Nestora Salgado, la policía comunitaria presa como de “alta peligrosidad”
[contextly_sidebar id=”ZNABOasw2V3lpv1saFxOPQ5EswmkvMOw”]Para la justicia mexicana, Nestora Salgado, “la comandanta” de la policía comunitaria de Guerrero, es de “alta peligrosidad”, por eso fue recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 en Nayarit, igual que Sandra Beltrán, presunta operadora del cártel de Sinaloa, o María de los Ángeles Pineda, esposa del exalcalde de Iguala, acusada de delincuencia organizada.
En este penal de máxima seguridad pasa 23 horas en una celda, apenas tiene contacto con otras personas durante los 40 minutos que puede permanecer en el patio y solo tiene derecho a hablar con su defensa por 45 minutos en cada visita. La acusan de delincuencia organizada y secuestro, aunque en Olinalá, Guerrero, encabezaba un movimiento que pretendía garantizar la seguridad y justicia en su comunidad.
El 17 de agosto de 2013, cuatro días antes de ser detenida por elementos del Ejército y la Secretaría de Marina, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Olinalá emitió un comunicado en el que alertaba la posibilidad de que ocurriera una “masacre” tras actos intimidatorios por parte de elementos castrenses en la casa de la dirigente.
Acusaban al presidente municipal, Eusebio González, y al líder del Comité del Consejo de Seguridad y Vigilancia, Juan Mancilla, de colaborar con Mario Ponce‚ Arsenio Coronel –alias el Cotorro–‚ Octavio Rendón –alias la Panocha–, Primitivo Jiménez y Omar Jiménez, presuntamente dedicados a la “distribución de estupefacientes‚ relación con sicarios‚ robo y secuestro”.
En ese año, cuando Nestora se volvía noticia nacional por encabezar un movimiento comunitario, advertía en entrevistas periodísticas que no le temía al crimen organizado, ni a los sicarios, sino “al gobierno”. La mujer de 42 años advertía frente a la cámara “si algún día llego a desaparecer, es el gobierno porque son los que nos están atacando”.
El 21 de agosto de 2013, Nestora fue detenida junto con otra treintena de policías comunitarios en el municipio de Ayutla; fue traslada a Chilpancingo y luego al Juzgado Primero del penal de las Cruces, en Acapulco. Dos días después estaba en el penal de Nayarit.
Del sueño americano a la comandancia
Olinalá es una comunidad de la región de la montaña de Guerrero, donde 8 de cada 10 habitantes se encuentran en situación de pobreza, según el reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ahí, los servicios de salud o vivienda son lujos para unos cuantos y la mayoría ni siquiera concluye la educación básica.
Nestora Salgado, como miles de mexicanos decidió buscar mejores oportunidades en Estados Unidos y migró a los 20 años. Seis meses después, sus tres hijas la alcanzaron y con su esposo construyeron una vida que les permitía vivir desahogadamente. Incluso obtuvieron la ciudadanía estadounidense.
Para mantener a su familia, Nestora limpiaba casas, trabajó en las cocinas de restaurantes y fue mesera. Dos de sus hijas estudiaron hasta la preparatoria y otra es enfermera. Sin embargo, para no olvidar sus raíces y “valorar la vida”, “la comandanta” hacía visitas frecuentes a su comunidad. Intentaba hacer ver a sus hijas que en México había gente con menos oportunidades, que trabajaban mucho y ganaban poco, comenta Saira.
En uno de los viajes, en 2001, Nestora tuvo un accidente automovilístico que la mantuvo paralizada durante tres meses y durante los tres años siguientes se mantuvo en terapia física para recuperar la movilidad. Eso fue lo que la hizo regresar a México. Sus ahorros le permitían establecerse en su comunidad, donde su hija Saira instaló una carnicería en 2004.
Tiempo después, como el resto de los comerciantes, comenzó a sufrir extorsiones por parte de delincuentes que le pedían entre 400 y 500 pesos semanales. Después comenzaron los secuestros, hasta que un día el pueblo se cansó y decidió enfrentar a los criminales. Así nació la policía comunitaria de Olinalá, ante “una emergencia” en octubre de 2012.
Nestora, de carácter fuerte, que se atreve a decir lo que piensa a quien sea, así se trate de funcionarios o policías, fue elegida por la comunidad para liderar el movimiento. Se convirtió en “la comandanta”.
Luis, marido de Nestora dice que “ella vale por dos hombres” y Saira lo confirma. La admira por valiente y aunque siempre supo que el riesgo era alto estaba dispuesta a enfrentarlo. “Si antes íbamos a morir, ahora al menos que sea por algo que valga la pena”, parafrasea Saira a su madre.
El proceso
La detención de Nestora fue a causa de cuatro órdenes de aprehensión, tres de ellas por el delito de secuestro (del fuero común) y una por delincuencia organizada (fuero federal). Precisamente por este último es que fue recluida en el Cefereso de Nayarit.
