Gobierno federal no nos informa y pone más retenes, acusan padres de Ayotzinapa
[contextly_sidebar id=”cZGbIqvzcbtbnw968wwBxQM5FRZIshRG”]Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos acusaron al gobierno Federal de incumplir con el compromiso de informarles, antes que a los medios de comunicación, los avances en las investigaciones, como lo pactaron con el presidente Enrique Peña Nieto en octubre pasado.
Además, denunciaron un endurecimiento de retenes militares en Guerrero, que puede derivar en una “represión” en su contra, por lo que responsabilizaron al gobierno de “cualquier coas que pueda pasarnos”, dijo Felipe de la Cruz, vocero de los padres.
En conferencia de prensa, explicó que el diálogo con el gobierno Federal está detenido, pues ningún funcionario los ha buscado para hacerles saber los hallazgos. Eso demuestra que “están pisoteando la dignidad de los padres de familia. Están jugando con el dolor”.
Esta semana, se dio a conocer un reporte de la Universidad de Innsbruck en el cual se explica que en los restos analizados “no se encontró cantidad útil de ADN”, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) aprobó la realización de otro procedimiento llamado Secuenciación Masivamente Paralela (Massively Parallel Sequencing MPS, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, los padres se enteraron por la prensa, pese a que el 29 de octubre el presidente firmó 10 compromisos que incluían la creación de una comisión mixta de seguimiento e información integrada por personal de PGR y la Secretaría de Gobernación, cuyo propósito era “mantener cotidianamente informados a los padres del curso de las investigaciones que tiene la PGR”.
A casi tres meses, “están rompiendo un acuerdo de respeto a las víctimas de dar primero la información a las familias. Están revictimizando a los compañeros, están generando un dolor adicional. Eso nos habla de una modificación en la relación con el gobierno federal”.
Tampoco les informaron sobre la detención de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, integrante de Guerreros Unidos y señalado como uno de los autores materiales. Para el representante legal de las víctimas, Vidulfo Rosales, es indispensable mantener la comunicación con los funcionarios federales, pues ellos son los encargados de las investigaciones y tienen la información de primera mano.
Rosales aseguró que otra muestra de este distanciamiento y una sospecha de “represión” contra el movimiento es que en los últimos días se ha visto “demasiadas” fuerzas federales, como ni siquiera hubo cuando el crimen organizado tenía mayor presencia. “En Guerrero no había habido una presencia militar ni un cerco de retenes alrededor de Chilpancingo desde que estuvo el Ejército Popular Revolucionario, de 1996 a 2001”.
Explicó que rumbo a la montaña se instalaron dos retenes militares, uno en Chilapa y otro en Aguacotzingo. En la Costa Chica, hay dos más: antes de Tecuanapa y otra pasando Ayutla.
“El Movimiento Popular Guerrerense se mueve fuertemente en esas dos rutas y casualmente están endureciendo al extremo los retenes militares. Si lo juntamos con el discurso de los altos mandos, vemos que viene en ciernes una represión”, dijo en entrevista.
Octava Jornada Global por Ayotzinapa
Los padres de los jóvenes desaparecidos anunciaron una nueva jornada de movilización prevista para el lunes 26 de enero, con marchas a las 10 de la mañana que partirán desde cuatro puntos de la Ciudad de México: Avenida Zaragoza, el metro Indios Verdes, Taxqueña y el Auditorio Nacional, hacia el Zócalo.
En las manifestaciones estará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Afirmaron que continuarán con la búsqueda de sus hijos con vida, porque hasta el momento no hay ninguna certeza científica de lo contrario. “Aunque el gobierno se empecine en que la sociedad crea y nos haga creer que fueron incinerados con la declaración de los delincuentes, los seguiremos buscando”, dijo De la Cruz.
Confiaron en que los expertos internacionales designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegarán a México en febrero próximo, ayuden a las investigaciones y encuentren a los jóvenes.
En tanto, la próxima semana definirán a cuáles y cuántos cuarteles irán, para descartar que sus hijos se encuentren ahí, luego de la denuncia que han hecho sobre un presunto vínculo entre el ataque a los normalistas y militares.
