[contextly_sidebar id=”4URfRyfVlTyEZziCh8U1pHrj7kGrRPMa”]Tras dos meses de investigación, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez federal una orden de aprehensión en contra del socio mayoritario de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, y al menos otros cuatro socios más.
Lo anterior por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
En tanto, funcionarios del poder judicial federal informaron que parte de las órdenes fueron dirigidas a los socios mayoritarios de las empresas Leadman Trade, S.A. de C.V., Baus & Jackman Leasing, S.A. de C.V., empresas con las que se presume se triangulaba el dinero de los ahorradores de Ficrea.
Incluso no descartan en las próximas horas solicitar el apoyo de las autoridades estadounidenses para la pronta localización del socio mayoritario de Ficrea.
La consignación hecha ante el juez federal es por un lavado de dinero superior a los 2 mil 700 millones de pesos, dinero por el cual se compraron bienes en Estados Unidos y Europa.
Pese a que la PGR ya consignó el caso ante un juez federal la averiguación previa sigue abierta pues tras ser intervenida Ficrea el pasado mes de noviembre, desparecieron documentos e incluso computadoras con información.
De hecho parte de las declaraciones que tomó el Ministerio Público durante estos meses fue al director de Ficrea Sergio Ortiz Valencia, quien podría ser acusado de las triangulaciones y movimientos.
En este momento la investigación del Ministerio Público Federal sigue concentrándose en los archivos contables de Ficrea, pues al momento de la intervención los empleados sustrajeron de manera temporal 65 cajas que contenían el soporte documental contable de la compañía, mismo que días después fue regresado.
La PGR sabe que aún no concluye el padrón específico de ahorradores y acreditados y tampoco ha concluido la verificación de los activos y pasivos de Ficrea para tener una idea de dónde provienen los recursos no identificados.