[contextly_sidebar id=”Lm8HciglQXYJcKcRCBl3xHaoeYyHMw2l”]Los balazos suenan al caer la tarde.
Primero se oye un disparo seco.
Luego otro.
Y otro más.
Así hasta al menos ocho.
Adrián recibe tres de los impactos fatales; uno se le incrusta en la sien, otro en la pierna, y otro más le acierta en pleno corazón. El resto de las balas se las lleva Wilson, que le destrozan la barbilla, la mano, el estómago, el pulmón, y también el corazón.
Tras el ataque, el cuerpo inerte de Adrián yace relajado en el asiento del copiloto del coche en el que platicaba con su compañero. Mientras que a Wilson, a pesar de la gravedad de las heridas, una ambulancia todavía lo alcanza a trasladar con vida al hospital de especialidades de Zumpango donde, después de nueve horas de lucha, se confirma su deceso a las 3.30 am de la madrugada.
“No pudimos hacer nada –lamentan los doctores-. Le dispararon a quemarropa”.
En el lugar de los hechos –en la zona del basurero de Tequixquiac, en el Estado de México- hay vidrios rotos por todo el lugar, otros dos impactos de bala alojados en la pared de una casa abandonada, y gotas de sangre regadas por el suelo.
Pero de los agresores no hay noticia.
Sólo se sabe lo que dicen unos testigos, quienes aseguran que “dos o tres personas” salieron corriendo del lugar a través de un estrecho callejón, para perderse en cuestión de segundos entre los recovecos de la impunidad que impera en este corredor de migrantes, al que llaman “tierra de nadie”.
En febrero denunciaron amenazas del crimen organizado; SEIDO archivó el caso
“Adrián y Wilson no debieron morir. Ellos cumplían la función de un Estado que abandona a su población y a la que cruza nuestro país buscando un futuro mejor para sus familias. Ellos salvaron vidas, y permitieron que la gente no sólo comiera, sino que se sintiera querida, apreciada”.
Las palabras pronunciadas con un tono severo, de condena y enojo, son de Andrea González, del colectivo Ustedes Somos Nosotros; organización de la sociedad civil de la que formaban parte Adrián Rodríguez, de 39 años de edad y natural de Tequixquiac, y Wilson, ciudadano hondureño de 29 años.
Los dos activistas trabajaban a diario en las vías del tren que cruzan la zona del basurero de Tequixquiac. Además de comida, también portaban un botiquín en una bolsa de tela con gasas, alcohol, guantes de látex, algodón, y alguna aspirina. No eran paramédicos, pero tras dedicar años a brindar ayuda humanitaria aprendieron a curar con destreza y rapidez los pies agrietados de los migrantes.
En el camino, cuenta Andrea González, Adrián y Wilson encontraron muchas personas como ellos. Solidarias, cariñosas, “entregadas al hermano que es vulnerables y que se quitan los zapatos cuando ven a alguien que ya no puede caminar”. Aunque también eran conscientes de los riesgos que implica prestar ayuda en una zona minada por los halcones del crimen organizado, siempre atentos a quién pueden asaltar, secuestrar, amenazar.
“Ellos aprendieron a vivir con eso, a estar con los ojos bien abiertos –añade la activista-. Siempre fueron buenos compañeros de trabajo. Se comunicaban constantemente y aprendieron, sobre todo Adrián, a dar entrevistas a los medios de comunicación denunciando las condiciones que los migrantes se encontraban. También aprendieron a hacer cabildeo político en el municipio para que hubiera patrullas dando una vuelta de vez en cuando por el basurero. Pero la respuesta del Estado siempre fue ineficiente”.
Como ejemplo de lo anterior, hace hincapié Andrea, está lo que sucedió en febrero de este mismo año. En ese entonces, un grupo de pandilleros de la Mara Salvatrucha intentó asaltar a 20 migrantes que estaban en el basurero, cerca de las vías. Sin embargo, los migrantes se hartaron. Se armaron de valor y se defendieron. E incluso lograron retener a uno de los pandilleros que fue entregado a la policía.
No obstante, el marero nunca llegó a pisar las instalaciones de ningún Ministerio Público. “Se nos peló de la patrulla”, alegaron los uniformados.
A pesar de la fuga, Wilson fue ante las autoridades como testigo, y denunció lo sucedido ese día y a las bandas del crimen organizado.
Pero de nuevo, nadie hizo nada.
Poco tiempo después, entre marzo y abril de este año, la respuesta de los pandilleros llegó en un mensaje al celular de Adrián:
“Órale vato. Ya sabemos que ayudas a los ilegales, por eso no tenemos nada contra ti. Pero el vato que maneja la troca, el de los lentes oscuros –Wilson-, no se la va a acabar. Porque el homie dice que él fue de los que lo atacaron en las vías y ese vato lo va a pagar muy caro.
Pandilla MS, puto”.
