno de Álvaro Colom y desmantelada durante el de Otto Pérez Molina — señaló que, entre 1977 y 1989, Canadá fue el país que recibió el mayor número de menores guatemaltecos procedentes del programa de adopciones del hogar Elisa Martínez. Determinar exactamente cuántas de estas adopciones fueron tramitadas por Francoeur y Mulet resulta imposible en la actualidad, puesto que las instituciones del Estado han vedado el acceso a los documentos de este archivo. Plaza Pública lo ha intentado repetidamente a través de la Ley de Acceso a la Información, pero ha sido imposible. Antonio Arenales Forno, hoy Secretario de la Paz, también abogado y antiguo compañero de partido de Mulet en el P.N.R., clausuró los Archivos de la Paz en 2012.

¿Un asunto de dinero?

Habitualmente, cuando los abogados adoptistas son cuestionados, afirman que los motivos de su actividad son humanitarios. Edmond Mulet no es la excepción: “Si los niños están abandonados y hay alguien que los quiera adoptar, educarlos, darles una gran oportunidad en la vida”, dice el diplomático al teléfono, “es algo que hay que agradecer. La adopción le ha salvado la vida a muchos niños no sólo en Guatemala, sino en todo el mundo”. Y continúa: “Con los años, pude seguir el desarrollo de estos niños y me ha dado mucha satisfacción, porque si se hubieran quedado en Guatemala, huérfanos, abandonados, se hubieran muerto de hambre, hubieran sido niños de la calle, quién sabe qué hubiera pasado con ellos”, indica el Secretario General Adjunto de la ONU.

Sin embargo, los niños encontrados por la Policía en el hotel Camino Real no estaban abandonados ni eran huérfanos. De hecho, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 90% de los menores adoptados en Guatemala fueron entregados por sus padres biológicos o, algunas veces, por los que se hicieron pasar por ellos cuando el niño era robado.

De 1977 a 2008, Guatemala se convirtió en un mercado de niños. En los últimos años el negocio llegó a cifrar los 200 millones de dólares anuales, sin contar hoteles, viajes y demás servicios turísticos sufragados por las parejas adoptantes.

En aquel 1981 los jueces ya intuían que detrás de todo este aparataje de las adopciones había un interés económico. Sus preguntas a los detenidos del hotel Camino Real pretendían dilucidar quién se estaba beneficiando. Lise Francoeur declaró ante el juez que Los Niños del Sol era “únicamente un centro de información”, sin interés lucrativo, “en ningún caso una agencia de adopción destinada a buscar niños”. Pero su respuesta resultaba paradójica ya que ella y su madre habían sido detenidas por tratar de llevar a Canadá varios niños. Todas las madres biológicas respondieron al juez que no habían entregado a sus hijos por dinero, sino para que tuvieran un mejor futuro.

Fueron las mujeres canadienses quienes especificaron a cuánto se elevaban los honorarios de sus dos abogados. Diane W. dijo que a su vuelta a Canadá tendría que pagar Q800 (alrededor de Q17,500 o US$2,250 de hoy) a Mulet y otros tantos a Francoeur. Y Monique M. habló de US$800 para Mulet (equivalentes a Q800 de la época) y 800 dólares canadienses para Francoeur.

Este último dice ahora haber cobrado 400 dólares por adopción. Mulet asegura que cobraba Q400, no como honorarios, sino en calidad de gastos de operación: llamadas teléfonicas, desplazamientos, etcétera. No es lo mismo que declaró en 1981. Hace 33 años, ante el agente del Cuerpo de Detectives, el joven Mulet explicó que “naturalmente” había “cobrado sus honorarios profesionales” por su labor como “coordinador general de reclutamiento de menores”.

Jean Francoeur aseguró a Plaza Pública que esos honorarios eran lo único que se les pedía a los adoptantes. Se le preguntó entonces por los demás gastos ya que Los Niños del Sol tuvo a su cargo a los menores durante tres o cuatro meses, y contó además con los servicios de una partera. Sin olvidar la labor de Ofelia de Gamas, encargada de captar a futuras madres, pobres y necesitadas en mercados y parques. El abogado canadiense afirmó que eran organizaciones sin ánimo de lucro: “Eran religiosas las que se encargaban de los niños mientras los padres venían a recogerlos”.

Pero ni Ofelia de Gamas ni la asociación Los Niños del Sol tenían relación documentada con órdenes religiosas. En ninguno de los expedientes existen indicios de algún vínculo semejante. Además, existen testimonios de que quienes cuidaban a los niños no eran monjas, un hecho confirmado por la madre adoptiva canadiense entrevistada por Plaza Pública.

Seis años después, en 1987, Jean Francoeur declaró, en una audiencia a la que fue citado por el Parlamento de Quebec, que una adopción internacional requería de “buenos recursos financieros”. “Pasando por un organismo reconocido, cuesta US$6 mil por lo bajo”, afirmó. Ese monto equivale a unos Q120 mil de hoy.

