Demandan que el SAT confirme si la información dada por Angélica Rivera sobre la Casa Blanca es verdadera (o no)
[contextly_sidebar id=”2McZ7i3WVgcvzJvYT1xsfh8PbZ5Oodyb”]Aunque el jefe de la Oficina de la Presidencia dijo que el tema de la “Casa Blanca” está cerrado, aún existe la sospecha de delitos, por lo que se debe aclarar todo lo relacionado a este caso que involucra al presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, en la supuesta compra de una casa en Lomas de Chapultepec, propiedad de una filial de Grupo Higa, una empresa que ha sido beneficiada con contratos de obra pública.
Así lo dijo el abogado Luis Pérez de Acha que, junto con Darío Ramírez, inició un proceso legal para verificar la información que ha dado la esposa del mandatario al intentar explicar el origen de la propiedad –que según un valuador independiente tiene un costo de al menos 7 millones de dólares–, con el argumento de que es de interés general conocer la verdad.
“No podemos dar los casos por cerrados. Puede estar cerrado mediáticamente, pero no legalmente”, sobre todo porque “existe la sospecha de tráfico de influencias y corrupción”, afirmó en entrevista Pérez de Acha, abogado de las organizaciones Mexicanos Primero y Causa en Común, con quienes consiguió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise, por primera vez, la inconstitucionalidad del gasto público federal (derroche, opacidad y corrupción).
Este lunes 15 de diciembre entregaron un documento en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dirigido a su titular, Aristóteles Núñez, para “que confirme si la información fiscal que se desprende de la declaración de impuestos del 2010 hecha pública por la señora Angélica Rivera Hurtado, esposa del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, es verdadera”.
Y es que después de la investigación del equipo de periodistas del portal Aristegui Noticias, respecto a “La Casa Blanca”, Rivera aseguró que sus ingresos como actriz fueron suficientes para comprar la propiedad que había estado pagado en plazos, por lo que publicó en su página de internet la declaración fiscal de sus ingresos.
Sin embargo, ante “indicios de que se cometieron delitos”, el SAT es la institución a quien puede “verificar si fueron pagados en tiempo y forma los impuestos correspondientes al ingreso de 130 millones de pesos que, de acuerdo a su declaración, recibió la señora Angélica Rivera; también, si las fechas, retenciones y tipo de declaración reportados en la documentación que hizo pública, son verdaderos”, explica el documento entregado.
Pérez de Acha prevé que el SAT se negará a atender la petición apelando al secreto fiscal, pero “sostenemos que el secreto fiscal no existe en este caso porque la señora publicó su declaración y por el hecho de ser pública ya no es secreta”.
Además, la solicitud no es para conseguir los documentos que “no hayan sido ya dados por la señora Angélica Rivera”. Lo que buscan, dice, es que el Servicio de Administración Tributaria “confirme que esta información es verdadera o no”.
La necesidad de conocer esto es porque, al igual que la duda que se generó por el supuesto pago de 130 millones por su trabajo como actriz de televisión, Rivera muestra documentos sobre el pago de impuestos, pero “son fotocopias” y “no cuadra en la misma información fiscal con la información pública que dio la señora”.
Ante un escenario con la negativa del SAT, el abogado prepararía un juicio de amparo ante los tribunales Federales y avanzar legalmente hasta llegar a la SCJN, por la envergadura del tema porque está la “pareja presidencial involucrada y está en suerte su prestigio, si no su inocencia”. “Nadie puede apuntar una inocencia cuando todos los elementos le apuntan en contra”, insiste Pérez de Acha.
Aunque el abogado considera que Rivera “terminó siendo de alguna forma víctima de un establishment podrido del sistema político mexicano”, sí tiene obligaciones qué cumplir. Contrario al argumento de que al tener un cargo honorario en el DIF, pues no recibe salario, no está obligada a hacer pública su declaración patrimonial, hay legislación que sí la obligaría.
De acuerdo el convenio de la ONU contra la corrupción, dice que “para efectos de los tratados internacionales, son funcionarios públicos aquellos que ocupen cualquier puesto, aunque no cobren”, por lo que la justificación de Presidencia “carece de sustento jurídico”, dice Pérez de Acha.