“La denuncia de Wilson y este mensaje fueron entregados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), pero lo que hicieron fue cerrar la carpeta de investigación e ignorar el caso–recalca en entrevista con Animal Político Jorge Andrade, integrante de Ustedes somos Nosotros, quien además agrega que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) también tenía conocimiento de las amenazas.
Ante esta situación, los dos defensores tienen que bajar su perfil durante un tiempo y alejarse de las vías. “Eso lo tenía angustiados -recuerda Andrea-. Se preguntaban constantemente qué estarían comiendo sus hermanos, o si estarían pasando frío en el camino”.
Cuando las cosas se calman, los dos regresan a su trabajo. Pero a pesar de las amenazas recibidas, los activistas siguen denunciando que camionetas sospechosas merodean por la zona donde llegan los migrantes. Incluso, a través de las organizaciones civiles solicitan apoyo a la presidencia municipal de Tequixquiac.
“Ellos dijeron que se harían cargo, que habría una patrulla acompañándoles. Pero este apoyo nunca fue constante”, lamenta de nuevo Andrea González.
Así transcurre hasta el 23 de noviembre de 2014.
Ese día, tras dar ayuda en las vías del tren junto a un grupo de voluntarios, los dos activistas, que desde hacía algo más de dos años eran pareja -ambos se conocieron después de que el hondureño decidiera hacer un alto en el camino en su intento por llegar a Estados Unidos-, van a la casa de la madre de Adrián con quien guardan una relación muy cercana.
Estacionan el coche donde siempre, a unos veinte pasos de la casa que se encuentra frente a otra vivienda abandonada.
Saludan a la madre y se quedan en el coche, platicando, hasta que el reloj se detiene cuando marca veinte minutos para que den las seis de la tarde.
A esa hora, los ocho balazos suenan.
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“El mecanismo de protección a defensores de derechos humanos no funciona”
“Pero… ¿por qué nos asesinan?”
El padre Pedro Pantoja, de la casa del Migrante de Saltillo, cierra ambos puños mientras escupe la pregunta.
“¿Por qué nos asesinan si nosotros somos la esperanza de este migración de América Latina?”, insiste el sacerdote durante su intervención en la rueda de prensa celebrada en el Centro Pro Derechos Humanos, en la que se da a conocer el asesinato de los dos activistas.
“Esta acción criminal es una herida que profundiza la crisis humanitaria de estos pueblos en movimiento”, agrega Pantoja, que a colación pide a los medios de comunicación que vayan e investiguen lo que está sucediendo “en ese territorio de muerte”, en esa “tierra de nadie” que es el corredor de migrantes Lechería-Huehuetoca-Apaxco-Tequixquiac-Bojay, donde las agresiones, secuestros, y robos a centroamericanos, se producen de manera habitual.
“La situación es de alto riesgo en ese corredor, porque están operando bandas criminales muy fuertes en la zona –explica Jorge Andrade, que trabajó directamente con Adrián y Wilson sobre el terreno-. Además, los testimonios de los migrantes nos dicen que estos delincuentes están operando tanto con policías locales como estatales; y que, incluso, ellos son los que los están llevando a las casas de seguridad en las patrullas”.
No obstante, Andrade señala que esta oleada de violencia que desembocó en el asesinato de Adrián y Wilson tampoco obedece a una situación nueva, sino que “ya se ha venido denunciado públicamente y penalmente ante diferentes instancias, las cuales no han hecho nada para controlar la zona”.
En este sentido, y cuestionado sobre la eficacia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Segob, el activista sentencia de manera contundente que éste no funciona.
“El pasado 5 de abril miembros del colectivo sufrieron otro atentado en Lechería, cuando dos personas resultaron lesionadas después de que los criminales dispararan contra ellos directamente. Todas estas amenazas y agresiones están documentadas y se enviaron al Mecanismo, pero éste no ha funcionado”, critica Andrade.
“Mataron a dos personas que acababan de dar de comer a los migrantes –plantea por su parte Rodolfo Córdova, del consejo ciudadano del Instituto Nacional de Migración, que a continuación lanza dos preguntas al aire-. ¿Qué tiene que pasar en este país para que las autoridades de los altos niveles se empiecen a tomar esto un poco más en serio? ¿Cuántos defensores y cuántos periodistas más tienen que morir para que lo tomen en serio?”.
A pesar de este reclamo de la sociedad civil, Jorge Andrade dijo el martes 2 de diciembre a Animal Político que, a más de una semana del asesinato de Adrián y Wilson, aún no tienen noticia de que el Ministerio Público de homicidios en Cuatitlán haya iniciado una línea de investigación sobre el caso.
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El cuerpo de Adrián Rodríguez fue entregado a su familia el lunes 24 de noviembre. Andrea González cuenta que fue velado y enterrado la tarde del martes “entre lágrimas y una sensación de dolor e impotencia inconmensurable”.
El cuerpo de Wilson, que decidió quedarse en México para hacer de la ayuda humanitaria su forma de vida al lado de Adrián, sigue aún en el Semefo de Zumpango esperando, ahí solo, su repatriación.