6 jóvenes de Mamá Rosa viven con uno de sus colaboradores
M. vivió 8 de sus 16 años en el internado de La Gran Familia, que dirigía Rosa Verduzco en Zamora, Michoacán. El 15 de julio, un operativo de la PGR –en coordinación con el Ejército– lo desarticuló. Él era parte de esos 438 niños y 158 adultos que debían ser reubicados en instituciones estatales o con sus familias. M. fue trasladado al albergue Vivan Los Niños, el antiguo Centro Michoacano de Salud Mental que fue acondicionado para alojar a los menores por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.
M. nunca conoció a su madre. Su padre murió hace unos años. Su hermano mayor está preso. Una tía lo reclamó y tres meses después lo mandaron con ella. Prácticamente no la conocía. Estuvo tres días y no aguantó. “Yo no me sentía a gusto, yo la verdad nunca había vivido con ellos, y decidí que podía tener una mejor vida con otra persona y decidí separarme”, cuenta.
[contextly_sidebar id=”kqjehcNyiCwCDGYb9IpK3Izp06DTE3s4″]Recuerda que lo metieron en La Gran Familia por iniciativa de una vecina que veía a su padre viudo y desbordado por hijos demasiado inquietos. Él era el menor. Al año de estar internado falleció su papá.
En el albergue hizo una pequeña familia con algunos compañeros de su edad. Desde la casa de su tía se comunicó con ellos por redes sociales y descubrió que estaban viviendo con un padre que acudía con frecuencia al albergue. Y decidió unírseles. Llegó a casa del padre José Antonio Torres hace un mes.
Torres es el párroco de una de las iglesias de Tangancícuaro, un municipio a 15 kilómetros de Zamora. Amigo personal de Rosa Verduzco por décadas, acudía regularmente al albergue y los jóvenes lo respetaban. Sabían que él también había criado niños abandonados. En su casa, aledaña a la parroquia, cuelgan las fotos de graduación de un par de ellos, junto a otras de pequeños.
Antes del operativo, con el padre vivían todavía tres de ellos, ya veinteañeros. Ahora se le sumaron otros seis adolescentes, que crecieron con Rosa Verduzco. Tienen una vivienda digna y estudian la secundaria y la preparatoria en las escuelas públicas del municipio. El padre los acompaña en la mañana a la escuela y les da 30 pesos a cada uno. En la tarde regresan por su propio pie. Aunque tienen reglas aseguran que no distan mucho de las de cualquier adolescente que vive en una familia. El domingo reciben su semanada, otros 40 pesos.
“De estos 6 muchachitos, tres no tienen a donde ir”, explica el sacerdote. Félix tiene 19 años, no tiene familia y sabía que no podía durar mucho en el albergue del DIF. Así que una noche agarró camino junto a R., de 16, quien iba a ser reubicado con su familia que le abandonó en el albergue un octubre de hace 8 años. En el DIF estatal no cuentan que se escaparon, pero ellos aseguran que así lo hicieron. C., tiene 17 años y su madre vive en Zamora. Va a verla regularmente pero asegura que con ella no puede estudiar ni seguir practicando música. Así que acudió a Torres.
“No era adecuado para ellos, era un centro de enfermos mentales y ahí se quedaron los muchachitos que no fueron reclamados por sus familias”, explica el Padre. “Pero a los que salieron no los apoyan en nada, debería ser su obligación del DIF pero no lo hace” y explica que él invierte cerca de 20 mil pesos mensuales para mantener a los jóvenes.
El cura ha reportado a cada niño ante el DIF. Le dijeron que estaba cometiendo un delito y acudió con un abogado que le está tramitando un amparo donde los jóvenes, todos mayores de 15 años, afirman que quieren estar con Torres. No quiere la adopción legal, solo “sacarlos adelante”. “No es ningún delito dar hospedaje a una persona que lo necesita. Yo lo que estoy peleando es por que tengan una casa, estudios, una carrera o un oficio y luego ya se casarán o verán que hacen ellos”, asegura el párroco de Tangancícuaro.
Bromean con las muchachas del pueblo. El mayor, Félix, se queja de que ya tiene dos meses viviendo ahí y todavía no tiene novia. En el albergue era bien mujeriego, asegura entre las risas de sus compañeros y del sacerdote, a quién llama apá.
Después de los seis chicos, amigos dentro del albergue, llegaron otros tres más. Un muchacho de 20 años que se había escapado de La Gran Familia antes del operativo. Pero el padre no quiso recibirlo porque “ya estaba maleado”. Llegó una mujer de 36 con hijos y una señora de la tercera edad. Les ofreció llevarlas a un asilo de caridad. No aceptaron. “Yo ya no tengo espacio. Pero hay muchachos de los de Rosa que no tienen donde ir. Los echaron a la calle a ver qué hacen, sin apoyo”, asevera, y dice que hay otra familia en Zamora que aloja a otros diez jóvenes que estaban el albergue.
“Seguimos viendo las mismas deudas del Estado con la infancia que se revelaron al descubrir las condiciones del albergue”, acusa Nashieli Ramírez, Coordinadora de la organización Ririki, que vela por los derechos de la niñez. Cada uno de los adultos y niños que estaban en el albergue de Mamá Rosa debería haber recibido un diagnóstico individual que revelara sus necesidades y en función de ellas darles el apoyo adecuado ya sea en las instalaciones del DIF o en contextos familiares, según explica la defensora. “No puede ser que haya cuatro personas con discapacidad con Mamá Rosa de nuevo, se sigue sin entender que es una responsabilidad del Estado y no de los particulares. Pero cuando los particulares se hacen cargo tienen que tener el apoyo y la regulación gubernamental”, arguye.
En el DIF estatal de Michoacán solo se están ocupando de los 46 niños que tienen bajo su custodia.
“Sabemos que algunos tuvieron una reintegración muy adecuada, algunos otros no estaban con sus familias por algunas circunstancias y no es lo que más quisieran ellos, pero esa es la situación. Nosotros a los que estamos más enfocados es a los niños que están bajo nuestra custodia”, respondió al cuestionamiento de Animal Político la directora general del sistema michoacano del DIF, Mariana Sosa. Y asegura que los menores alojados en sus albergues ya están recibiendo clases y atención integral. Aunque solicitamos al DIF nacional qué seguimiento están dando a cada uno de los niños que salieron del albergue La Gran Familia, aún no dan una respuesta.
La nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes –que todavía no entra en vigor– estipula que la tutela de los menores sin cuidado parental es del Estado, aun cuando vivan en una institución particular, y establece mecanismos para regular y controlar estos organismos. También homologa el sistema de adopciones a nivel nacional y obliga a priorizar el derecho de los niños a una familia a la vida en una institución.
Por ejemplo, lo que hace el Padre al hacerse cargo de seis jóvenes se entendería legalmente como una familia de acogida. “Ahora lo hace de manera irregular pero podría ser legal con el apoyo y la revisión a la familia que asegure que sea un entorno adecuado”, matiza la defensora de la infancia.
Pero mientras la nueva ley no entre en vigor, los niños como los del albergue de Verduzco siguen siendo hijos de nadie.
