Un alcalde tabasqueño es acusado de abusar de una niña, pero su fuero lo salva
[contextly_sidebar id=”Yq0eYsZLyn4YAlMEyNG6TAqw91Ti4cX8″]Cuando Israel Zurita, de 44 años, notó que su hija de seis años despertaba asustada durante la madrugada y se mostraba temerosa gran parte del día, sabía que necesitaba ayuda. “Nunca antes la había visto así”, les dijo a los psicólogos del DIF de Tabasco, quienes le realizaron las pruebas que determinaron abuso sexual. Semanas después, la pequeña reveló quién había sido su agresor: la pareja sentimental de su madre y presidente municipal de Cárdenas, Abenamar Pérez Acosta.
En ese momento, los psicólogos recomendaron al padre interponer una denuncia. Así lo hizo y después de distintas pruebas periciales, se integró la averiguación previa por los delitos de pederastia y corrupción de menores contra el alcalde, como presunto responsable, y contra la madre de la menor, Ana Laura de la Cruz, y la abuela, Guadalupe Morales, por consentir el delito.
El 24 de junio de 2014, el Ministerio Público giró la orden de aprehensión contra ambas mujeres al haber encontrado elementos suficientes que acreditaran el delito. Hasta el momento, solo la abuela ha sido detenida en Cancún.
Zurita solicitó al procurador de Tabasco, Fernando Valenzuela, iniciar la solicitud al Congreso del estado para conseguir el desafuero del alcalde Pérez Acosta para que pudiera ser juzgado por el delito. Sin embargo, el 1 de octubre de 2014, informó la negativa de proceder.
A través de un oficio girado al padre de la víctima, Valenzuela respondió que “en razón de que el probable responsable ofreció pruebas de descargo, las cuales fueron admitidas por el Agente del Ministerio Público y toda vez que la declaración se constituye un requisito de procedibilidad, ésta será solicitada al agotarse la indagatoria correspondiente a fin de no violentar los derechos de defensa que asisten al indiciado”.
Sobre la madre, Ana Laura de la Cruz, de 32 años, la procuraduría del estado informa que se trasladó a Sinaloa y “precisamente por ello se ha tramitado el oficio de colaboración correspondiente”.
Animal Político solicitó al área de comunicación una entrevista con el presidente municipal para conocer su versión de los hechos, pero no hubo respuesta en las tres ocasiones que se le buscó.
En más de un año, el padre de la niña ha acudido a todas las instancias que pudieran atender su caso: la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, el gobierno y la secretaría general de la entidad, encabezada por Arturo Núñez; la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco (CEDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Pero después de tocar tantas puertas, Israel no puede ocultar su decepción por las respuestas que le han dado las autoridades quienes deberían velar por las víctimas y no “proteger” a los victimarios.
“Un cargo público no significa inmunidad para cometer delitos”, insiste. Pero en este caso, “la única explicación del por qué el presunto agresor sigue libre y sin enfrentar un juicio es el encubrimiento de una clase política interesada solo en las elecciones.”
El año pasado, su exabogado le había dicho que la parte acusada había ofrecido dinero para que desistiera de la demanda. “Yo no vendo a mi hija, lo que quiero es que se haga justicia, que no le pase esto a nadie más”, le respondió entonces.
Sabe que la lucha es casi de “David contra Goliat”, por eso teme por su vida. Ha recibido amenazas telefónicas y acoso de vehículos extraños, por lo que tuvo que dejar su trabajo como ingeniero en plataformas de Pemex y cambió de residencia junto con su hija, de quien consiguió la guardia y custodia. Sin embargo, su hijo mayor, de 14 años, continúa con su madre en Cárdenas, Tabasco.
La separación de Israel y Ana Laura, en 2013, ocurrió luego de la relación extramarital de la mujer con el presidente municipal, quien vivía en el mismo fraccionamiento de la pareja.
Durante los seis meses siguientes, ella se llevó a sus dos hijos y les impidió ver a su padre. En ese periodo fue cuando ocurrió el abuso contra la pequeña por parte del alcalde, permitido por la madre y la abuela, quienes decían que el hombre les daría “mucho dinero”, según dijo la niña en las pruebas psicológicas.
Después de la separación, la mujer regresó a su casa en dos ocasiones y se llevó electrodomésticos y aparatos electrónicos, por lo que Zurita la acusó de robo y fue encarcelada en octubre de 2013, pero puesta en libertad después de ganar un amparo.
Es ahí cuando Zurita recupera a su hija, pero al niño, la familia materna se lo llevó de la escuela y no ha vuelto a verlo.
En medio del juicio de pederastia, Ana Laura acusó a Israel de violarla cuando vivían juntos, por lo que aunque se inició la averiguación previa, no ha avanzado la investigación, porque “es un arma que quieren utilizar en cualquier en mi contra”, argumenta Zurita.
La pequeña recibió terapia psicológica que le ha ayudado a mejorar su comportamiento. Va a la escuela y su padre espera que siga superando las secuelas. Advierte que continuará con el proceso legal para conseguir el castigo que merece el presunto agresor, quien concluirá con su cargo en los próximos meses, aunque teme que el PRD, partido al que pertenece Pérez, le entregue otro cargo que nuevamente tenga fuero.
