Con Raúl Plascencia en la CNDH sólo 0.7% de las quejas derivaron en recomendaciones
Hace 4 años el marino Paolo César Cano Montero fue desaparecido en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Según el testimonio de un compañero obtenido por su familia, fue secuestrado afuera de un puesto callejero de comida por un grupo de hombres a bordo de un automóvil amarillo.
La familia exigió la búsqueda y acudió a la base naval a investigar la desaparición. La Marina acusó al joven del delito de deserción. No lo buscó. Entonces, en ese 2010, los padres presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que, a la fecha, no les ha respondido.
[contextly_sidebar id=”r6fIbfzfbK2UKULqE7XvK9EurME4JnYe”]“Metimos la queja hace 4 años y no nos respondió la CNDH. Hace como un mes, con el otro ombudsman metimos una carta pidiendo los avances de la investigación y a la fecha no sabemos nada. Ahora que hay un nuevo ombudsman acudiremos de nuevo a la Comisión para que nos dé respuesta, según él se está comprometiendo a cumplir con lo que no se había hecho y eso queremos ver”, dice Gregorio Cano, padre de Paolo.
Así recibe el señor Cano la llegada del nuevo ombudsman nacional, Luis Raúl González, pero su caso no es el único en la Comisión que no fue investigado o resuelto durante la administración de Raúl Plascencia y que está a la espera de respuesta.
El 16 de junio del 2009, Ramiro Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villareal y Rodrigo Ramírez Martínez fueron detenidos por militares en Rosarito, Baja California, al igual que Ramiro López Vázquez, quien estaba en un puente peatonal sobre la carretera libre de Tijuana-Rosarito. Las 4 detenciones ocurrieron sin ninguna orden. Después fueron trasladados en carros no oficiales a dos viviendas donde fueron torturados para que se declararan culpables de secuestro. Posteriormente fueron llevados al Cuartel Morelos, en Tijuana, y presentados ante los medios de comunicación como “secuestradores”.
Las familias de los detenidos presentaron una queja ante la CNDH, pero desde entonces, a 5 años y 4 meses, no ha sido emitida recomendación alguna, incluso ha negado información que ayude a resolver el proceso judicial del caso.
Durante la administración de Raúl Plascencia se presentaron 49 mil 695 quejas (con cierre al 2013, última actualización) por presuntas violaciones a derechos humanos y sólo el 0.7% de quejas derivaron en señalamientos a la autoridad.
El récord durante la administración de José Luis Soberanes, su antecesor, que recibió 34 mil 816 quejas y emitió 312 recomendaciones, fue de 0.9%.
Entre uno y otro periodo, el presupuesto se incrementó considerablemente. En el 2009, último año de José Luis Soberanes, la CNDH tuvo 912 millones de pesos y subió a mil 400 millones para este 2014.
Investigación deficiente
Los números de la Comisión Nacional le han servido a la autoridad para evadir su responsabilidad con las presuntas violaciones a derechos humanos, como lo sostuvo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un boletín publicado en julio de este año, donde señala que sólo el 0.26% de los señalamientos contra la institución termina en recomendación, pues varias quejas son presentadas por integrantes del crimen organizado para desprestigiarla.
Sin embargo, el bajo número de recomendaciones derivadas de las quejas refleja una deficiente investigación de la CNDH, consideran especialistas en la materia.
Miguel Sarre, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, dirige el Programa Atalaya que desde el 2003 ha hecho un seguimiento al trabajo de la Comisión analizando con lupa el proceso de investigación de violaciones a derechos humanos que realiza la CNDH.
“Lo que hacemos en Atalaya es revisar por qué las quejas se quedan en el camino, revisamos expedientes que no se convirtieron en recomendación”, explica Sarre en entrevista.
Los resultados del trabajo de José Luis Soberanes y Raúl Plascencia al frente de la CNDH están condensados en el documento “La CNDH ante la alternancia política, la reforma constitucional en materia de derechos humanos y el persistente abuso de la fuerza pública”, que fue entregado al Senado en enero del 2013 y que resume los vicios de trabajo con que recibe Luis Raúl González al organismo.
En él, se señala que la Comisión no establece comunicación efectiva con los quejosos para subsanar o suplir las deficiencias de sus quejas, que envía solicitudes de información deficientes a las autoridades investigadas, continúa sin solicitar a la autoridad que corrija, enmiende, complemente o amplíe la información rendida aunque sea deficiente por “oscura, evasiva, incompleta o contradictoria”.
Atalaya señala deficiencias en investigar violaciones graves a derechos humanos:
“Se detectaron casos en los que la Comisión omitió entrevistar a testigos de los hechos y realizar inspecciones que estaban a su alcance. En los casos en que fueron denunciados hechos presumiblemente constitutivos de tortura, la CNDH omitió observar principios derivados del Protocolo de Estambul (…) En diversos casos, transfirió́ a los quejosos la carga de la prueba habiendo omitido ella misma ejercer plenamente sus facultades de investigación”.