La defensa de la líder rechaza que haya cometido secuestro, toda vez que las supuestas víctimas eran personas que habían cometido alguna falta en la comunidad, detenidas por la policía comunitaria y recluidas en la casa de justicia de Olinalá.
Misael Rivero, abogado de Nestora e integrante de Organización de Defensa Estratégica en Derechos Humanos A. C., explica que el 31 de marzo de 2014, el magistrado del Primer Tribunal Unitario con sede en Acapulco dejó sin efecto la acusación 76/2013 sobre crimen organizado, por lo que dictó auto de formal libertad a Nestora. Sin embargo, aunque esto no permitía la liberación pues aún debía enfrentar las acusaciones restantes, si permitía que fuera trasladada a un penal local, pero no sucedió.
“El magistrado llegó a la conclusión de que la policía comunitaria está basada en los usos y costumbres y por lo tanto su actuación se encuadra en la Ley 701 y el convenio 169 de la OIT. Hizo una comparación entre la visión de la comunidad indígena sobre el sistema de administración de justicia y la visión occidental”, dice Rivero a Animal Político.
Y es que la actuación de la policía comunitaria de Olinalá consistía en que cuando recibía una denuncia, detenía al presunto culpable, quien era juzgado en asamblea por toda la comunidad y así se determinaba la sanción, que podía incluir la detención o la “reeducación”, es decir, realizar trabajos de apoyo a los habitantes del pueblo.
Según el magistrado de Acapulco, este modelo es equiparable a la “reinserción social” en nuestro sistema penal. “Tampoco se podía determinar como secuestro, sino como actos fundados en los usos y costumbres”. Incluso, dice el abogado, en la declaración de las supuestas víctimas y sus familias se reconocen que estaban recluidos en la casa de justicia, donde podían recibían visitas.
Además se establecían pagos acorde a sus faltas sin que eso significara un rescate sino una “fianza”.
Dichos argumentos echan abajo la configuración de “delincuencia organizada”, pues la policía comunitaria no fue constituida para fines ilícitos, sino al amparo de la Ley 701 de “Reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero”.
En el artículo 37 de dicha legislación, donde se reconoce a las policías comunitarias, se establece que “la autoridad competente podrá remitir a la custodia del Consejo, a los indígenas sentenciados por delitos del fuero común para que cumplan su condena y se rehabiliten socialmente conforme a las normas que para tal efecto ha establecido el Consejo y que tutela el Código Penal del Estado”.
El caso fue considerado como una “aberración” por el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, al considerar que Nestora es una presa política. Por ello solicitó al titular de la Fiscalía General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado.
Esto obedece a la “demanda de justicia, sin criminalizar la lucha social y apegándose a procurar el buen desarrollo de las actividades del estado y la paz social que requiere Guerrero”, se explica en el comunicado emitido el 8 de enero pasado.
Aunque no hay un periodo establecido para que el fiscal resuelva, de atender la petición del gobernador, la liberación sería inmediata. Sin embargo, todo es “un cálculo político”, acusa el abogado Leonel Rivero.
Explica que las autoridades judiciales están “administrando el proceso, la tienen como rehén”, pues ni siquiera se han podido desahogar pruebas y será hasta el 29 y 30 de enero cuando se realicen los primeros careos en el penal de Nayarit, a donde deberían acudir las víctimas, pero de no hacerlo, alargarían más el proceso que lleva ya 17 meses.
¿Secuestradora?
Los empresarios Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, después de sufrir el secuestro de sus hijos, han encabezado un activismo que consiguió incidir en políticas públicas del gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto contra dicho delito.
Este lunes 12 de enero hicieron pública su inconformidad por la posible liberación de Nestora, pues, según dicen, existen pruebas de la participación de “la comandanta” en 40 secuestros, por lo que la solicitud del gobernador es una “barbaridad”.
Uno de los supuestos casos lo denunció Eugenio Sánchez González, habitante de Olinalá, quién fue recluido en la casa de justicia y realizaba labores de cultivo y limpieza en terrenos acusado de robar ganado.
Saira Rodríguez, hija de Nestora, advierte que este es un ejemplo claro de que no se trata de secuestro, pues la asamblea del pueblo determinó la culpabilidad de Sánchez González del hurto, al no poder comprobar la adquisición de cabezas de vacas que valen hasta 25 mil pesos.
Además, la familia de este hombre, dice Saira, sí tiene antecedentes penales, pues Manuel Sánchez y Adán Sanchez, formaban parte del grupo “Los Ayutla” que realizaban secuestros en la región y en 2004 fueron aprehendidos por al Procuraduría de Guerrero y enfrentan una condena de 45 años.
“Todo es político porque en todas las declaraciones dicen que las familias sabían dónde estaban detenidos. Eso no es un secuestro”, insiste la joven de 27 años.