Los parlamentarios canadienses habían convocado a Francoeur, entre otros expertos, por un asunto grave: Quebec tenía problemas porque acogía en su territorio a menores que estaban en un limbo legal, como era el caso de algunos de los niños guatemaltecos procedentes del hogar Elisa Martinez gestionados por Los Niños del Sol. Muchas de las adopciones que se legalizaban en el sistema canadiense parecían rebosar ilegalidades en los países de origen de los menores. Ante la abundancia de irregularidades, el Parlamento de Quebec se planteó una iniciativa de ley que centralizara las adopciones internacionales en un ente estatal y la sometieron a discusión. Frente a los legisladores, Jean Francoeur rechazó el proyecto y defendió con vehemencia el statu quo. Le parecía innecesario. Se trataba de un asunto de las familias y alegó que en los países de origen ya existían todos los controles pertinentes.

“Esa opción implicaba dejar al niño desamparado, frente a un destino incierto y sin ninguna de las protecciones institucionales que, aunque escasas en la época, servían para verificar la naturaleza de la adopción”.

***

La forma que empleó Mulet para tramitar la salida de los menores encontrados en 1981 en el hotel Camino Real era tan peculiar que una juez de familia de la época quedó asombrada: un método insólito eso de sacar a los bebés como turistas, según declaró para esta investigación, pidiendo reserva de su identidad. La intención era clara, pero legalmente era imposible hablar de adopción, porque no se cumplía ni uno de los pasos requeridos

Marvin Rabanales, especialista en protección de menores y abogado del Instituto de Protección Social, organización de defensa de los derechos del niño, afirmó que, hasta la fecha, nunca había conocido un modus operandisimilar: “Las escrituras redactadas por Mulet por las que los padres consienten la adopción en Canadá no constituyen una adopción. Él se limitaba a redactar un instrumento público sin eficacia”.

En 2013, al teléfono, Mulet tuvo dificultades para explicar su método desde su oficina de Naciones Unidas en Nueva York. Al principio mostró su conocimiento de la ley que regulaba las adopciones: “Una trabajadora social debe dar su aprobación, el juez también tiene que saber de ese procedimiento, si no el notario no puede concluir”, dijo. Y añadió: “No tengo el expediente frente a mí, pero si a esos niños les autorizaron obtener su pasaporte y la visa, es porque cumplían con estos trámites”. Pero cuando se le recordó que esos trámites no se habían hecho y que los niños iban a viajar como “turistas” y como hijos de sus padres biológicos, y no como niños adoptados, replicó: “Ah sí, sí. También hubo casos en que los procesos de adopción se hacían en el país recipiendario. Si era la voluntad de la mamá, si daba su autorización para que los niños se fueran del país con tales papás, se podía hacer. El niño que iba a ser adoptado podía irse con los adoptantes lo antes posible, para su bienestar, su salud mental, mientras el proceso se hacía en el país”, dijo Mulet. “También había esa opción”.

Esa opción, explica Julio Prado, quien formó parte de la agencia de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad dedicada a adopciones, implicaba dejar al niño desamparado, frente a un destino incierto y sin ninguna de las protecciones institucionales que, aunque escasas en la época, servían para verificar la naturaleza de la adopción.

Nada (ni compromisos legales ni la olvidadiza trayectoria de Mulet que había descrito la encargada del orfanato nacional) auguraba que los bebés turistas regresarían. Aunque existía un proceso similar, válido solo para los niños adoptados a través de los hogares, “esa opción” no es reconocida por ninguno de los documentos legales de la época para casos como estos.

A este argumento, Mulet respondió, durante una conversación telefónica en 2015, con una pregunta: “¿Está expresamente prohibido por la ley que un menor de edad guatemalteco residente ya en el extranjero pueda realizar el proceso de adopción en Guatemala? Yo no veo ningún problema”. 

En 1981, en su declaración ante el juez Carlos Antonio Albúrez Roca, Mulet hizo en cambio lo que acostumbra la mayoría de los profesionales que participaban en procesos de adopciones en aquella época: refugiarse en el argumento de que, lejos de estar haciendo un trámite, sólo estaban dando fe de algo.

En una conversación telefónica con Plaza Pública, el abogado canadiense Jean Francoeur defendió a Mulet: “Él era muy honesto, muy meticuloso y trabajaba muy bien. Es casi imposible que Mulet no haya respetado las formas de su país”. Y acerca de los plazos de una adopción, Francoeur mostró su conocimiento: “Tomaba un año a partir de la recepción de los documentos que se mandaban allá”. Cuando se le dice que los documentos de los casos de 1981 atestiguan que el proceso duró mucho menos de un año, Francoeur respondió:

—No creo que sólo haya tomado dos meses. Estoy muy sorprendido porque tomaba más tiempo.