Más aún, se lee en el documento, en algunos casos la CNDH contaba con evidencia que confirmaba el dicho del quejoso y los ignoró o desvaloró en perjuicio del agraviado. En otros, omitió realizar visitas de campo para recabar evidencia o testimonio, incluso apoyarse en organismos locales de derechos humanos para hacerlo.
“De lo anterior se desprende que la CNDH, a causa de inconsistencias en su desempeño, ha resultado ineficaz para erradicar, o por lo menos moderar, los vicios crónicos del sistema de procuración de justicia, en especial los actos de violencia excesiva y arbitraria durante los operativos policiales y las diligencias a cargo de la autoridad ministerial”, concluye el estudio.
Miguel Sarre señala que a su llegada como nuevo ombudsman, Luis Raúl González Pérez, tiene la obligación de revisar y subsanar las deficientes investigaciones del organismo y la falta de acercamiento con las víctimas.
Según los informes anuales de la CNDH, el 44% de las quejas que llegan son resueltas en el proceso o por orientación, el 32% por conciliación y el 4.6% por desistimiento o falta de interés del quejoso. El resto se resuelve, además de recomendación, por no existir materia, acumulación con otros expedientes o no competencia.
Víctimas acusan abandono
Paolo Cano tenía dos años en la Marina y había participado en operativos de combate al crimen organizado en Sinaloa, Nuevo León y Veracruz. El 24 de octubre del 2010 fue trasladado a Lázaro Cárdenas, Michoacán. La noche del 29 de octubre salió por su día de descanso y no volvió.
El día 1 de noviembre cumplía 26 años, por lo que su familia le llamó para felicitarlo y no tuvo respuesta. La estrecha relación que Paolo tenía con su madre y sus hijos prendió las alertas y, luego de pedir informes en la Ciudad de México, lograron comunicarse a la base naval de Lázaro Cárdenas, donde el comandante Melquíades Martínez Severo les dijo que había desertado.
Los padres no creen en esa versión pues de ser cierta, la Marina habría iniciado un proceso penal contra su hijo y, a la fecha, no les ha informado. Luego de la respuesta de la Marina, los padres pusieron una denuncia ante la PGR y una queja ante la CNDH.
La señora María Esther Montero de Cano relata el desdén que han sufrido por parte de la CNDH, institución a la que acudieron para reclamar la defensa de los derechos de su hijo.
“Metimos la recomendación en persona, los primeros días de diciembre, dos semanas después de que desaparecen a Paolo, no me dijeron nada, quedaron de avisarme o tenerme noticias, nada. Nosotros íbamos periódicamente a la CNDH a preguntar y no nos hacían caso hasta que fuimos con una abogada, revisamos el expediente y vimos que había inconsistencias. No pasó nada, siguió sin pasar nada. Esperamos que con el nuevo ombudsman el caso se retome, que estos sí hagan su trabajo”, relata desde un estado del norte del país, a donde va a visitar a los hijos de Paolo, ahora de 9 y 8 años de edad.
Hace un mes y medio la familia de Paolo metió una petición a la CNDH para que se le informe sobre los avances de la investigación. Fue recibida por la Oficialía de Partes, pero tampoco han tenido respuesta.
“Como mi hijo no es una persona importante les vale, pero no fuera hijo de alguien importante porque mueven cielo, mar y tierra para dar con el paradero. No es posible, no es justo, la CNDH no hacen nada, ni siquiera tienen la delicadeza de hablarle a alguien por teléfono, no hacen absolutamente nada. Se supone que están para apoyar a las víctimas”, lamenta la señora Montero de Cano.
Los 4 civiles de Rosarito detenidos por el Ejército han esperado más de 5 años y tampoco han tenido el respaldo de la CNDH que, incluso, ha negado información que sirva para resolver el proceso judicial en su contra, acusa la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organización civil que acompaña el caso.
El 1 de agosto del 2013 el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales solicitó a la CNDH la resolución de su investigación, pero, a decir de CMDPDH, la institución defensora ha negado la información argumentando reserva, pues el caso continúa en investigación. Y pese a que ya tenía los resultados del Protocolo de Estambul aplicado a los 4 detenidos para revisar la tortura, tampoco lo entregó.
“A pesar de las múltiples solicitudes de la familia y de sus representantes, la CNDH se ha negado a proveer esta información argumentando que mientras no haya una resolución del caso –que lleva ya más de 5 años de “estudio”- el contenido de su expediente se encuentra bajo reserva”, explica José Antonio Guevara, director de la CMDPDH.
Incluso, pese a que según la Ley General de Víctimas, éstas tienen derecho a tener copia simple de su expediente, agrega Guevara, la CNDH solo les ha permitido revisarlo, pero les ha negado las copias.
