Radiografía de los jóvenes reclutados por el crimen
[contextly_sidebar id=”5Nc8OPCUIOxnb675m7nuDvBDOJqtIZTh”]Cecilia ingresó a un centro de internamiento a los 17 años para cumplir una sentencia de nueve años por homicidio calificado. En Tijuana, aun siendo adolescente, un grupo criminal la adiestró “en la guerra en contra de los guachos (soldados)”. Fue entrenada para ser sicaria. Por la vida de una persona le ofrecieron 200 mil pesos. “Los acepté; lo maté con una daga”, relata.
Fue detenida por elementos del Quinto Batallón del Ejército después de un operativo que incluyó cerrar las carreteras porque sus habilidades le permitían escabullirse con facilidad. Actualmente tiene 20 años y con la misma seguridad que confiesa su crimen, reconoce un vínculo familiar inquebrantable. “Si sigo siendo un ser humano es por mi mamá y si tengo algo bueno en mí, es por ella”.
Incluso, le gustaría ser como esos a los que alguna vez combatió. Su sueño es ingresar al Ejército y estudiar Ingeniería para llegar a ser “General de tres estrellas”. Desde niña supo que no repetiría el destino de la mayoría de mujeres en su pueblo: ser casada a la fuerza y cambiar los golpes de su padre por los de su marido.
Este es uno de los testimonios recogidos por Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en el estudio La reinserción socio familiar de los adolescentes en conflicto con la ley. De la situación actual hacia una propuesta de intervención, publicado en agosto pasado.
En él se destaca que en México, 11 mil 559 adolescentes en todo el país fueron objeto de diversas medidas por haber cometido infracciones a las leyes penales. De ellos, 4 mil 959 fueron privados de su libertad por considerar que cometieron delitos graves. Del total, 93% fueron hombres y 7% mujeres.
El pasado 28 de octubre, como parte del Seminario sobre violencia en México realizado en el Colegio de México, Azaola dictó la conferencia “Fábrica de sicarios” para explicar los hallazgos de su estudio donde realizó entrevistas y encuestas a 278 menores de entre 14 y 18 años de edad recluidos en Centros para adolescentes en conflicto con la ley ubicados en Morelos, Hidalgo, Coahuila y Sinaloa.
El título de la conferencia es demoledor. La primera pregunta que surge es ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que niños y adolescentes delincan? La explicación es multifactorial, pero con una coincidencia: las omisiones. “Tiene que ver con carencias importantes en su formación familiar, económica y sin un Estado que tampoco respondiera de manera apropiada”. El resultado del abandono hacia la niñez y adolescencia de este país “hoy en día saltan de esa manera”, dice la investigadora en entrevista con Animal Político.
Así impacta el crimen en la vida de niños y jóvenes
Los casos “más severos y preocupantes” son los de los adolescentes captados por grupos de la delincuencia organizada, pues han vivido experiencias que trastocaron su vida de manera radical, explica el estudio.
El crimen organizado necesita de personas para hacer funcionar su negocio. Los puestos más bajos de la estructura son ocupados por jóvenes de las colonias y barrios donde operan y son también los más expuestos a ser detenidos o asesinados.
De los 278 entrevistados, 10% fue acusado de delitos contra la salud y 10% por delincuencia organizada; 9% utilizó armas de alto poder para delinquir.
La presencia del crimen organizado en el país tiene un impacto en la vida cotidiana, por lo que niños, niñas y adolescentes están más propensos a cometer delitos. Los grupos “saben cómo buscar, como captar y seducir” a los menores en situación de calle o vulnerables que carecen de atención familiar u oportunidades escolares y económicas, explica la investigadora Azaola.
“Están más propensos porque el crimen organizado no va a tocar a tu puerta y sacar a los niños de tu casa, pero sí va a saber qué niños no cuentan con esa protección por parte de su entorno y son más susceptibles e influenciables a caer”, comenta la investigadora.
En las entrevistas, los adolescentes que participaron en el estudio relataron así su participación con el crimen organizado:
“A los 15 años me uní a trabajar a la delincuencia organizada. Recibí entrenamiento en McAllen, Texas, mi jefe es un norteamericano que vive en Virginia. Yo era el encargado de controlar a los sicarios y los halcones”
Una chica de 16 años dice: “me detuvieron porque yo reportaba lo que sucedía en las colonias. Yo era halcón, tenía que reportar lo que pasaba en las colonias. Llamaba por teléfono y les decía si pasaba la policía o cómo estaba el movimiento”.
“Yo hacía cualquier trabajo, ya fuera robar, matar o transportar droga… cualquier cosa con tal de ganar dinero”.
