México: ¿es viable la reforma de seguridad de Peña Nieto?

[contextly_sidebar id=”CRFW4gMqZdBC5YiUDdp2eEOmiIRabOIN”]Hace dos meses, 43 estudiantes mexicanos desaparecieron aparentemente a manos de la policía municipal de Iguala en el estado de Guerrero. La Procuraduría General de la República (PGR) dice que miembros de un grupo criminal confesó asesinar a los jóvenes, quemar sus cuerpos y arrojar sus restos en un río.

Pero, ¿cómo se implementarán estas medidas? ¿Se puede romper la enredada relación entre autoridades corruptas y los carteles en México? BBC Mundo examina algunas de las propuestas clave de Peña Nieto.

1. La creación de “Policías Estatales Únicas” bajo lo cual los 1.800 cuerpos policiales municipales “se pasarán” a fuerzas estatales

Peña Nieto rechaza la idea de que otras depuraciones de corporaciones policíacas no han funcionado, como ocurrió en el estado de Coahuila: “Lo que se está proponiendo es una ley que obligue a que esto ocurra. Que no sea una buena voluntad o una concertación de cada uno de los gobernadores o presidentes municipales, sino que el Congreso de la Unión expida una ley que obligue que ocurra la unificación de la policía a nivel estatal”.

“No podemos decir que ninguno de ellos es apto para el servicio”, dice Sánchez. “Al contrario. Cualquier ciudadano que cumpla los requisitos que se necesita para ser parte de estos cuerpos policíacos tendrá derecho a un lugar en el reclutamiento para la capacitación”.

Sin embargo, para algunos quedan muchas preguntas sin respuesta. “No está claro si están hablando de eliminar 1.800 policías municipales o pasarlos bajo el control de la policía estatal. No es lo mismo”, comenta el analista Alejandro Hope. También duda que el ejemplo de la policía en Nuevo León, en la violenta región noreste del país, debe ser un modelo para todo el territorio nacional.

“Esto es un modelo de ley que ya se sigue en Italia”, explica Eduardo Sánchez. “El modelo italiano planea un procedimiento a través del cual en un plazo muy corto, prácticamente de unos días, se hace una investigación. Y si de la investigación se derivan indicios sólidos de que el presidente municipal o el ayuntamiento está vinculado con el crimen organizado, en ese momento el poder ejecutivo federal interviene para garantizar la prestación de los servicios municipales”.

Aún faltan detalles que se entenderán mejor cuando el proyecto de ley se presente al Congreso este lunes. Pero los críticos ya ven algunos huecos en el plan. Primero, a muchos les parece que Italia, un país afectado por problemas de la mafia durante décadas, no es un buen modelo para México en su intento de superar sus problemas con la corrupción.

Además, “es el centralismo del poder”, dice Alejando Ramos del Centro de Derechos Humanos en Guerrero, que lleva semanas trabajando con las familias de los 43 desaparecidos. “No va a ayudar que el poder se centralice en una persona o unos cuantos”.

Hope coincide en ese punto. En México ya existen leyes para disolver autoridades municipales consideradas por la Procuraduría como “comprometidas” con los carteles.

3. Establecer una “Clave Única” de identidad para todos los mexicanos.

Esta reforma es potencialmente compleja. Los mexicanos ya tienen la Clave Única de Registro de Población, que verifica sus estatus como ciudadanos. Opositores dicen que el plan traerá una nueva capa de burocracia a un país muy enredado en administración y procedimientos del gobierno.

Pero durante años grupos criminales han usado el sistema para obtener identidades múltiples, y hay muchos que ven las ventajas de un nuevo registro.

“Es una buena idea”, dice Alejandro Hope. “Puede tener algunas dificultades prácticas de implementación, porque ya hay un número (la CURP). Pero en este registro no hay datos genéticos. El esfuerzo es casar identidad jurídica con identidad física”.

El portavoz Sánchez dice que el plan permitirá, “por primera vez en su historia, que México tenga un registro confiable de todo su población”.

Pero el activista Alejandro Ramos, cercano a los familiares de desaparecidos de Ayotzinapa, dice que durante años los distintos gobiernos no han escuchado los numerosos llamados de la sociedad civil para crear una base de datos confiable sobre los desaparecidos en México.

4. Despliegue de fuerzas federales a los 4 estados mas afectados por la infiltración del narco-trafico: Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas

Ya hay alrededor de 10.000 agentes federales que llevan meses en Guerrero y miles más en otros tres estados. Sin embargo, el gobierno insiste en señalar que este reforzamiento es necesario. “Esperemos poder reagrupar y redirecionar la estrategia de seguridad hacia esta región”, explica Eduardo Sánchez.

Obviamente el proyecto asume que las fuerzas federales son fiables. Alejandro Ramos no está convencido. “No son solo las policías municipales que están contaminados. Son todas las fuerzas policiacas en México”.

5. Un número telefónico único para emergencias a nivel nacional

No hay un número nacional en México para llamar en caso de emergencia. Cada estado tiene su propia clave para cada servicio de apoyo de urgencia.

Pocos están en contra de la idea de crear un solo número en el que todos los servicios importantes pueden funcionar. Pero los representantes de los desaparecidos de Iguala dicen que hoy en día hasta una llamada es una cuestión de confianza.

“Un número nacional podría ser importante”, dice Alejando Ramos, “pero tal como están las cosas ahorita, en realidad hay una desconfianza en la sociedad. En estos momentos no veo que la sociedad tenga la confianza para llamar un número de las policías o de cualquier institución del estado para denunciar algo… Nadie va a querer hablarle a los mismos policías que te ayudan sabiendo que son parte de la misma delincuencia organizada”.

El gobierno de Enrique Pena Nieto espera que este plan marque un nuevo capítulo en la crisis de los 43. “Después de Iguala, México debe cambiar”, dijo el presidente.

Sus seguidores creen que los 10 puntos ayudarán a su administración a enfrentar los problemas intrínsecos de la policía como las instituciones de justicia en México.

Pero sus opositores dicen que las propuestas no van al grano de la corrupción e impunidad que significaron que los policías supuestamente actuaron en las órdenes de un alcalde local para secuestrar los 43 jóvenes desde Iguala.