[contextly_sidebar id=”VLH2JAw9yy4ey2tEJHKDqjQUMehwpVoP”]La omisión del ministerio público federal para solicitar el desafuero de un presidente municipal en Yucatán y la falta de atención del Congreso del estado a una petición ciudadana favorecerían la impunidad en el caso de la detención ilegal y agresiones en perjuicio del periodista Edwin Canché Pech, en esa entidad, en enero del año pasado.
La grupo de defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, y los defensores de derechos humanos, Indignación, solicitaron al Congreso del estado de Yucatán este martes 13 iniciar el procedimiento para declarar la procedencia de desafuero constitucional del presidente municipal de Seyé, Emilio Dzul Huchim por el ataque en contra del periodista mientras realizaba su trabajo.
A consecuencia de una omisión del ministerio público federal, el alcalde continúa impune y en ejercicio de su cargo pese a que se ha evidenciado su responsabilidad en la detención ilegal Canché Pech, quien reporteaba el choque de un vehículo, conducido por un sobrino del alcalde, contra un predio particular en esa localidad la madrugada del día 1 de enero de 2014.
Esta es la segunda ocasión que se entrega al Congreso del estado una solicitud para proceder en contra del alcalde. En enero de 2014, un grupo de habitantes de la localidad presentaron un documento para solicitar que se abriera una investigación por la probable comisión de abusos de autoridad de parte de Dzul Huchim contra varios ciudadanos.
Un total de 370 personas firmaron un documento que fue entregado ante la Oficialía de partes del Legislativo estatal. A la fecha la solicitud no ha procedido
De no procederse en este primer semestre del año, cuando prácticamente concluyen las actuales administraciones municipales en Yucatán, el alcalde dejaría el cargo sin haber sido procesado luego de haberse determinado su probable participación, junto a cuatro elementos y el director de la Policía municipal de Seyé, Juan Manuel Chuc Aldana, en las agresiones a Canché Pech.
Leopoldo Maldonado y Luis Eduardo Knapp, así como Martha Carrillo y Cristina Muñoz, representantes de Artículo 19 e Indignación, respectivamente, entregaron personalmente en la Oficialía de Partes del Congreso de Yucatán el expediente en el que solicitan que se inicie el procedimiento de declaración de procedencia en contra de Dzul Huchim, “por su participación en los hechos de tortura sufridos por el periodista Edwin Canché Pech”.
Desde que ocurrieron los hechos, en enero de 2014, ambas agrupaciones han acompañado a Canché Pech en el proceso legal en contra del alcalde y los elementos y el director de la Policía municipal, sin que hasta el momento se haya emitido alguna resolución para sancionar a los responsables del delito.
De acuerdo con los representantes de Artículo 19, el caso fue atendido primero por la Fiscalía General del estado para luego ser atraído por la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Las averiguaciones del caso determinaron la probable responsabilidad de los cinco policías, la Dirección de esa corporación y del alcalde en las agresiones.
Sin embargo, se negó la orden de aprehensión contra Dzul Huchim bajo el argumento de que debido a su cargo goza de fuero constitucional y solo podría procederse en su contra por los hechos señalados si el Congreso, órgano capacitado para ello, le retira ese beneficio que la ley le otorga como autoridad en un cargo de elección popular.
El procedimiento que debió seguirse, según expuso Leopoldo Maldonado a Animal Político, era que la FEADLE solicitara al Legislativo yucateco iniciar el procedimiento de desafuero del presidente municipal de Seyé.
Ese recurso legal debía haberse iniciado desde mayo del año pasado que el Juzgado Quinto de Distrito en Yucatán determinó que podía iniciarse el proceso contra del funcionario local, cuando también giró la orden de aprehensión en contra de los elementos policiacos y su director, pero hasta ahora el ministerio público federal ni siquiera ha presentado la solicitud.
A causa de esa omisión en el procedimiento y como parte del acompañamiento a Edwin Canché Pech es que Artículo 19 y el grupo Indignación se presentó este martes 13 de enero en el Congreso yucateco para presentar la solicitud, con la expectativa de que los diputados decidan proceder lo más pronto posible y castigar el delito cuyos probables responsables permanecen impunes.
Para los representantes de la agrupación internacional por defensa de los derechos de los periodistas, las evidencias y declaraciones presentadas en el caso evidencian en su totalidad la responsabilidad de Dzul Huchim en las agresiones, pero mientras tenga la garantía legal de la cual goza por su cargo es imposible proceder legalmente en su contra.
El 24 de mayo de 2014, el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Yucatán emitió órdenes de detención contra el director de la policía municipal Juan Manuel Chuc Aldana, y cuatro de sus subalternos: Felipe Antonio Tut Chale, Fernando Chuc Pech, Andrés Díaz Kantún y Adrián Vázquez Pantoja, señalados directamente por haber agredido al reportero.
No obstante, a la fecha, los cinco elementos policiacos se encuentran libres luego de haber pagado una fianza establecida entre los 7 mil 400 a ocho mil 333 pesos, determinada por el Juzgado con base en la legislación estatal que no considera el tipo de lesiones producidas al reportero de Seyé como un delito grave.
Canché Pech, el reportero de Seyé, es una referencia en la población. El pequeño negocio de venta de peces y algunos artilugios para peceras es tan solo una de sus varias ocupaciones, pero la que más le ha ganado simpatía entre sus vecinos en la comunidad es la del trabajo reporteril.