El contacto con la procuración de justicia
La relación de los jóvenes con las instituciones de procuración de justicia y los funcionarios de primer contacto están distorsionadas, pues ellos también forman parte del crimen, la corrupción y abuso de poder. Uno de los hallazgos del estudio es que de los jóvenes detenidos, 14 por ciento delinquió con la participación de algún adulto integrante alguna corporación policial o miembro del Ejército.
La otra situación de contacto directo con las autoridades es el momento de la detención. Tres cuartas partes de los adolescentes reportan haber sido golpeados por la policía al momento de su detención y, en más de la mitad de los casos, no se les informara de sus derechos ni del derecho a ser asistidos por un abogado.
“Si el dato es grave en sí mismo, más grave aún nos pareció la reacción de prácticamente todos los adolescentes quienes consideraban los golpes como la conducta normal que cabría esperar por parte de la policía”, argumenta el estudio.
Los testimonios de los adolescentes respecto a su detención:
“Los militares me metieron una manguera en la boca y me echaron aceite de carro, después me llevaron a un terreno a golpearme. También cuando llegué al Ministerio Público me volvieron a golpear”.
“Nos torturaron los policías federales que nos detuvieron. Nos dieron toques, me pusieron una bolsa en la cara y me golpearon. Yo ya no escucho con un oído. Nos tuvieron todo un día golpeando en las oficinas de los federales. Me trataron como si fuera una cosa, una materia que se desecha”.
Una vez recluidos en los centros de adolescentes en conflicto con la ley, el panorama no mejora. Los entrevistados refieren que son maltratados por los custodios, que se toleran las drogas, que hay pocas oportunidades para estudiar, de esparcimiento o de ayuda para que al salir puedan retomar su vida de otra forma. Uno de los testimonios ejemplifica la situación. “Aquí adentro sólo aprendes a ser malo, algunos llegan por una tontería o una equivocación pero aquí aprenden a ser delincuentes”, dice un joven.
En el estudio se informa que las deficiencias más importantes en los centros de internamiento tienen que ver con los insuficientes programas educativos y los talleres de capacitación que se imparten. “En todos los centros, las autoridades señalaron no tener el presupuesto necesario para poder impartir los talleres que los adolescentes necesitarían para adquirir algún oficio o para producir bienes por los cuales pudieran obtener algún ingreso.
“El tedio, el hastío, el aburrimiento y el fastidio es lo que prevalece, situación que preocupa de manera muy importante ya que implica no poder cumplir con los fines legales que la institución tiene previstos. Implica, sobre todo, la pérdida de oportunidades y el uso de energías y capacidades que los adolescentes no pueden ni podrán desarrollar más adelante, con el riesgo, además, de habituarse a una vida en institución que poco o nada les ofrece para que logren reinsertarse de manera sana, productiva y responsable a la sociedad”, detalla el estudio.
Aquí, una radiografía de la situación de quienes fueron recluidos en los Centros para adolescentes en conflicto con la ley:
Casos como los de Cecilia no son únicos y peor, pueden seguir sucediendo si el Estado no implementa políticas suficientes y acordes a las necesidades de miles de niños vulnerables en medio de situaciones de violencia y pobreza, sobre todo para prevenir la formación de un caldo de cultivo que enrole a las nuevas generaciones en la delincuencia.
Azaola enumera algunas: “hacer políticas de prevención en violencia familiar, mejorar el sistema educativo para que no abandonen la escuela que es un factor que los deja mucho más expuestos; que tengan mejores oportunidades para que no se dejen atraer por los grupos de crimen organizado. Hay muchas ausencias en la familia, sociedad y el Estado que tendrían que corregirse”.
En el caso de quienes ya han delinquido y privados de la libertad necesitan tratamientos idóneos, atención especializada para poder superar estos problemas, pero “lamentablemente no se ve como una necesidad importante, prioritaria y es absolutamente fundamental. Si no se invierte en lo que ellos requieren no van a salir en las mejores condiciones sino quizás a repetir lo mismo”.
Sin embargo, también se requieren de procesos de paz, la inseguridad ha generado conflictos, confrontaciones y debilitado los lazos sociales en las comunidades, entonces ¿cómo recibirá la sociedad a Cecilia en seis años más cuando cumpla su sentencia por haber matado a un hombre? ¿Podrá encontrar empleo y ser vista como una persona que cumplió su deuda con la ley? El estudio explica que “la reconciliación en estos casos tiene que ver, sí, con la búsqueda de la justicia, pero también con el perdón”.
Así, la paz no puede lograrse en las comunidades mientras no incluya la seguridad personal y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Tampoco la reconciliación puede alcanzarse hasta que la sociedad logre alterar sus preceptos fundamentales para aceptar que todos en la comunidad política tienen el derecho de que les sea reconocida su dignidad humana y sean tratados justamente, incluyendo, desde luego, a los adolescentes en conflicto con la ley”.