El caso de adopciones de Edmond Mulet from Plaza Pública on Vimeo.

1984. “La historia se repite.”

A pesar de los problemas con la justicia que Edmond Mulet tuvo que afrontar por su participación en las adopciones de Los Niños del Sol, el abogado siguió tramitando otras adopciones de manera independiente. En 1984, la Policía Nacional lo identificó como el líder de otra estructura que pagaba a madres vulnerables para que diesen en adopción sus hijos a familias extranjeras.

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En esta ocasión, Mulet no fue acusado formalmente ni detenido. En junio de 1984, la policía capturó a dos personas, Raúl Alemán Roquel y María del Rosario Alvarado Orellana, habitantes de una zona deprimida de la ciudad de Guatemala, mientras cuidaban a un bebé que no era suyo y que iba a ser adoptado por una familia estadounidense. Según explicó María Alvarado a la policía, era el tercer bebé que cuidaba por encargo de Edmond Mulet, quien les pagaba Q50 al mes, más Q25 para alimentar a los niños que les confiaba. Y explicó que el abogado “compraba” esos niños a “mujeres solteras que resultan embarazadas y también a prostitutas”.

En esta ocasión, el proceso judicial no llegó muy lejos. Los dos capturados negaron ante el juez todo lo que habían dicho a la policía. Declararon no conocer a Mulet y menos haber cuidado otros niños para él. Negaron que el niño a quien cuidaban en ese momento fuera a ser dado en adopción, y aseguraron que lo cuidaban por hacerle un favor a su madre. Sin embargo, algunos de los datos que María Alvarado confesó a la policía —y que luego negó ante el juez— resultaron ser verídicos. Según la papelería que presentó su abogada defensora, los dos niños que en un principio dijo haber cuidado, fueron efectivamente, según los registros oficiales, dados en adopción. Esas adopciones las llevaron a cabo Edmond Mulet, en calidad de apoderado, y su socio, Luis Fernando Argueta Bone, como notario. En esta ocasión, los documentos mostraron procesos de adopción legales, con los dictámenes de la PGN y de un juzgado de familia correspondientes. Mulet no fue llamado a declarar ni inculpado por ningún delito.

Edmond Mulet dice no recordar ese episodio con la justicia. Pero admite que solía emplear cuidadoras: “Mientras se realiza la adopción, el niño ya no está con la mamá. Se deposita con una cuidadora, con una familia. Podría ser que se le pagara a una cuidadora, naturalmente, para que comprara la leche, mantener al bebe, y comprar lo que fuera necesario”.

Epílogo en Haití

Los quebraderos de cabeza de Edmond Mulet con las adopciones no acabaron en 1984. En 2011 habría de enfrentar otros, pero desde una posición muy distinta: como jefe de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití.

En enero 2010, quince días después del terremoto que se cobró la vida de 316 mil personas, una organización de misioneros baptistas llamada New Life Children´s Refuge (Refugio de Niños Nueva Vida) fue descubierta intentando sacar hacia República Dominicana a 33 niños haitianos. Los baptistas aseguraron que los menores habían perdido a sus padres y que los llevaban a un orfanato improvisado en un hotel.

Las investigaciones demostraron que casi ninguno de esos niños era huérfano, y que los misioneros trataban de hacer “contrabando” de niños con vistas al mercado de la adopción internacional. Jean Claude Legrand, asesor de UNICEF, denunció en ese momento que las redes de tráfico para la adopción internacional se estaban aprovechando de la fragilidad de Estado haitiano y de los sistemas de control.

Edmond Mulet, recién llegado a Puerto Príncipe, se encontró entonces ante un posible dilema: un sistema que, tras el desastre, facilitara la salida de los niños hacia un supuesto futuro mejor; o un sistema que, para garantizar los derechos de todos los menores, estableciera fuertes controles para la adopción. Aunque no serviría para acabar con el tráfico internacional de menores desde Haití, según se demostraría en los años siguientes, Mulet anunció en aquel entonces que, como medida de protección, todos los procesos de adopción deberían ser aprobados personalmente por el Primer Ministro de Haití.

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Post Scriptum

Un día después de sus últimos comentarios por teléfono, Mulet escribió un email. Decía: “me quedé pensando en algunas de las preguntas y respuestas, ya que habiendo pasado tanto tiempo, no tengo los hecho frescos en mi memoria. Sobre el procedimiento de que los niños pudieran viajar a su país de adopción mientras se concluía el proceso de adopción, era algo bastante común en la época, todo lo cual era avalado por jueces y trabajadora(e)s sociales. Después, ese mecanismo ya no fue aceptado, pero fue algo que se aplicó sin problemas, siempre pensando en el bienestar de los niños y para evitarles una institucionalización prolongada y dañina”.